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CAUSA ABIERTA

JUSTICIA

Peritos del Banco de Seguros sobrevaluaban coches siniestrados en hasta 200%

Peritos del Banco de Seguros sobrevaluaban coches siniestrados en hasta 200%

Hay cinco detenidos y la investigación se centra ahora en talleres mecánicos involucrados en las irregularidades.

El directorio del Banco de Seguros inició una denuncia penal contra cinco peritos por sobrevaluar las tasaciones de vehículos siniestrados.

Estos sobreprecios alcanzaban entre 100% y 200% por encima del valor real. Las investigaciones comenzaron a principios de año y podría haber más implicados.

Un grupo de involucrados son propietarios de talleres mecánicos ya identificados.

Fiscal pidió prisión para Joselo López y 25 funcionarios de INAU por tortura

La fiscal Adriana Umpiérrez presentó su pedido de procesamiento para 26 de funcionarios de INAU-SIRPA por el delito de "tortura". Entre ellos está el presidente del sindicato del INAU, Joselo López, como cómplice en el delito de tortura.

En todos los casos el pedido es con prisión debido a la alarma pública que generó la difusión del video donde se ve a los funcionarios golpeando a varios adolescentes recluidos en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili) del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA). Así lo explicó Natalia Fleitas, abogada del director del Ceprili.

La representante del Ministerio Público se retiró minutos antes de las 14.00 horas del Juzgado y dijo que dará una conferencia de prensa este jueves de tarde para explicar los detalles.

Por su parte, el abogado del sindicato de INAU, Juan Raúl Williman, confirmó a Subrayado el pedido de procesamiento de la fiscal y dijo que en algunos casos es "en calidad de autor" y en otros "en calidad de cómplice" o "coautor".  

Entre los funcionarios para los que se pidió el procesamiento hay varios dirigentes sindicales, el presidente del sindicato del INAU-SIRPA, Joselo López, y el secretario general, Víctor Mango.

La defensa tiene tiempo hasta este viernes a las 15.00 horas para presentar sus descargos. Por tanto, el juez Penal de 3º Turno, Gustavo Iribarren, podrá resolver o bien este viernes o el lunes.

DELITO DE TORTURA: el artículo 22 de la ley 18.026 (Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el Genocidio, los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad) tipifica el delito de “tortura” a quien “de cualquier manera y por cualquier motivo, siendo agente del Estado o sin serlo contando con la autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado impusiere cualquier forma de tortura a una persona privada de libertad o bajo su custodia o control o a una persona que comparezca ante la autoridad en calidad de testigo, perito o similar”.

Este artículo establece un castigo de “veinte meses de prisión a ocho años de penitenciaría”, y define la tortura como:

A) Todo acto por el cual se inflija dolores o sufrimientos graves, físicos, mentales o morales.

B) El sometimiento a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

C) Todo acto tendiente a anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental aunque no cause dolor ni angustia física o cualquier acto de los previstos en el artículo 291 del Código Penal realizado con fines indagatorios, de castigo o intimidación.

D) No se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas.

JUZGADO. Desde la semana pasada el magistrado indagó a 36 funcionarios imputados en la causa penal. Este miércoles terminaron de declarar los menores involucrados en el intento de motín registrado en el Ceprili el pasado 24 de julio.

También se tomó testimomio a los responsables del monitoreo de las cámaras y a integrantes de la comisión interna del centro.

Entre los 36 funcionarios que declararon está el director de la institución y el presidente del sindicato del INAU, Joselo López. Además declararon la presidenta del Sirpa y responsable de la denuncia penal, Gabriela Fulco y la presidenta del INAU, Marisa Lidner, entre otros. 

El intendente de Salto presentará denuncia penal contra administración colorada por desviación de donación de Japón para creación de un banco de leche

El intendente de Salto presentará denuncia penal contra administración colorada por desviación de donación de Japón para creación de un banco de leche

La desviación de fondos depositados para la instalación de un banco de leche materna en Salto derivará en una denuncia penal del intendente frenteamplista Andrés Lima contra la pasada administración colorada, y determinó la suspensión de las colaboraciones de Japón para emprendimientos en Uruguay.

Lima dijo a El Observador que ya encomendó una investigación administrativa para conocer los detalles del caso y decidir si la denuncia ante la Justicia apunta solo contra el exintendente Manuel Barreiro o engloba a todo el gobierno municipal que encabezó Germán Coutinho.

La decisión del nuevo intendente tomó fuerza luego de una reunión que mantuvo el martes por la mañana con la embajadora japonesa Keiko Tanaka y con representantes del área de cooperación internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Allí, la embajadora informó que la colaboración nipona con Uruguay quedará suspendida hasta tanto no se reponga el dinero donado para la creación de un banco de leche y gastado para pagar sueldos.

Durante el encuentro, Lima pidió disculpas por los inconvenientes causados y se comprometió a que, antes de fin de mes, los US$ 60.897 "desaparecidos" durante la pasada administración colorada serán depositados en la cuenta abierta por los japoneses en el Banco República.

En la reunión, tanto la embajadora Tanata como el consejero de la embajada, Naohito Watanabe, fueron muy diplomáticos pero también muy firmes al reclamar el retorno del dinero.

La solución que mudó en problema empezó a gestarse en marzo de 2015 cuando la embajada de Japón y el por entonces intendente colorado de Salto, Manuel Barreiro –suplente de Germán Coitinho– firmaron un acuerdo por el cual la delegación extranjera aportó US$ 60.897 y el gobierno municipal se comprometió a poner en marcha un Centro de Recolección de Leche Humana en un plazo menor a un año.

Cuando el frenteamplista Lima ganó las pasadas elecciones, desde la embajada le preguntaron a las nuevas autoridades qué había pasado con el dinero.

Los jerarcas indagaron en la cuenta bancaria y la encontraron vacía. El colorado Barreiro le explicó a Lima las razones de la desaparición del dinero: lo había usado en otros asuntos.

"La gasté. Había que pagar salarios y a veces hay que tomar decisiones heroicas. Era una urgencia y después surgieron nuevas urgencias. En mi bolsillo la plata no está", dijo Barreiro el domingo 9.

Cuando Lima informó a los japoneses acerca del destino de su dinero, estos solicitaron una pronta restitución de los dólares.

En la Intendencia de Salto empezaron a temer que se estuviera gestando un incidente diplomático y, por las dudas, enteraron del asunto al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Lima había anunciado que le pediría perdón a la delegación diplomática y que buscaría una solución.

