Comuneros mapuches encarcelados en la prisión de Angol, en la provincia chilena de Ercilla, denunciaron hoy ante un grupo de corresponsales extranjeros haber sido víctimas de torturas, racismo y creación de falsas pruebas para ser inculpados por la Policía y la Fiscalía como terroristas. Los comuneros, pertenecientes a la comunidad de Temucuicui, en la provincia araucana de Malleco, están acusados de participar en el asalto, incendio y tiroteo de un camión y un automóvil ocurridos el pasado 11 de octubre.
"Fuimos detenidos en Ercilla por unos 50 policías de Investigaciones y de Fuerzas Especiales de Carabineros; nos tiraron al suelo y nos golpearon", explicó en la cárcel Felipe Huenchullán, de 23 años.
Esposados y sin zapatos, fueron trasladados a Collipulli y de allí a la comisaría de Victoria, según el testimonio de Felipe Huenchullán, hermano del "werken" (portavoz) de la Comunidad Atónoma de Temucuicui.
Tras prestar declaración ante el fiscal Miguel Ángel Velázquez, los comuneros fueron trasladados al calabozo de la comisaria, pero Huenchullán afirma que cuatro agentes lo sacaron por la noche en una camioneta y se lo llevaron a un campo, donde lo torturaron hasta quedar inconsciente.
"Me interrogaron, me pegaron y amenazaron con matar a mi familia. Quedé inconsciente; cuando desperté en la camioneta, vomité. Los policías dijeron que habían allanado (registrado) mi casa y que habían encontrado armamento".
De regreso a la comisaría de Victoria, este joven sostiene que un Policía le dijo que iba a violar a su mujer y que jamás volvería a ver a su pequeña hija.
Los cinco jóvenes recluidos en Angol están acusados de asociación ilícita terrorista, homicidio frustrado terrorista, homicidio frustrado, incendio y robo consumado, cargos por los que podrían recibir una condena de hasta 40 años de prisión.
Cuando la Fiscalía formuló los cargos contra ellos, los comuneros se negaron a recibir los servicios de la defensoría legal mapuche, porque desconfían del Estado chileno.
Este fin de semana recibieron la visita del abogado Pablo Ortega, quien está estudiando hacerse cargo de la defensa de los detenidos, junto con un equipo de defensores de derechos humanos entre los que están Adolfo Montiel, un veterano abogado de Concepción.
Según la organización defensora de derechos humanos Agrupación Liberar, en Chile hay un total de 50 presos indígenas, más que en Perú o Colombia, países donde hay conflictos armados que afectan a comunidades indígenas.
El abogado Montiel criticó que en el conflicto mapuche se esté aplicando la ley antiterrorista, que fue aprobada en 1983, en plena dictadura militar.
En declaraciones a corresponsales extranjeros, este abogado también denunció que a los detenidos se les pueda acusar doblemente, en aplicación de la legislación militar y de las leyes penales ordinarias, lo cual puede conducir a la "aberración" de ser condenados dos veces por un mismo delito.
En tanto, el abogado Pablo Ortega denunció que "a la Policía se la enseña a torturar" y que los cargos contra los mapuches son obtenidos mediante amenazas y con la utilización de testigos protegidos a cuyos testimonios no tiene acceso la defensa hasta que han transcurridos 70 días y se levanta el secreto del sumario.
Temucuicui, una comunidad de la provincia araucana de Malleco, es el corazón de la lucha de los mapuches contra las empresas forestales y agrícolas que ocupan las tierras de sus antepasados, pero también es el reflejo de la división que vive hoy la principal etnia chilena.
En un recorrido por esta zona de la Araucanía, a 600 kilómetros al sur de Santiago, un grupo de corresponsales extranjeros pudo comprobar que las 120 familias de Temucuicui viven distanciadas por por dos formas distintas de reclamar sus derechos.
"Entendemos de manera diferente la política; la movilización que nosotros hacemos está más relacionada con la cultura mapuche, con la reivindicación de los territorios y de todos los demás derechos que se nos están negando", declaró a Efe el "lonko" (jefe) de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul Huaiquil.
