La carismática Julissa Reynoso, ex embajadora de Estados Unidos en Uruguay, representará a Gol TV y, seguramente, a siete clubes uruguayos en un litigio internacional ante los tribunales de Nueva York por los perjuicios económicos que les produjo el esquema de corrupción detectado en Conmebol.
“Pienso regresar con frecuencia y espero mantenerme en contacto con ustedes”. Con estas palabras se despedía Julissa Reynoso de sus amigos en Uruguay, tras casi tres años de labor diplomática en este rincón del mundo. Su despedida –que se realizó en la residencia de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, en Parque Batlle– fue en un clima de fiesta, con música, baile y risas. Allí estuvieron representantes del mundo político, la cultura y los medios de comunicación, con quienes la carismática embajadora mantuvo un estrecho vínculo durante su estadía en Uruguay. Reynoso bailó candombe y se emocionó por las muestras de afecto.
Unos días antes se había despedido del entonces presidente de la República, José Mujica, con un asado en el Quincho de Varela al que asistieron algunos de los principales referentes del anterior gobierno; entre ellos, los ministros Eduardo Bonomi y Roberto Kreimerman y el presidente del BPS (hoy ministro de Trabajo), Ernesto Murro. Este cúmulo de actividades era una muestra de que no fue una embajadora más.
La diplomática llegó a Uruguay a principios de 2012, tras ser designada por el presidente de su país, Barack Obama. Se transformó en la embajadora más joven de Estados Unidos. Nacida en República Dominicana en enero de 1975, y criada en la zona del Bronx (Nueva York), Reynoso representaba un cambio drástico en relación a su antecesor en el cargo, Frank Baxter, un veterano economista vinculado al Partido Republicano y que estuvo alistado en la Fuerza Aérea estadounidense durante cuatro años.
Reynoso estudió en la Universidad de Harvard, de donde egresó con una Licenciatura en Gobierno. Tras obtener su título de grado obtuvo una maestría en Filosofía de la Universidad de Cambridge (Inglaterra) y un doctorado en Derecho de la Universidad de Columbia. Posteriormente, trabajó en el despacho de la jueza federal Laura Taylor Swain y más tarde en el estudio jurídico Simpson Thacher & Bartlett LLP, en Nueva York, donde se especializó en materia de arbitraje internacional y legislación antimonopolio.
Años después ingresó en el Departamento de Estado y, con el respaldo de Hillary Clinton, fue designada como subsecretaria adjunta para Asuntos de América Central, El Caribe y Cuba de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, en virtud de su raíces latinas y su fluido manejo del idioma español. Con estos antecedentes llegó a Uruguay, donde su personalidad extrovertida y alegre no pasó desapercibida.
Tras volver a su país, llevándose su casal de perros uruguayos, compró un apartamento en la zona de Harlem por dos millones y medio de dólares, se casó con el empresario uruguayo Román Núñez (propietario del restaurante Burdeos), tuvo un hijo –Lucas–, se transformó en una activa militante por la candidatura de Clinton en la interna del Partido Demócrata y se vinculó al estudio Chadbourne & Parke LLP, una prestigiosa firma de abogados de Nueva York. Allí se especializó en litigios internacionales con clientes en América Latina, en virtud de los estrechos vínculos con esta zona del hemisferio. A partir de su actividad laboral fue que Reynoso cumplió con la frase de su despedida: “Espero mantenerme en contacto con ustedes”.
Reynoso será la representante legal de las empresas Gol TV y Global Sports SA y, seguramente, de siete clubes del fútbol uruguayo (Miramar Misiones, Cerro Largo, El Tanque Sisley, Rentistas, Cerro, Racing y Juventud de Las Piedras) y la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) en una millonaria demanda civil que se presentará en los tribunales de Estados Unidos contra Fox Sports por los perjuicios derivados del esquema de corrupción en Conmebol.
Los consejos de Julissa
Los presidentes de los siete clubes uruguayos concurrieron a la sede de Tenfield SA, en la calle Divina Comedia, donde los aguardaba Osvaldo Giménez, representante de la empresa y hombre de confianza del empresario deportivo Francisco Paco Casal. Se saludaron, hicieron algunas bromas e ingresaron a la sala de reuniones. Allí había un televisor, conectado a una computadora. A los pocos minutos, apareció la imagen: del otro lado estaba la ex embajadora Julissa Reynoso, quien realizó una presentación por videoconferencia, desde la oficinas del estudio Chadbourne & Parke LLP, sobre un asunto relevante para todos los clubes: la posibilidad de presentar una millonaria demanda en relación al dinero embargado en Estados Unidos por los hechos de corrupción en Conmebol.
Reynoso brindó detalles del proceso judicial y dio su opinión jurídica sobre la pertinencia de iniciar un litigio internacional ante los tribunales de Estados Unidos. Tras escuchar la primera exposición, algunos presidentes –en particular Ernesto Dehl (Cerro Largo) y Yamandú Costa (Juventud de Las Piedras)– expresaron sus dudas con relación a la estrategia, y preguntaron por qué no litigar ante los tribunales uruguayos.