"A los japoneses les importa poco en qué se gastó la plata. Quieren que ese dinero se invierta en donde se había acordado. Nosotros pensamos hacer un fideicomiso con el Banco República para cancelar diversos pagos, y de allí sacaremos el dinero para concretar el emprendimiento", dijo Lima.

"No queremos que esta gente se lleve una mala impresión de la Intendencia de Salto. Pero, antes que nada, no queremos que se lleven una mala impresión de los uruguayos", agregó el jefe comunal salteño.

El proyecto para el que los japoneses pusieron la plata consiste en la instalación de un nuevo centro de recolección de leche materna en la ciudad de Salto y en la compra de un vehículo para trasladar la leche donada.

El objetivo del proyecto es promover la donación de leche en el departamento y contribuir así a la baja de la tasa de mortalidad de recién nacidos.

Después de la reunión del martes, Lima dijo que no quiere que la intendencia de Salto sea la responsable de que Japón "suspenda las futuras colaboraciones". Por tanto, la semana que viene depositará el dinero en la cuenta original.

Pero, además de eso, presentará la denuncia penal para que "queden bien delineadas las responsabilidades".

"Ya resolvimos iniciar una investigación administrativa para determinar contra quién o quiénes presentamos la denuncia.Objetivamente acá hubo un desvío de fondos y la Justicia debe resolver sobre la responsabilidad de los que tomaron la decisión. ", concluyó.

Folclorista admite que ofreció dinero a menor a cambio de fotos eróticas

Folclorista admite que ofreció dinero a menor a cambio de fotos eróticas

El auto de procesamiento de René De Los Santos, folclorista del dúo Cantaclaro, detalla que el acusado admitió ante la Justicia haber ofrecido dinero a una adolescente a cambio de que ésta le enviara fotos eróticas.

La menor de 14 años y el hombre tenían un vínculo desde hacía varios años debido a que la madre de ella, de iniciales L.T., había sido pareja del folclorista.

Hace dos años, el vínculo entre la chica y el hombre se había intensificado tanto así que la adolescente comenzó a ver en él una figura paterna.

En julio de este año, la chica y su madre fueron invitadas a la casa del cantante en Belén, departamento de Salto. Durante la estadía, el hombre ayudó a la menor con las tareas del liceo, le enseñó a andar a caballo, le regaló uno y las invitó a cenar afuera.

"Todo esto llevó a que la adolescente comenzase a sentir una profunda admiración por el indagado a lo que se suma que éste le prometió que le iba a regalar una computadora y que ayudaría con los gastos de su cumpleaños de 15", detalla el fallo.

Pocos días después de volver la adolescente llamó por teléfono al indagado para pedirle ayuda en una tarea liceal pero el hombre no pudo atenderla.

El 1º de agosto inician una conversación vía WhatsApp en la que la chica le pide disculpas por haberlo molestado. Durante la conversación, el folclorista se refiere a un video "en el que se lo ve manteniendo relaciones sexuales con una muchacha muy joven y que él asegura es mayor de edad".

La madre de la adolescente de 14 años y ex pareja del acusado tomó conocimiento de lo ocurrido y revisó toda la conversación que el hombre tuvo con su hija. Lo llamó de forma inmediata para insultarlo y le dijo que era un pedófilo.

Citado ante la Justicia, el hombre admitió "haberle ofrecido dinero a la adolescente a cambio de que le mandara fotos eróticas" y dijo que nunca pensó que la madre de la chica hiciera la denuncia. Además llegó a ofrecer dinero a la mujer a cambio de que retractara su denuncia.

La jueza Adriana Morosini resolvió procesarlo con prisión por "la presunta comisión de un delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo".

Además ordenó a la policía investigar la identidad y la edad de la joven que aparece en el video para corroborar los datos proporcionados por el denunciado.

Figueredo se quedó sin abogado y jueza avanza en caso Conmebol

Figueredo se quedó sin abogado y jueza avanza en caso Conmebol

El abogado penalista Gustavo Bordes presentó ayer su renuncia a la defensa del expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y exvicepresidente de la FIFA, Eugenio Figueredo, quien se encuentra preso en Suiza desde fines de mayo y que en Uruguay está siendo indagado judicialmente por presuntas maniobras de corrupción vinculadas a contratos de televisación de partidos denunciadas a fines de 2013 por la Mutual de Futbolistas.

Bordes renunció a la defensa de Figueredo ante la jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos debido a serias diferencias con su cliente y su familia en cuanto a la estrategia jurídica a seguir en el caso, dijeron fuentes judiciales.

Consultado por El Observador, el abogado confirmó que abandonó la defensa del exdirigente —que entre 1993 y 2003 fue vicepresidente y presidente de la Conmebol— pero se excusó de brindar detalles al respecto.
En Suiza y embargado

Figueredo está en prisión desde el pasado 27 de mayo en Zurich, Suiza, junto a otros altos dirigentes de la FIFA que fueron acusados de corrupción, fraude y lavado de dinero. La acusación se originó en una investigación en curso en Estados Unidos, país al que el exdirigente uruguayo se negó a ser extraditado en forma voluntaria y optó por esperar el juicio de extradición que está en proceso. En Uruguay, la denuncia presentada por la Mutual de Futbolistas estuvo paralizada durante varios meses debido a que Figueredo, asesorado por Bordes, planteó en su momento que como la Conmebol tiene su sede en Asunción la investigación debía realizarse por un juzgado de Paraguay. Sin embargo en junio, el Tribunal de Apelaciones Penal de 3º Turno desestimó el planteo de Figueredo y habilitó a la jueza de los Santos a realizar la investigación. La Mutual de Futbolistas denunció que por los derechos televisivos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, la Conmebol aceptó la oferta más baja entre las dos presentadas, "por lo que desde el año 2011 al año 2014 la Confederación, las federaciones, los clubes y los jugadores se habrán visto privados de esa gran diferencia que alcanza los U$S 68 millones".

La jueza de los Santos, a pedido del fiscal Juan Gómez, embargó nueve propiedades en Uruguay (cuatro en Punta del Este y cinco en Montevideo) que están a nombre de Figueredo, el de su esposa o sociedades anónimas que controlan. El valor total de los inmuebles alcanzados por esa medida cautelar supera los US$ 5 millones.
27 citaciones

El jueves, a partir de la hora 13.30, la jueza de los Santos y el fiscal Gómez comenzarán a interrogar a una nómina de 27 testigos. Las audiencias fijadas terminan el 24 de setiembre, según el calendario de citaciones al que tuvo acceso ayer El Observador.

