Por orden judicial, la Policía desalojó dos casas abandonadas ubicadas en las calles Vázquez Ledesma y Benito Blanco, que estaban siendo ocupadas ilegalmente por entre siete y ocho hombres en situación de calle. Esto genera problemas de inseguridad e higiene en el barrio, según denuncian desde hace años vecinos de esa zona de Villa Biarritz.
Los propietarios de las casas, que son argentinos y viven en ese país, hicieron la denuncia ante la Seccional 10ª y por eso fue que la Justicia dio la orden de desalojar. El desalojo se hizo efectivo el miércoles pasado, ya que estaba previsto demolerlas al día siguiente. Fuentes policiales dijeron a El País que no fue necesario utilizar la fuerza, ya que los ocupantes salieron en forma voluntaria.
Sin embargo, la empresa que iba a encargarse de la demolición no se presentó. Por lo que ahora hay que fijar una nueva fecha para esa tarea, ya sea con la misma compañía o con otra. La demolición demandará un poco más de tiempo, debido a que cuando se marque una nueva fecha para tirar abajo esos inmuebles, la Policía deberá desalojar las viviendas nuevamente. La demolición costará alrededor de US$ 40.000, según informó, Andrés Abt, alcalde del Municipio CH.
Desde hace siete años los vecinos denuncian los problemas de inseguridad y de higiene generados por los ocupantes ilegales; incluso niños socios del club Biguá, ubicado por Vázquez Ledesma, han sufrido robos de sus mochilas y championes cuando van a tomar el ómnibus y han tenido que volver descalzos al club, contó a El País el secretario de la comisión directiva de Biguá, Marcelo Perillo.
A esas casas los ocupantes llevan bolsas de residuos desde los contenedores para clasificar, hecho que fue filmado por vecinos del lugar y difundido a través de Youtube. Esto provoca también la presencia de ratas en la zona. "El año pasado vino la Intendencia a limpiar el terreno porque hubo denuncia de los vecinos por las ratas y sacaron dos camiones de basura", dijo Perillo. Además, en esas casas han ocurrido varios incendios, uno de los últimos fue en abril pasado.
Esos siete u ocho hombres que ocupaban esa casa están en situación de calle y algunos de ellos trabajan como cuidacoches, indicaron las fuentes policiales. Sin embargo, Perillo, que vive enfrente a las casas abandonadas, calculó que vio salir y entrar de las viviendas a entre 12 y 18 personas, mayormente hombres.
La Seccional 10ª ha recibido varias denuncias de personas que se sienten "molestas por la situación" de ocupación ilegal. Ha habido roturas de vidrios de autos estacionados por Benito Blanco y Vázquez Ledesma, "pero si bien no hay pruebas, los vecinos asocian que los que los rompieron son los que ocupan esas casas", agregaron las fuentes policiales, que también aseguran que hay quienes viven en la zona que "apoyan a las personas en situación de calle y les dan alimentos".
El arquitecto Ernesto Kimelman, representante de los propietarios de los padrones donde están ubicadas las viviendas, indicó que están insistiendo para saber si la empresa se va a hacer cargo de la demolición y al mismo tiempo buscando alternativas para el caso que diga que no. Kimelman afirmó que no sabe cuáles fueron las razones por las que la empresa no se presentó a realizar la demolición, "podemos llamarle informalidad o irresponsabilidad".
Kimelman sostuvo que el permiso de demolición está tramitado, la obra está inscripta en el Banco de Previsión Social con esa misma empresa, o sea que si hay que cambiarla habrá que hacer todos los trámites de vuelta.
Enjardinado.
La decisión de demoler las viviendas surgió luego de un acuerdo entre los propietarios del terreno, el club Biguá y los vecinos de las propiedades linderas a las casas abandonadas. "El acuerdo fue que los propietarios hacían la inversión en demoler las fincas, cosa que no tenían previsto, los vecinos de las fincas linderas enjardinaban el predio y el club Biguá iba a hacer el mantenimiento", informó el representante de los dueños del predio.
Para efectuar la demolición los dueños solicitaron que la Intendencia exonerara el predio (que tiene cuatro padrones) del impuesto a los baldíos. Esto provocó que se demoraran los trabajos para derrumbar las casas y efectuar el enjardinado, ya que la gestión ante la comuna capitalina para la exoneración del tributo "demoró más de dos años", dijo Kimelman.
La Junta Departamental autorizó a la Intendencia a exonerar a los padrones en septiembre de 2014, según el decreto 35.257. En ese documento, el legislativo departamental indica que se hará la exoneración del impuesto a los baldíos una vez que los propietarios demuelan las construcciones que hay en los padrones y con la condición de que luego sean "enjardinados en consonancia con las características del entorno".
También hubo una demora porque "cuando estuvo todo pronto para iniciar las obras de demolición algunos vecinos de las propiedades linderas no quisieron cumplir con su parte, por lo tanto nos perdimos dos meses esperando que junten el dinero necesario para hacer el jardín. Ahora, que aparentemente lo depositaron, estamos en condiciones de empezar nosotros a demoler, pero nos falla la empresa", explicó el arquitecto Kimelman.
Los vecinos pusieron dinero para mejoras
El flamante alcalde del Municipio CH, Andrés Abt, contó que los vecinos lograron juntar US$ 6.000. Reunieron US$ 3.000 en cada una de las dos propiedades linderas de las casas abandonadas, para transformar ese terreno en un predio enjardinado.
Abt, al igual que el representante de los dueños de las viviendas, reconoció que "en un momento faltaba un poco de dinero, pero al final los vecinos lo consiguieron".
El secretario de la comisión directiva del club Biguá sostuvo que el "acuerdo fue que mientras los propietarios no tuvieran una oferta de negocios, para que no quedara como baldío, ellos accedían a la demolición a cambio de la exoneración del impuesto, y mientras tanto queda como un espacio abierto, de usufructo público y mantenido por el club Biguá". Sin embargo, el representante de los dueños de las casas dijo que va a ser un lugar enjardinado, pero no un espacio público.
Para el club realizar el mantenimiento de este enjardinado implica colaborar con el barrio y dar seguridad a sus socios, aseguró Perillo.
"Esas casonas son una mancha negra para el barrio", dijo en días pasados a El País el vecino Federico Gallinal, quien vive frente a las fincas desde hace décadas.
La Policía reforzó el patrullaje en la zona
Desde hace tres meses, la Seccional 10ª de Policía ha reforzado la seguridad en la zona de Benito Blanco y Vázquez Ledesma y la de la plaza Leyenda Patria, a raíz de denuncias de roturas de vidrios en autos. Para eso se dispuso de efectivos "pie a tierra y de personal del plantel de perros".
Asimismo, una vez que se hizo el desalojo de las casas abandonadas en Vázquez Ledesma y Benito Blanco, quedaron patrullas preventivas en la mañana y en la tarde, acompañadas con unidades acompañadas con perros.
"No hay una guardia fija porque es propiedad privada", informaron fuentes policiales. Para que quede un policía fijo en el lugar debería haber una orden judicial, que en este caso no existe.
Ningún vecino dejaba su vehículo por las noches en las calles Vázquez Ledesma y Benito Blanco
Federico Gallinal dijo que, cada tanto, la Policía ingresaba al predio y sacaba a algunos intrusos. "Es obvio que es un gran aguantadero", resumía el vecino.