Dehl, también abogado, defendía la idea de impulsar la demanda en Uruguay. Pero Reynoso consideró que eso no era lo más recomendable. Básicamente, la ex diplomática explicó que la investigación judicial en Estados Unidos sobre los ilícitos en Conmebol “está más avanzada que en Uruguay” y que efectivamente ya está probado el pago de sobornos a los principales dirigentes de Conmebol, en virtud de los acuerdos de colaboración (plea-bargain) que firmaron empresarios y dirigentes ante la Fiscalía General de Estados Unidos. También que los embargos trabados por la Justicia estadounidense son superiores a los dispuestos por su par uruguaya.
Sin embargo, existe un argumento más importante: los indictment (acusaciones) presentados por la Fiscalía General de Estados Unidos son contundentes en cuanto a que el esquema de corrupción montado en Conmebol representó un perjuicio para las asociaciones nacionales, los clubes y los jugadores sudamericanos, así como para otras compañías de broadcasting internacional, ya que por medio de maniobras ilícitas se afectaron los ingresos de las arcas de Conmebol y se violentó el derecho a la libre competencia. Por tanto, los clubes, los jugadores y Gol TV tienen legitimación suficiente para reclamar ante los tribunales estadounidenses el perjuicio ocasionado. Al parecer, sus palabras convencieron a los presentes.
Empero, esta no fue la primera conversación que tuvo la ex diplomática por este asunto. Tiempo atrás, Reynoso se reunió con el propio Casal (propietario de Tenfield SA y Gol TV) y con la directora comercial de Tenfield y VTV, Andrea Curcio. El encuentro, que tuvo lugar en una mesa apartada de Café Misterio, permitió interiorizar a Reynoso de la información en poder de Gol TV, y sentar las bases de la demanda y de la estrategia jurídica. Reynoso incorporó así a Gol TV a la cartera de clientes para Chadbourne & Parke LLP y comenzó a trabajar como representante legal de la empresa en Estados Unidos en la fase preparatoria para la presentación de la demanda.
La investigación de EEUU
En diciembre de 2013, siete clubes uruguayos (Peñarol, Miramar Misiones, Cerro Largo, El Tanque Sisley, Rentistas, Cerro, Racing) y la Mutual presentaron una denuncia contra la Conmebol por posibles ilícitos en la venta de los derechos de televisación de los principales torneos del fútbol continental. Sin embargo, a raíz de las presiones ejercidas por los dirigentes de Conmebol, sólo los futbolistas ratificaron el documento que permitió el inicio de la indagatoria penal.
La denuncia refería a eventuales delitos de lavado de dinero, estafa y apropiación indebida por parte de las autoridades de la Conmebol en el manejo de los dineros provenientes de los contratos de televisión. La plataforma fáctica refería a que Conmebol vendió los derechos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana por el período 2015-2020 a la empresa T&T Sports (Torneos y Competencias-Traffic SA) por 372 millones de dólares, cuando existía una oferta por 805 millones de dólares de Gol TV y Global Sports.
Según la denuncia, esa cesión de derechos implicó un perjuicio económico para los clubes y los futbolistas sudamericanos, ya que se efectuó sin licitación y por debajo de los valores del mercado, lo que privó a Conmebol de obtener unos 433 millones de dólares de ingreso. Eso quedaba demostrado porque, tras adquirir los derechos, T&T Sports procedió a venderlos a Fox Sports y Rede Globo a un precio muy superior al pagado para adquirirlos.
La Justicia uruguaya comenzó a investigar y dispuso la citación, como indagado, del ex presidente de la AUF, entonces presidente de Conmebol, Eugenio Figueredo. Diversos recursos presentados por su defensa implicaron una paralización de la indagatoria, hasta que a mediados de 2015 el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3º Turno decretó que la Justicia uruguaya era competente para intervenir. Pero en ese momento se produjo la detención en Suiza –a pedido de la Justicia de Estados Unidos– de una decena de dirigentes de Conmebol y Concacaf, acusados de recibir sobornos para la venta de los derechos de televisación de tres ediciones de la Copa América (2015, 2019 y 2023) y de la Copa América Centenario 2016.
La investigación reveló que los representantes de Datisa SA –un consorcio conformado por Traffic Sports USA, Torneos y Competencias SA (T&C SA) y Full Play Group SA– pagaron 100 millones de dólares en sobornos para acceder a estos derechos. Esos pagos se realizaron a través de varias shell companies (empresas fantasma). Incluso, el empresario brasileño José Hawilla (Traffic SA) declaró –en el marco de un acuerdo de colaboración con la Fiscalía– que el pago de coimas por estos derechos comenzó a principios de los años 90 y se extendió hasta 2013, período en que la Conmebol fue presidida por Nicolás Leoz.
Sin embargo, un cúmulo de documentos recopilados en la investigación verificó que los sobornos también incluyeron los principales torneos de clubes (Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana). A eso se sumó el testimonio del ex gerente general de T&C, el argentino Alejandro Burzaco, quien reconoció ante el juez Raymond Dearie que realizó “sistemáticos pagos de sobornos” a los altos dirigentes de la Conmebol, incluidos Figueredo y el paraguayo Juan Ángel Napout.