El primer día, es decir el próximo jueves, deberán declarar los presidentes de Peñarol y Nacional, Juan Pedro Damiani y Eduardo Ache. Para los días siguientes fueron citados los titulares de otros clubes y jerarcas y exdirectivos de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), entre ellos, el expresidente de esa entidad, Sebastián Bauzá.

En tanto, y de acuerdo con el cronograma de audiencias establecido por la jueza de los Santos, el empresario Francisco Casal, dueño de la empresa Tenfield y la firma Global Sports, deberá declarar en el juzgado el próximo 22 de setiembre a la hora 13.30. Casal es el antepenúltimo testigo citado para brindar declaración ante la magistrada y el fiscal.
Orden de detención contra el dueño de la emrpesa Traffic

La jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos libró una orden de captura a nivel nacional respecto al empresario brasileño José Hawilla, dueño de la empresa de marketing deportivo Traffic, según informaron a El Observador fuentes judiciales. La intención de la magistrada es que si Hawilla pisa territorio uruguayo quede detenido para ser conducido a declarar.

Entre los empresarios extranjeros que serán citados a declarar por la jueza de los Santos se encuentran, además de Hawilla, Alejandro Burzaco (exdirector ejecutivo de Torneos y Competencias), Hugo y Mariano Jinkis (propietarios de Full Play Group SA) y el abogado argentino Fabián Rinaldi (presidente de Full Play en Uruguay), según informó semanas atrás la revista Caras y Caretas.

Debate por divulgación de identidad del folclorista preso por abusar de una menor

Debate por divulgación de identidad del folclorista preso por abusar de una menor

El procesamiento con prisión del folclorista René De los Santos por la comisión de un delito de "retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo", levantó polvareda en las redes sociales y en los medios de comunicación.

El jueves pasado la jueza penal de Maldonado, Adriana Morosini, dispuso su detención y traslado desde Salto a la ciudad de Maldonado donde fue interrogado. Finalmente, fue remitido a la cárcel de Las Rosas.

Desde que el caso tomó estado público, el sábado 15, los distintos medios del país evitaron dar a conocer su nombre por ser primario absoluto, de acuerdo a la información que se manejaba.

No obstante, publicaron datos que permitían su identificación de manera indirecta. Se dijo que era un "reconocido folclorista" de 50 años, que integra un dúo, que reside en Salto y que nació en Tacuarembó. Algunos, agregaron su condición de humorista y hasta el nombre de su último trabajo.

Mientras tanto, en las redes sociales la identidad del procesado se daba a conocer abiertamente y se criticaba a los medios por no proporcionarla.

El vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, dijo ayer a El País que "procesar significa iniciar un juicio penal a una persona porque se sospecha que es responsable de determinado delito" y que "durante el tracto del juicio se debe mantener el principio de inocencia".

"¿Qué pasa si a esa persona que se procesa es absuelta? ¿Cómo hacemos luego para restituirle el honor quebrantado?", se preguntó.

Empero, Oxandabarat admitió que "una muy pequeña fracción de las veces en que enjuiciamos a alguien terminamos absolviéndolo, la mayor parte de las veces se lo condena". "Prácticamente, procesar es sinónimo de condenar pero hay un proceso en el medio", dijo.

A esto se agrega que la condición de persona pública del procesado lo pone en una situación peculiar con respecto a la divulgación de sus datos.

"Si la persona se ha sometido públicamente por voluntad propia, por su trabajo o función por ejemplo, no rigen las mismas reglas de reserva que con el ciudadano común", dijo Oxandabarat.

"Un caso clásico es el del político que choca en la esquina en estado de ebriedad. Si es un político de carrera que además se pronunció en contra de beber antes de conducir, no tiene la misma protección de sus datos personales", explicó.

"Yo soy vocero de la Suprema Corte, pero si fuera asesor de un medio, en este caso, con los cuidados pertinentes, creo que es posible mencionar el nombre, en vez de estar dando todas esas vueltas que no tienen sentido, como decir si publicó tal disco o si hizo esto o aquello", afirmó.

Cuando la Suprema Corte de Justicia publica los fallos de los jueces, en sus distintos niveles, tacha los nombres de los involucrados y "toda información sensible" de los mismos..

Oxandabarat explicó que el organismo da a conocer las decisiones de esa forma dado que hay una "acordada" al respecto y que la Corte es regulada por un marco legal especial por ser un poder del Estado.
Ética.

Por su parte, el abogado Diego Camaño del Instituto de Estudios Legales del Sur (Ielsur), estimó que cuando se trata de figuras públicas "cualquier limitación puede transformarse en una limitación a la libertad de expresión".

El experto señaló que si hubiera algún tipo de conflicto "debería primar la libertad de expresión como sucede en tantos casos de personas públicas que son primarias".

Por otro lado, Camaño resaltó que la divulgación de este tipo de casos "ayuda a la prevención porque hay una sensibilidad pública especial".

Camaño aclaró que, por ser muy reciente, Ielsur todavía no realizó un análisis del caso que involucra a De los Santos.






Absuelven a una joven mujer que mató en legítima defensa a su pareja en la Unión y estuvo presa 22 meses

Absuelven a una joven mujer que mató en legítima defensa a su pareja en la Unión y estuvo presa 22 meses

Una mujer de 24 años fue absuelta por la Justicia luego estar casi dos años en prisión por haber matado a su pareja que habitualmente la golpeaba

Tras permanecer en prisión durante 22 meses, una mujer de 24 años que mató a su pareja fue absuelta por la Justicia. La fiscal Stella Llorente dejó sin efecto la imputación inicial de homicidio y concluyó que el caso encuadra en la figura de la legítima defensa, dado que el fallecido era agresivo y habitualmente la golpeaba y por esa razón el juez Gustavo Iribarren cerró el caso y ordenó su excarcelación.

En la madrugada del 10 de setiembre de 2013 el hombre llegó a su casa del barrio La Unión borracho, como tantas otras noches. Disconforme con la "mugre" de comida que había preparado su pareja, la llamó a los gritos. Ella, con miedo a que él la golpeara, se quedó en el dormitorio.

