Venezuela: Aprueban ley que regula propiedades urbanas; se expropiarán edificaciones y terrenos ociosos

La Asamblea Nacional aprobó en la madrugada del viernes una ley que regula la propiedad de las tierras urbanas y deja abierta la posibilidad de expropiar edificaciones y terrenos considerados ociosos. La ley entrará en vigencia una vez sea publicada en la gaceta oficial. El legislativo, integrado en su mayoría por aliados del presidente Hugo Chávez, aprobó la ley en una maratónica sesión que contó sólo con la presencia de los miembros de la bancada oficialistas. Cerca de una docena de legisladores, ex aliados de Chávez, horas antes se retiraron de la Asamblea en protesta por la negativa del partido gobernante a transar sobre los artículos más polémicos de la nueva ley de Educación, que fue discutida previamente y no regresaron para el siguiente debate. La Ley de Tierras urbanas regula el uso y la tenencia de tierras urbanas aptas para el desarrollo de programas sociales de vivienda y hábitat, indicó el diputado oficialista Braulio Alvarez a la prensa. "La ley se va aplicar en función de un servicio social", indicó el legislador, quien destacó que en los principales centros urbanos del país se evidencian "grandes monopolios inmobiliarios que controlan la compra-venta de terrenos y parcelas... en su mayoría ociosos y subutilizados". "Como revolucionarios no podemos vivir que existan terrenos baldíos, edificios vacíos, gente (que) tenga por años terrenos para el engorde (esperando que se eleven sus precios), mientras miles de venezolanos carecen de una vivienda digna", agregó. De acuerdo con cifras oficiales, Venezuela tiene un déficit de aproximadamente 1,9 millones de casas, una cifra que significa que una de cada tres personas carecen de una vivienda digna. La ley establece que los propietarios de los inmuebles, terrenos y parcelas, en caso de ser requerido, están también obligados a enajenarlos a favor de la República conforme al principio al derecho de preferencia. En virtud de la ley también se contempla que podrá "ser declarada la expropiación... sin perjuicio de la facultad de los órganos del Estado, de ocupar previamente, durante el proceso judicial", antes de una sentencia firme. Los adversarios de mandatario afirman que esta clase de leyes le dan al estado un mayor control de la economía del país y erosionan el derecho a la propiedad privada. Entre marzo, abril y mayo el gobierno de Chávez reactivó los procesos de nacionalizaciones y expropiaciones con la toma de control de todas las áreas que poseen las almacenadoras privadas en los puertos del país, una planta procesadora de arroz de la estadounidense Cargill; 74 empresas que prestaban servicios a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA); cuatro compañías productoras de hierro briqueteado, cerámicas y tubos; y la adquisición del Banco de Venezuela, la tercera mayor institución financiera del país.