"Ellos -dice refiriéndose a los miembros de la comunidad tradicional- están muy vinculados al Gobierno, pertenecen a la Alianza Territorial Mapuche, son funcionarios, son organizaciones que forma el Estado para confundir, dividir y apagar la lucha de los mapuches", asegura este "lonko".
Víctor Qeipul tiene a un hijo y a un hermano presos en la cárcel de Angol, acusados de asociación ilícita, homicidio frustrado, incendio y robo con intimidación, la mayoría delitos tipificados en la ley antiterrorista aprobada durante la dictadura militar (1973-1990).
Desde hace años, la Araucanía es escenario de un conflicto entre las comunidades mapuches que reclaman tierras ancestrales y los actuales propietarios, fundamentalmente empresas agrícolas y forestales.
El gobierno de Michelle Bachelet ha optado por comprar tierra y repartirla entre los comuneros, pero las 600.000 hectáreas distribuidas hasta ahora no han supuesto el fin del conflicto porque algunas comunidades más radicalizadas consideran que es una medida insuficiente y quieren el reconocimiento constitucional de la autonomía mapuche.
Éste es el caso de Temucuicui, que en el año 2002 recibió el fundo Alaska, asta entonces propiedad de Forestal Mininco.
"Muchos de nosotros dijimos entonces que aquello era la base para seguir recuperando nuestro territorio, pero hubo otra gente que no lo entendió", explica uno de los comuneros.
"Eso hizo que la comunidad de Temucuicui quedara aislada, totalmente rodeada de carabineros, y que nos acusaran de ser unos terroristas, pero a pesar de toda esa represión, nosotros vamos a seguir adelante", asegura.
Al igual que los Municipios Autónomos Rebeldes bajo control del movimiento zapatista en el estado mexicano de Chiapas, la Comunidad Autónoma de Temucuicui reclama autogobierno y no reconoce la autoridad del Estado chileno.
"Los allanamientos de nuestras casas, los malos tratos a las mujeres y los niños no han conseguido callarnos; ahora nos aplican la ley antiterrorista, pero igual vamos a seguir luchando; la Comunidad Autónoma de Temucuicui, queremos ser un ejemplo", enfatiza el "huerkén" (portavoz), Jorge Huenchullán.
En la cárcel de Angol hay nueve comuneros de Temucuicui, cinco de ellos fueron recluidos hace un mes acusados de violación a la ley antiterrorista y arriesgan penas que podrían sumar hasta 40 años de cárcel.
"Los 'pelli' (hermanos) no tienen defensa; cuando cayeron detenidos rechazaron la defensoría penal mapuche, porque no es justo que el Gobierno les aplique la ley antiterrorista y al mismo tiempo les asigne un abogado que les va a defender", explica Huenchullán.
Mientras tanto, los comuneros de Temucuicui que reconocen la autoridad tradicional mapuche, que están dirigidos por el veterano "lonko" Juan Catrillanca, formaron hace tres meses la Alianza Territorial Mapuche, una organización integrada por unas 60 comunidades de la Araucanía pertenecientes a las comunas de Angol, Ercilla, Purén, Los Sauces, Freire, Villarrica, Lago Budi y Loncoche.
Aunque esta nueva organización, liderada por el propio Catrillanca, es menos radical que la Coordinadora Arauco Malleco (partidaria de la resistencia activa), también ha surgido con un afán reivindicativo.
"No queremos más migajas, queremos recuperar nuestro territorio original, pero el Gobierno no nos escucha. Por eso nos unimos para movilizarnos", explicó entonces Catrillanca, quien anunció que a partir de ese momento, los mapuches empezarían a movilizarse en conjunto "para recuperar lo que les corresponde".
Mientras tanto, el Gobierno sostiene que después de unos meses de agitación, la situación en la Araucanía ahora está más tranquila.
El ministro coordinador de Asuntos Indígenas, José Antonio Viera-Gallo, señaló este viernes que ello se debe al compromiso alcanzado con 115 comunidades mapuches para el reparto de nuevas tierras y también a la "eficacia de la acción policial" frente a los grupos violentos.