La mujer, que otras veces había sido víctima de violencia doméstica, temió por su vida y agarró el revólver calibre 38 que su compañero guardaba en la mesa de luz. La pareja mantenía un vínculo de por sí complicado, ya que se habían conocido cuando él —que la obligaba a prostituirse—comenzó a venderle pasta base, droga a la que ella era adicta desde hacía varios años.

La mujer esperó en el cuarto. Cuando el hombre entró insultándola intentó asustarlo con el revólver. No tuvo éxito y forcejearon. El arma se disparó. Él cayó fulminado por un tiro en el pecho y ella fue a la cárcel por el delito de homicidio culpable por decisión del juez Gabriel Ohanian y a pedido de la fiscal Diana Salvo.
Agresión ilegítima

Con la mujer en prisión, su abogado defensor, Nicolás Pereyra, centró su estrategia en probar que su clienta cometió un acto de legítima defensa, figura prevista en el artículo 26 del Código Penal.

En base a diversas pruebas aportadas por la defensa durante el juicio, la fiscal Stella Llorente compartió el criterio del abogado y solicitó el sobreseimiento de la imputada y eso fue lo que dispuso el 5 de agosto el juez Gustavo Iribarren, quien actualmente tenía a su cargo el expediente.

En su dictamen, al que accedió El Observador, la fiscal concluyó que "sin lugar a dudas" la mujer "estaba siendo objeto de una agresión ilegítima, ante la cual sintió temor por su vida e integridad física, ya que no era la primera vez que era agredida por su concubino, según resultó probado, no solo con su declaración sino también con la de varios testigos".

"Si se tiene en cuenta la situación en la que se encontraba la encausada, merced a una persona alcoholizada pero enfurecida y con una fuerza mayor a la suya, con una gran diferencia de físicos ya que el fallecido era una persona grande, el uso del arma era la única salida que tenía a mano y que podía hacer desistir a su agresor", explica Llorente.

La fiscal cita la declaración de la mujer que contó agresiones anteriores: "Me asfixiaba, me pegaba en las costillas, me pegaba palazos. Una vez me pegó un palazo en la cabeza y fui al Hospital Pasteur y cuando me preguntaron qué me había pasado dije que era por una riña callejera".

Pereyra, el abogado de la mujer, dijo a El Observador que su representada "sufrió mucho" los 22 meses que estuvo en prisión "sabiendo que en realidad era la víctima de todo esto".


Demanda por US$ 66.900 al Poder Judicial

La mujer de 24 años que estuvo presa 22 meses acusada por el homicidio de su pareja y que fue liberada recién cuando la Justicia entendió que el caso encuadraba en la figura de la legítima defensa, demandó al Poder Judicial por US$ 66.900, informó su abogado, Nicolás Pereyra. El abogado, que subrayó la relevancia de la absolución de su clienta, dijo que casos de este tipo son producto del anacrónico sistema penal que regirá hasta febrero de 2017.

Fiscal analiza si pide el procesamiento de Amodio Pérez por torturas y abusos de ex presas políticas

Fiscal analiza si pide el procesamiento de Amodio Pérez por torturas y abusos de ex presas políticas

La jueza Julia Staricco decidió este lunes pasar en vista a la fiscal Stella Llorente el expediente por torturas y abusos iniciado tras la denuncia presentada en 2011 por un grupo de ex presas políticas que implica al extupamaro Héctor Amodio Pérez, quien la semana pasada declaró como indagado y fue sometido a careos con exintegrantes del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y también con militares.

Este lunes declaró como testigo la ex presa política Alba Antúnez que, a su vez, hace 10 días presentó una denuncia contra Amodio Pérez ante la jueza María Elena Mainard, caso por el que todavía no se realizaron citaciones.

Aunque todavía falta que declaren testigos —el extupamaro Mario Píriz Budes, que al igual que Amodio Pérez es señalado de "traidor" por el MLN, debía presentarse este lunes ante la jueza Staricco pero no pudo viajar desde Rivera por razones de salud— la magistrada decidió pasar el expediente en vista a la fiscal Llorente para que se pronuncie, informaron fuentes del caso consultadas por El Observador.

Si la representante del Ministerio Público pide el procesamiento de Amodio Pérez -que hace 10 días volvió a Uruguay luego de 42 años viviendo en España para presentar un libro en el que cuenta su verdad sobre el MLN- la jueza primero deberá resolver sobre el pedido de prescripción y cierre del caso que fue planteada la semana pasada por el abogado del extupamaro, Andrés Ojeda.

En los últimos días varios exintegrantes del MLN (entre ellos el expresidente José Mujica) declararon ante la jueza Staricco y la fiscal Llorente, ratificando que Amodio Pérez colaboró con las fuerzas militares señalando integrantes del grupo y facilitando, de esa forma, detenciones.

Acusan a la Corte de Justicia de Uruguay de bloquear la participación ciudadana en procesos judiciales de interés público

Acusan a la Corte de Justicia de Uruguay de bloquear la participación ciudadana en procesos judiciales de interés público

La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), se expresaron en torno a la resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que desestimó la solicitud de las organizaciones para expedir una opinión sobre las causas en el marco de los procesos de inconstitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se encuentra a estudio de la Corte.

El recurso conocido como Amicus Curiae, permite a terceros ajenos a un proceso judicial expedirse sobre algún punto de derecho para colaborar en la materia de objeto del proceso.

Según el comunicado enviado por CAinfo, APU e Ielsur, la petición realizada "pretendió que el máximo órgano judicial del país admitiera el instituto del Amicus Curiae de larga tradición y aceptación en la región y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y reconociera de esta manera que el derecho a la participación ciudadana, en tanto derecho fundamental, se afirma ante todos los poderes del Estado y resulta crucial en aquellos asuntos en los cuales se discute aspectos centrales para la democracia como son en este caso los alcances de la libertad de expresión y la libertad de información".

El martes 11 de agosto, la SCJ desestimó su procedencia "argumentando la especialidad del proceso de inconstitucionalidad de las leyes y la falta de previsión expresa de disposiciones que regulen la intervención de terceros en este tipo de juicios cuando tienen lugar por vía de acción".

"Por lo expuesto, las organizaciones firmantes lamentan la decisión del máximo órgano judicial y entienden que la misma restringe la posibilidad de participación ciudadana y desconoce el papel de las organizaciones de derechos humanos como actores relevantes en una democracia", sentenciaron.

