La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó finalmente esta madrugada una polémica Ley de Educación, que ha provocado una amplia movilización de diferentes sectores a favor y en contra del proyecto. En las primeras tres horas de debate, los diputados apenas habían aprobado el primero de 54 artículos de los que consta el instrumento jurídico. Antes de empezar, los oficialistas se habían comprometido a seguir sesionando hasta que la ley resultara aprobada. La ley tiene por objeto "desarrollar los principios rectores, derechos, garantías y deberes de la educación, la cual asume el Estado como función indeclinable y de máximo interés", según reza en su artículo primero. En la práctica, se trata de adecuar la educación a los principios del Plan de la Nación, aprobado en 2007 por la misma Asamblea Nacional, y que considera esta materia como herramienta fundamental para el éxito del proyecto socialista que impulsa el gobierno nacional. La jefa del gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farías, dijo recientemente que la Ley permitirá formar a los "Chávez" del futuro. Para la oposición, esto se traduce en convertir a las escuelas en centros de formación política, en el contexto de una ideología que no todos comparten. En este sentido la consideran anticonstitucional. A final de la tarde, la bancada del opositor partido Podemos se retiró de la Asamblea por este motivo, pero rindiéndose ante la evidencia de que la mayoría oficialista la aprobaría más allá de las objeciones de los otros grupos parlamentarios. "Aquí hay que salir a las calles, hay que usar la rebeldía social para revertir esta ley de Educación", dijo el jefe de la bancada, Ismael García, quien propuso un referendo para revocar la ley. García señaló que si las autoridades electorales negaban la posibilidad del referendo, impulsaría una "cuarta urna", como el depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya. Entretanto, los rectores de las Universidades Nacionales autónomas se declararon en "emergencia" y aseguraron que las instituciones de educación superior no acatarán una ley que consideran sin fundamento. Por su parte, el ministro de Educación, Héctor Navarro, desestimó éstas y otras críticas. El funcionario insistió en que muchos de los aspectos cuestionados estaban en la ley anterior, mientras que otros cuestionamientos eran en su opinión falsos. Navarro había pedido en días pasados que la Asamblea le diera luz verde al proyecto antes de que concluyera el actual período de sesiones, este 15 de agosto. Mientras, el presidente Hugo Chávez había exhortado al Legislativo a trabajar para que a finales de año no quedara en pie ninguna ley contraria a los principios del socialismo. En el caso concreto de la Ley de Educación, la prisa del gobierno dio paso a una serie de críticas contra la aprobación de una ley que, al tocar un tema tan delicado como la formación de niños y jóvenes, parece no dejar a nadie indiferente. La ley fue presentada a los miembros de una comisión de Educación de la Asamblea de la noche a la mañana, sin que hubieran mediado reuniones de trabajo en la que los diputados tuvieran la oportunidad de participar en la redacción del proyecto, según le dijo a BBC Mundo la diputada opositora e integrante de la comisión, Pastora Medina. Pero su presidenta, la parlamentaria María de Queipo, argumentó que el texto había sido debatido a lo largo de "diez años" y que se había escuchado a todas las partes interesadas.
Algunos aspectos polémicos
Papel del Estado
: el proyecto de Ley le otorgaba 44 atribuciones al Estado en materia de educación, desde la formación y selección de maestros, hasta asignación de plazas en las universidades. El gobierno considera que se "rescata el papel del Estado"; la oposición, que la ley no intenta reglamentar la materia educativa sino incrementar el poder estatal e imponer su visión de las cosas.
Derivación a otras leyes:
la ley delega en otras leyes y reglamentos aspectos clave, que sólo quedan enunciados en artículos. El gobierno defiende que para eso son las leyes llamadas "orgánicas", como la que se encuentra en discusión; la oposición dice que el objetivo es darle mayor discrecionalidad al gobierno.
Educación laica:
la ley establece la "laicidad" de la educación en general. El gobierno dice que eso no amenaza la educación religiosa (de gran importancia en el país), sino que permite a los padres y a los hijos escoger su religión; la oposición, que elimina en la práctica esta formación y afecta las miles de escuelas privadas administradas por la Iglesia.
Ampliación de la comunidad educativa:
la ley le da injerencia en los asuntos de la escuela a los consejos comunales, instancias de participación popular. El gobierno dice que es una forma de integrar a las escuelas con sus comunidades; la oposición, que los consejos tratarán de utilizar las escuelas para sus propios intereses -que serían ajenos a la formación pedagógica- e interferirán, usando la política, con los objetivos primarios de la educación.
Medios de comunicación:
una propuesta oficial establecía la obligación de los medios de transmitir contenidos educativos y castigaba la transmisión de mensajes que influyeran negativamente en los niños. El gobierno dice es una necesidad, dado el papel de los medios en la formación de niños y jóvenes; la oposición dice que abre la puerta para un mayor control de medios por parte del gobierno.
