El juez Baltasar Garzón, suspendido hoy, ha abandonado el edificio de la Audiencia Nacional minutos antes de las 14:00 horas de hoy llorando y entre los aplausos y gritos de apoyo de sus compañeros y de otras personas como la abogada Cristina Almeida. Además de muchos funcionarios y jueces como Santiago Pedraz y Fernando Andreu, a los que Garzón ha abrazado antes de salir, decenas de personas se han concentrado en la puerta de la Audiencia, donde corean gritos como "Garzón, amigo, el pueblo está contigo" o "Miserables".
El magistrado ha conocido la noticia de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había acordado suspenderle cautelarmente mientras tomaba declaración a uno de los imputados en la llamada "operación Pretoria".
Se trata del empresario Josep Singla, que según ha manifestado él mismo a los periodistas había acudido a repetir su declaración ante el juez porque la primera que hizo en este procedimiento, en el que se investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en Cataluña, "se había perdido".
Poco antes de la una y media de la tarde, Garzón ha interrumpido la comparecencia por el aviso de una llamada urgente para él -que procedía del CGPJ- y ha hecho salir a Singla y a su abogado del despacho.
Cuando han vuelto a entrar para finalizar la declaración, el magistrado no parecía afectado por la llamada, según Singla, que ha dicho: "Por su lenguaje corporal, daba la sensación de que había recibido buenas noticias".
Nada más finalizar esa comparecencia, los compañeros de Garzón en los Juzgados de Instrucción de la Audiencia Nacional -como Fernando Grande-Marlaska, Ismael Moreno, Santiago Pedraz y Fernando Andreu- han entrado en su despacho para transmitirle su solidaridad.
También lo han hecho miembros de la Fiscalía como Daniel Campos, Ana Noé y Pedro Martínez.
En la Audiencia se encontraba también la esposa de Garzón, Rosario Molina, que ha llegado al edificio judicial sobre la una menos cuarto.
El nombre del juez Baltasar Garzón, suspendido hoy cautelarmente, se ha unido a una larga lista de magistrados a los que en las dos últimas décadas el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha apartado provisionalmente de la carrera por supuestos delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.
Entre ellos figura otro juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño; presidentes de Audiencias Provinciales como el de Las Palmas, José Antonio Martín; o el magistrado de Murcia Fernando Ferrín Calamita, finalmente condenado por retrasar la tramitación del expediente de adopción de una niña por parte de la compañera sentimental de su madre.
Sin haber sido procesado formalmente, pero con el visto bueno de la Fiscalía, el CGPJ suspendió a Calamita en febrero de 2008 después de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia admitiera a trámite la querella que la mujer presentó contra él.
Otros jueces sancionados por el Poder Judicial en los últimos 20 años fueron apartados de la carrera al ser procesados por presuntos delitos cometidos en el desempeño de su cargo.
Así, en julio de 1984 se acordó la suspensión cautelar de los jueces de Barcelona Joaquín García Lavernia y Carlos Lorenzo Penalva de Vega, procesados por prevaricación y cohecho, y que, cuatro años después, fueron condenados a penas de 5 y 4 años de cárcel y a 11 de inhabilitación, lo que les valió su expulsión definitiva.
Pero Garzón no ha sido el único magistrado de la Audiencia Nacional suspendido de forma provisional. En junio de 1999, el juez Javier Gómez de Liaño fue apartado de la carrera judicial por un año tras ser procesado por tres delitos de prevaricación durante la instrucción del "caso Sogecable", por el que luego fue condenado a 15 años de inhabilitación.
En agosto de 1990, el CGPJ suspendió cautelarmente al juez de la Audiencia de Granada José Cáliz Covaleda, procesado por presuntos delitos de cohecho y prevaricación tras realizar una operación antidroga, aunque en octubre de ese año fue levantada la sanción.
Otro de los magistrados apartados de forma provisional de la Judicatura ha sido el juez de Barcelona José Ramón Manzanares Codesal, suspendido en marzo de 2001 a raíz de que el TSJ de Cataluña le abriera juicio oral por delitos de prevaricación.
El juez de primera instancia e instrucción número 2 de La Palma del Condado (Huelva), Justo Gómez, fue suspendido en octubre de ese mismo años después de que el TSJ andaluz abriera una investigación penal contra él, que culminó con una condena de dos años de cárcel y 18 años y medio de inhabilitación.
El que fuera presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín y Martín, fue apartado de forma provisional de la Judicatura en enero de 2006 hasta aclarar su presunto trato de favor a un narcotraficante, hechos por los que resultó condenado en 2009 a un año y medio de suspensión, aunque el TS lo absolvió en enero de este año y un mes después el CGPJ levantó su suspensión.
Uno de los últimos jueces suspendido ha sido el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella (Málaga), Francisco Javier de Urquía, que fue apartado de sus funciones en julio de 2007 al ser investigado en el "caso Malaya" por supuestos delitos de prevaricación y cohecho, por los que fue condenado a 21 meses de suspensión.