Las organizaciones explican que el Amicus Curiae no produce ningún perjuicio a las partes ni retrasa ni entorpece la secuela regular de los procesos. Por el contrario, enriquecen el arsenal de argumentos y justificaciones de las determinaciones de la Justicia.

Actualmente, la SCJ analiza 19 recursos presentados por los tres canales privados de Montevideo (4,10 y 12), los canales de cable de la capital, varias radios y canales de televisión del interior, DirecTV y el Partido Independiente.

A la espera del fallo, el Gobierno decidió atrasar el apagón analógio previsto para el 21 de noviembre de acuerdo al esquema establecido durante el gobierno de José Mujica.
UyPress

Caso Amodio: declara ante la jueza el "otro traidor" de los tupamaros

Caso Amodio: declara ante la jueza el "otro traidor" de los tupamaros

Este lunes declarará ante la jueza Julia Staricco el otro tupamaro declarado traidor por la organización y al que Héctor Amodio Pérez responsabiliza de la caída de la guerrilla en 1972.

Se trata de Mario Píriz Budes, conocido en el MLN como “Tino”, quien actualmente reside en Rivera. Si bien los tupamaros coinciden en que Píriz Budes fue delator, nunca fue condenado a muerte como sí lo fue Amodio.

Declarará en la causa de las 28 militantes tupamaras que denunciaron abusos y tortura por parte de las Fuerzas Conjuntas, por la que también fueron citados los exguerrilleros Amodio Pérez y Julio Marenales, y los exmilitares Mario Aguerrondo y Armando Méndez, entre muchos otros.

La indagatoria por estos casos de violación a los derechos humanos se ha focalizado, en gran medida, en el testimonio de Amodio Pérez quien se fue del país en octubre de 1973 junto a Alicia Rey Morales, otra militante tupamara, ambos con identidad falsa.

“Tino” Píriz Budes fue colaborador directo de Raúl Sendic en la Columna del Interior y luego ocupó cargos directivos al máximo nivel. De acuerdo a varias fuentes fue quien decidió la ejecución del peón Pascasio Báez, uno de los asesinatos más cruentos del Movimiento de Liberación Nacional. La concreción del hecho fue adjudicada a Ismael Bassini y a Henry Engler, entonces estudiantes de medicina y dirigentes de la guerrilla.

Las acusaciones de Amodio contra Píriz Budes volvieron a ponerlo en primera plana luego de años de silencio. Para Amodio, ya trabajaba para inteligencia policial desde 1967, un año antes de su ingreso al MLN.

Píriz Budes dejó Uruguay antes que el propio Amodio, se radicó en Paraguay y volvió en 1993 para radicarse en Rivera. Allí ejercició el periodismo y fue asesor del exintendente colorado Tabré Viera, aunque él no se define como colorado: "soy un socialista sin apellido", comentó en una de las pocas entrevistas que ha concedido.

Según el libro “Alto el fuego” de Nelson Caula y Alberto Silva, “Tino” trabajó para la dictadura de Stroessner infiltrándose en organizaciones opositoras.

La denuncia de Amodio señala que Píriz Budes fue el verdadero delator de la organización. Los militares Armando Méndez y Carlos Calcagno -según su relato- le mostraron una carpeta en la que suexcompañero había dado información clave sobre cada dirigente, sobre locales clandestinos y sobre la organización del Movimiento de Liberación Nacional.

Según Amodio, Méndez le propuso “ordenar los papeles”, pero la suerte de la guerrilla ya estaba echada.

A partir esta situación, Amodio sostiene que empezó a planear una salida para él y para su pareja, Alicia Rey Morales, quien estaba presa en otro establecimiento.

La negociación de Amodio fue apoyada por Calcagno (con quien tenía un lejano parentesco), Nino Gavazzo (quien era conocido desde la infancia) y por el propio Méndez, quien entonces era un joven teniente de 22 años. A través de ellos, Amodio y su mujer consiguieron la documentación falsa y 500 dólares incautados a otros tupamaros en el Batallón Florida.

Según “Alto el fuego”, Amodio recibió 80.000 dólares por su trabajo. Sin embargo, él confiesa en “Palabra de Amodio” que se va del país con una billetera de dólares falsos entregada por su padre a través de Marcos, un tío residente en España.

Marcos integraba una banda de delincuentes en Madrid y queria aprovechar el expertise de Amodio en materia de falsificación de dinero y documentos.

Los primeros años de Amodio en ese país estuvieron dedicados a trabajar para ese familiar, hasta que por una gestión de Alicia Rey Morales consiguió trabajo en una editorial. En Uruguay había sido obrero gráfico.

FOTO. Principales tupamaros dan una conferencia de prensa en Conventuales recién salidos de la cárcel en 1985. El regreso de Amodio volvió a agitar los fantasmas de la caída del movimiento guerrillero, las torturas  y la cárcel. (RTVE)

Reconocido folklorista a prisión en Maldonado por enviar pornografía a una menor

Reconocido folklorista a prisión en Maldonado por enviar pornografía a una menor

Un reconocido folklorista uruguayo, de iniciales R.D.L.S.M. y 50 años, fue enviado a prisión por enviar material de contenido erótico a la hija de su expareja de 14 años.

El hombre enviaba videos de contenido sexual a la menor, amenazándola para que esta no lo denunciara. El 7 de agosto la madre de la niña, que descubrió el hecho, denunció al hombre en la Jefatura departamental.

De acuerdo a lo informado por la Policía, el denunciado conocía de larga data a la madre de la víctima, habían sido novios y esta lo había visitado hacía poco tiempo en Salto.

Se pudo comprobar, además, que el denunciado le prometió dinero y una computadora a la menor y que realizó envíos de dinero en varias oportunidades.

Según informa FM Gente, el hombre llegó a enviarle videos manteniendo relaciones sexuales con la que sería otra menor de 15 años.

La Justicia procesó al folklorista por la comisión de un “delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo”.

Joven de 20 años detenido como sospechoso de violar a una mujer de 73 en Malvín Norte

Joven de 20 años detenido como sospechoso de violar a una mujer de 73 en Malvín Norte

La Policía detuvo a un joven de 20 años sospechoso de haber violado a la madre de una policía en Malvín Norte.

El ataque sexual fue el 2 de agosto en una vivienda de Mataojo y avenida Italia. Ese día, una mujer de 73 años fue violada por un desconocido que saltó la reja de su vivienda y la empujó hacia un pasillo donde cometió el abuso para luego huir.

La víctima es la madre de una mujer policía, que en su momento denunció públicamente el caso.

Este mediodía, la funcionaria de Caminera vio al sospechoso del ataque sexual en la calle y llamó al 911. Detectives de la segunda zona operacional detuvieron al joven en avenida Italia y Solferino: se trata de un joven de 20 años que es cuidacoches de la zona.

Al momento permanece detenido en la seccional 11 a la espera de una indagatoria judicial con posterior cotejo de ADN.

Crimen de Eugenio Berríos en Uruguay: fiscal militar chileno se entregó para cumplir condena

Crimen de Eugenio Berríos en Uruguay: fiscal militar chileno se entregó para cumplir condena

El ex fiscal militar, Fernando Torres Silva, se entregó esta madrugada para cumplir la condena recibida por su participación en el crimen de Eugenio Berríos, ex químico de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) ocurrido en 1991.

Acompañado de su escolta, el denominado "fiscal favorito de Augusto Pinochet" arribó pasadas las 01:00 horas a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI.

Torres Silva fue sentenciado a diez años de cárcel sin beneficios por el delito de asociación ilícita, secuestro y homicidio de Berríos.

Por ello, a primera hora de este viernes el ex auditor de la institución fue trasladado al penal Punta Peuco en Til-Til, donde permanecerá recluido.

Junto a él se entregaron los condenados Pablo Rodríguez Márquez, Raúl Lillo, Nelson Román y los uruguayos Tomás Casella y Weillington Sarli.

Al momento del ingreso de Torres Silva, Arturo Silva Valdés y Manuel Provis Carrasco no se habían presentado.
Fuente Emol

Encarcelan a padrastro que violaba a una adolescente de 13 años en Progreso

Encarcelan a padrastro que violaba a una adolescente de 13 años en Progreso

Un joven de iniciales F.C.P de 27 años fue procesado con prisión por reiterados delitos de violación contra una adolescente de 13.

Según informó Jefatura de Canelones, la menor venía siendo abusada sexualmente por parte de su padrastro desde tiempo atrás en la zona de Progreso.

El joven fue detenido y conducido a declarar ante el Juzgado de 2º Turno de Ciudad de la Costa donde se constató que poseía un antecedentes por Ley de Faltas.

En tanto en Santa Lucía, la Policía capturó a otro individuo que intentó violar a una adolescente de 17 años. La chica perdió su celular en la calle y el sujeto de 26 años que pasaba en una bicicleta por el lugar se ofreció a ayudarla.

Según La República, poco después la amenazó y la obligó a ir a un parque donde intentó abusar sexualmente de ella. La golpeó pero la chica se resistió pidiendo auxilio tras lo cual el agresor decidió darse a la fuga.

Fue detenido por la Justicia y enviado a prisión por “violación en grado de tentativa con un delito de lesiones personales”.

Se llevaron 400 mil pesos de los jubilados de un Abitab de Malvín

Se llevaron 400 mil pesos de los jubilados de un Abitab de Malvín

El atraco se produjo cuando un empleado del local de pagos ubicado en Avenida Italia y Atlántico salía del sector cajas, momento en que fue sorprendido por un delincuente que vestía uniforme de una empresa de seguridad.

El aparente guardia hacía la cola en una de las cajas como un cliente más cuando, próximo a las cuatro de la tarde, tomó de rehén al empleado, lo encañonó con un arma de fuego e ingresó a las oficinas exigiendo el dinero de las cajas.

Mientras tanto, otro delincuente que vestía de particular robó a varios clientes.

Quien tenía uniforme de seguridad se robó $ 400.000 y U$S 2.000 dólares destinados al pago de jubilaciones, según informó la Jefatura de Montevideo.

En la huida dejaron abandonada una moto Yumbo frente al estacionamiento de un edificio de la zona. El vehículo fue analizado por Policía Científica en busca de evidencias. También existe video de seguridad, pero al momento no hay identificados.

Justicia de Chile condena a 3 militares uruguayos y 11 chilenos por muerte de químico Eugenio Berríos

Justicia de Chile condena a 3 militares uruguayos y 11 chilenos por muerte de químico Eugenio Berríos

La Corte Suprema de Chile confirmó este martes las condenas a entre 5 y 20 años de prisión para tres militares en retiro uruguayos y 11 chilenos por el secuestro y asesinato del químico Eugenio Berríos, agente de la dictadura de Augusto Pinochet.

"La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los delitos de secuestro, homicidio y asociación ilícita en la muerte del exquímico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Eugenio Berríos Sagredo, ocurridos a partir de octubre de 1991 en Chile y Uruguay", dijo un comunicado del Poder Judicial chileno.

El militar en retiro uruguayo Tomás Casella Santos fue condenado a 15 años como autor del secuestro del químico Berríos, agente de la temida policía política de la dictadura de Pinochet, la DINA, encontrado muerto en una playa cercana a Montevideo en 1995, y de integrar una asociación ilícita concertada para ejecutar el crimen.

El exmilitar uruguayos Eduardo Radaelli recibió en tanto una condena de 10 años por secuestros y 800 días por la asociación ilícita, mientras que Wellington Sarli fue condenado a cinco años como cómplice de secuestros.

Otros 11 militares chilenos fueron condenados a penas de entre 10 y cinco años como autores o cómplices del secuestro y homicidio.

Berríos es responsabilizado de la fabricación en Chile del denominado gas sarín, veneno utilizado presumiblemente contra los opositores del régimen.

Tras la caída de Pinochet, en 1990, Berríos huyó a Uruguay, donde fue asesinado y su cadáver apareció en 1995 en la playa del balneario El Pinar de ese país.

Los oficiales uruguayos llegaron a Chile en abril de 2006, luego de ser extraditados.
AFP

Banco Central multó al presidente de la Bolsa de Valores por falta de controles antilavado

Banco Central multó al presidente de la Bolsa de Valores por falta de controles antilavado

El Banco Central del Uruguay (BCU) le aplicó una multa de unos US$ 33 mil a Renmax Corredor de Bolsa por realizar operaciones ajenas a su unidad de negocio e incumplir con normas vinculadas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El directorio de dicha empresa está integrado por el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), Pablo Sitjar, y Gabriel Mamán.

Según la comunicación número 2015/144 que divulgó la autoridad monetaria, se resolvió "sancionar a Renmax Corredor de Bolsa SA con una multa de UI 300.000 (unos US$ 33.038) por la realización de operaciones ajenas al giro y las deficiencias e incumplimientos constatados en relación a las normas relativas a la prevención del uso de los intermediarios de valores para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo".

Fuentes financieras informaron ayer El Observador que Renmax tiene previsto "cumplir" con la sanción impuesta por el BCU. Explicaron que esto surgió como consecuencia de un procedimiento de contralor que realizó la autoridad monetaria el año pasado que detectó fallas de procedimientos y "algunas carpetas" de la empresa que dirige Sitjar con "información incompleta", hecho que la autoridad monetaria consideró incumplía con las normas antilavado que rigen para el sistema financiero uruguayo.

Por otro lado, se detectaron transferencias que el BCU considera que una sociedad de bolsa no podía realizar. A nivel corporativo, Renmax actúa como asesor financiero y brinda servicios de coberturas de riesgo, estructuración de alternativas de financiamiento y emisiones públicas de valores privados, según información de su sitio web. Sitjar –que anteriormente ocupaba la vicepresidencia de la BVM– asumió como titular de la entidad en agosto de 2013, luego de la renuncia de Pablo Montaldo.

Reportes sospechosas
Durante el año pasado la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU) recibió 286 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos, apenas un 4% más que en 2013. Del total, 174 reportes fueron realizados por bancos, con un crecimiento de 14% respecto a 2013. Le siguieron las empresas de servicios financieros que presentaron 39 reportes, 22% menos en la comparación interanual.

Un tercer escalón lo ocuparon las casas financieras y las intermediarias de valores con 12 reportes cada una. En el primero caso se dio una suba de 9% pero en el segundo se registró una caída de 25% en el número de reportes. En el caso de los asesores de inversión la cantidad fue de tres ROS, igual cifra a la registrada en 2013.

Por su parte en el sector no financiero se recibieron tan solo ocho reportes de casinos, dos de escribanos, uno de inmobiliaria, tres de administradores de sociedades y una de un vendedor de metales preciosos. El año pasado se puso en conocimiento de la justicia penal la información relacionada con siete casos, a efectos de continuar las investigaciones que contenían la información proporcionada en 11 reportes de operaciones sospechosas presentados por parte de los sujetos obligados.

Intervención
El pasado 15 de julio, el BCU resolvió "intervenir preventivamente con suspensión de actividades y sustitución total de autoridades a Interbaltic Sociedad de Bolsa SA". Asimismo, designó como interventor de dicha empresa a la Bolsa de Valores de Montevideo.

Después de 43 años, careo entre Amodio Pérez y los militares retirados que lo señalaron como colaborador de la dictadura

Después de 43 años, careo entre Amodio Pérez y los militares retirados que lo señalaron como colaborador de la dictadura

Amodio Pérez, el extupamaro acusado de traicionar a sus compañeros, y los militares retirados Orosmán Pereira y Asensio Lucero, que lo señalaron como colaborador de la dictadura, volverán a verse las caras después de 43 años. El careo entre los tres indagados será hoy a la hora 13, en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez.

Pereyra declaró en su momento ante la jueza Julia Staricco que Amodio Pérez era tratado "con especial preferencia" mientras estuvo detenido en el Batallón Florida, en 1972, y que "salía en operativos a 'marcar'" tupamaros.

Lucero, que estuvo a cargo de la custodia de Amodio Pérez en el Batallón de Caballería 9 antes de que se fuera de Uruguay, también declaró que el extupamaro colaboró con la dictadura. Amodio Pérez reconoció ayer en el juzgado que fue colaborador de los militares, que lo hizo para evitar que lo torturaran, pero negó haber marcado a compañeros.

"Hay contradicciones entre las personas que nombraron a Amodio Pérez y lo que él sostiene", dijo anoche la fiscal Stella Llorente a la prensa. Por esta razón, solicitó el careo entre el colaborador y los militares que se realizará hoy.

Amodio Pérez llegó el viernes a Montevideo desde España para presentar el libro Palabra de Amodio en el hotel Radisson, pero debió suspender su vuelo de regreso porque quedó detenido en la mañana del sábado y desde entonces ha protagonizado un tour judicial.
Periplo judicial

El extupamaro declaró en tres causas diferentes en las últimas 48 horas. La jueza Marcela Vargas, de Ciudad de la Costa, le tomó declaración el sábado por haber ingresado a Uruguay con un pasaporte a nombre de Walter Salvador Correa Barboza.

Amodio Pérez declaró que esa fue la identidad que le dieron los militares para salir del país y que con ella ha vivido en España casi medio siglo. La jueza archivó la causa pero, a pedido de la directora de Migraciones, que depende del Ministerio del Interior, retuvo su pasaporte y ordenó que tramite uno nuevo con su verdadero nombre.

Amodio Pérez pasó la noche del sábado detenido en la Dirección General de Información e Inteligencia y en la mañana de ayer fue conducido al juzgado para declarar ante la jueza María Helena Mainard y el fiscal Ariel Cancela por dos denuncias presentadas el viernes, horas después que el extupamaro regresó a Uruguay. Estas denuncias de última hora generaron la apertura de la segunda causa.

Una de las denuncias fue presentada por una exmilitante tupamara detenida en 1972 y la otra por el director de la revista Caras y Caretas, Alberto Grille, quien expresó en el escrito judicial que Amodio Pérez "participó activamente (...) en sesiones de torturas, participó en detenciones de guerrilleros y contribuyó en sus interrogatorios".

Amodio Pérez declaró en la tarde de ayer durante dos horas y media por esta causa. Luego, a pedido del fiscal, la jueza dispuso el cierre de fronteras para el indagado y la citación de unas 20 personas. El ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, excabecilla tupamaro, está citado a declarar como testigo. La jueza también citó a la cúpula del MLN, a otros presos políticos y a militares retirados.

Luego de declarar en el juzgado de la calle Bartolomé Mitre, Amodio Pérez fue conducido por la Policía en un auto con vidrios polarizados hacia el juzgado de Juan Carlos Gómez, donde declaró por la tercera causa. Este expediente se inició en 2011, cuando 28 expresas políticas denunciaron haber sido víctimas de torturas y delitos sexuales. Las denunciantes declararon que Amodio Pérez aportó información que permitió a los militares consumar los delitos. Por esa causa, declaró ayer ante la jueza Staricco y la fiscal Stella Llorente.

Al finalizar la audiencia, la jueza Staricco dispuso, además del careo con los militares, el cierre de fronteras para el extupamaro y la citación de Fernández Huidobro y la cúpula del MLN. En ambas causas, Amodio Pérez quedó en libertad pero emplazado, a disposición de la Justicia.

El abogado Miguel Migliónico, que junto al exjuez Federico Álvarez Petraglia representa a las 28 mujeres que denunciaron violaciones, pidió citar como testigos a algunos líderes del MLN: Fernández Huidobro, Julio Marenales, Mauricio Rosencoff, Henry Engler y Jorge Zabalza. Los citados deberán declarar entre hoy o mañana, informaron fuentes del caso a El Observador.

Fernández Huidobro, que estuvo preso con Amodio Pérez en el Batallón Florida, será citado en las dos causas pero tiene la potestad de declarar por escrito por ser ministro de Estado. "No se va a animar a venir", dijo en la tardecita de ayer Amodio Pérez en el juzgado.

Por su parte, Marenales asegura que "el traidor" iba uniformado en la patrulla de militares y lo señaló en la calle cuando lo detuvieron.

El expresidente José Mujica, otro de los líderes tupamaros, no será citado a declarar porque no fue nombrado en esta causa.
La intención de colaborar
Amodio Pérez no tenía claro donde iba a dormir anoche, pero al menos se salvó de otra madrugada detenido. "Se mostró colaborativo y declaró en todo momento que su interés era dilucidar el tema", aseguró anoche la fiscal Llorente.

El extupamaro no es el único que se juega el futuro en el juzgado por estas horas. El careo de hoy puede ser una prueba determinante porque el fiscal Carlos Negro pidió el año pasado el procesamiento con prisión por torturas de Lucero, uno de los militares que estará hoy frente a frente con Amodio Pérez. La jueza Staricco aún no ha resuelto si procesa o no al exmilitar.

Dos menores internados en el INAU por crimen del policía en Santa Catalina

Dos menores internados en el INAU por crimen del policía en Santa Catalina

El juez de Adolescentes de 1º Turno, Allen Denby, resolvió iniciar proceso infraccional a dos jóvenes por el homicidio del sargento 1º Marcos Melo de 45 años asesinado este viernes de varios disparos cuando llegaba a su casa en el barrio Santa Catalina.

Al adolescente, de iniciales M.E.O.C., de 17 años le fue iniciado un proceso por homicidio muy especialmente agravado en calidad de autor. Al tiempo que C.M.P.B., también de 17, se le inició proceso por homicidio muy especialmente agravado en calidad de coautor.

En ambos casos, como medida cautelar se dispuso su internación en dependencias del INAU.

Este sábado los restos del uniformado, que era padre de tres hijos, fueron sepultados en el Cementerio del Buceo.

Como maleta de loco: Amodio Pérez declaró por dos nuevas denuncias y pasó al otro juzgado

Como maleta de loco: Amodio Pérez declaró por dos nuevas denuncias y pasó al otro juzgado

El extupamaro "traidor" ya declaró en dos juzgados y otras dos sedes penales lo están esperando.

En las últimas horas se presentaron dos nuevas denuncias contra el extupamaro Amodio Pérez, que está en Uruguay desde el viernes. Desde este mediodía y hasta casi las 16.30, declaró en el juzgado penal de 14º turno, ante la jueza María Elena Mainard. Ambas denuncias son por temas vinculados a la violación de derechos humanos durante la dictadura militar, según pudo saber Subrayado.

Una de las denuncias fue presentada por una persona vinculada a la defensa de los derechos humanos. Es por la presunta acción coordinada de Amodio Pérez con los militares durante la dictadura y da cuenta de fechas y lugares concretos en que se vio al extupamaro vestido con uniforme militar e interrogando a detenidos. Entre los testigos nombrados en esta acción está el ministro de Defensa Nacional y extupamaro, Eleuterio Fernández Huidobro. Será citado a declarar en las próximas horas.

Además, en este caso fueron nombrados cuatro policías y militares que habrían trabajado en coordinación con el extupamaro.

La otra denuncia fue presentada por un grupo de personas también relacionada a temas de derechos humanos y se realizó cuando supieron que Amodio había ingresado al país. No se saben detalles de esta causa.

DENUNCIA POR CASO DE 28 EX PRESAS POLÍTICAS. Tras prestar declaración en el juzgado penal de 14º turno, Amodio Pérez se trasladó para declarar ante la jueza Julia Staricco, por haber sido nombrado como colaborador de los militares en la detención, tortura y delitos sexuales contra 28 presas políticas durante la dictadura. Según informa El Observador, al menos dos militares lo nombraron a Pérez en estas actividades.

NUEVOS DOCUMENTOS. Pérez declaró en la tarde de este sábado en el Juzgado de Ciudad de la Costa tras haber ingresado al país utilizando un pasaporte con un nombre distinto al suyo. Funcionarios de Migración del Aeropuerto de Carrasco constataron que en el documento figuraba otro nombre. Walter Salvador Correa Barboza es el nombre que utilizó Amodio para ingresar a Uruguay para la presentación de su libro “Palabra de Amodio, la historia de los Tupamaros”.

A la sede penal de Ciudad de la Costa también concurrió el verdadero Walter Salvador Correa Barboza, quien manifestó a la Justicia que no estaba en conocimiento del tema y aclaró que nunca perdió sus documentos. El hombre se retiró del Juzgado sin realizar declaraciones a la prensa.

Por la mañana, en la sede de la Dirección General de Información e Inteligencia de la Policía, Amodio Pérez declaró que fueron los militares quienes le proporcionaron esa identidad cuando se fue del país en 1973 y se legalizó en España.

El abogado defensor, Andrés Ojeda, dijo que el pasaporte le fue devuelto a Amodio Pérez tras comprobar tanto la Justicia como la Fiscalía que esa fue la identidad que asumió el extupamaro cuando se exilió en el exterior para salvaguardar su vida.

Sin embargo, a última hora del sábado personal de Migraciones consultó a la jueza Marcela Vargas sobre si acreditaba la salida del país con documentación irregular. La jueza reconsideró su decisión y si bien mantuvo la postura de no procesarlo dispuso que Inteligencia incautara el pasaporte español y que Pérez tramite una nueva documentación.

Amodio Pérez pasó la noche del sábado en la sede de Información e Inteligencia.
Fotos: Amodio Pérez llegando al Juzgado de Ciudad de la Costa este sábado // Pasaporte utilizado por él para ingresar al país.