Las coimas en Conmebol
Burzaco –quien se declaró culpable de los delitos de fraude, sobornos y lavado de activos y aceptó pagar una fianza de 21,6 millones de dólares como parte de un acuerdo de colaboración para la reducción de su pena– brindó ante el juez Dearie detalles del esquema por el cual T&T Sports (con sede en Islas Caimán) adquirió los derechos de televisión de los principales torneos de clubes desde el año 2000 en adelante.
Según el indictment de la Fiscalía de Estados Unidos de diciembre de 2015 –por el cual se pidió la detención de 16 dirigentes de Conmebol y Concacaf, incluido Napout–, el pago de sobornos por estos torneos se produjo durante años. Burzaco declaró que desde que asumió el control de T&C participó de la firma de varios contratos entre Conmebol y T&T Sports. “Cada uno de esos contratos requirió el respaldo de los dirigentes de la Conmebol, quienes recibían sobornos de parte de Burzaco y otros co-conspiradores afiliados a T&T”, dice la acusación.
Con base en esto, la Fiscalía consideró probado que “desde 1999 y hasta el presente, Torneos y sus socios retuvieron los derechos de trasmisión de cada edición de la Copa Libertadores, entre otros torneos. Burzaco y otros co-conspiradores afiliados a Torneos aseguraron esos derechos mediante el sistemático pago de sobornos y regalías a altos oficiales de la Conmebol”.
Burzaco reveló que en el año 2000, el entonces presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, y algunos de los principales dirigentes del organismo (Eduardo Deluca, Romer Osuna y Figueredo) solicitaron un pago anual al ex propietario de TyC, Carlos Ávila (identificado como “Co-conspirador #11”), a cambio del respaldo de estos dirigentes para que T&T Sports accediera a los derechos de trasmisión de la Copa Libertadores. Según ese documento, Ávila “aceptó pagar y pagó sobornos anuales de un millón de dólares a Leoz y de 600.000 dólares a Osuna, Deluca y Figueredo por un período de diez años”.
“En 2005, Alejandro Burzaco adquirió un parte minoritaria de las acciones de Torneos y comenzó a manejar las operaciones diarias de la compañía en sociedad con Ávila. Burzaco conoció, de parte de Ávila, las prácticas de pago de sobornos anuales de Torneos a los imputados Nicolás Leoz, Romer Osuna, Eduardo Deluca y Eugenio Figueredo, entre otros, y continuó colaborando con estas prácticas”. Con la asistencia de otros altos dirigentes de la empresa, “Burzaco continuó el arreglo del pago de sobornos anuales de seis cifras a Deluca hasta el año 2001, a Osuna hasta el año 2012 y a Figueredo, cuyo pago se incrementó a un millón de dólares entre 2012 y 2014”, cuando el dirigente uruguayo asumió la presidencia de Conmebol.
El testimonio de Burzaco en Estados Unidos fue un elemento relevante para la imputación formulada contra Figueredo por la Justicia uruguaya. La jueza especializada en Crimen Organizado de 2º Turno, Adriana De los Santos, dispuso el procesamiento del ex presidente de la AUF por los delitos de estafa y lavado de activos, por su participación en el esquema de sobornos en Conmebol. Pero el testimonio de Burzaco también será clave en la demanda que realizarán Gol TV y los clubes uruguayos en Estados Unidos.
El vínculo con Fox
El indictment de diciembre de 2015 detalla que T&T Sports adquirió los derechos de televisación tras pagar sobornos a los dirigentes de Conmebol. Pero también que a principios de siglo Traffic se retiró de T&T Sports y que su lugar fue ocupado por un grupo inversor integrado por “una importante compañía de broadcasting cuya sede central está en Estados Unidos, cuya identidad es conocida por el Gran Jurado”. Esa empresa sería el conglomerado Fox, quien a través de una de sus empresas subsidiarias, Fox Pan American Sports LLC, era propietaria desde el año 2002 de 50 por ciento de T&T Sports, lo que, en los hechos, transforma a la empresa en una de las dueñas de los derechos televisivos del fútbol sudamericano.
Una serie de documentos presentados por el abogado Jorge Pereira Schurmann, representante de Gol TV, ante la jueza De los Santos –entre ellos, un informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, de la República Argentina, de setiembre de 2004–, sobre los cuales ya informó Caras y Caretas, revelaban el vínculo entre Fox y T&T Sports.
Esos documentos mostraban que, en febrero de 2002, los apoderados de Liberty Media Corporation, PSE Holdings LLC (PSH, que ofició como subsidiaria del fondo de capital privado Hicks, Muse, Tate & Furst) e Internacional Sports Programming LLC (Fox) concretaron un acuerdo comercial por el cual se conformó Fox Panamerican Sports LLC, una empresa de responsabilidad limitada que operaría en el mercado latinoamericano y el de habla hispana en Estados Unidos en trasmisión de eventos deportivos. Estaría integrada por PSH (51,5%), Fox (38%) y Liberty (10,5%).
Como forma de cerrar el negocio, ambas compañías se comprometieron a realizar aportes y otorgar participación en otras empresas. Así, PSH transfirió, además de un aporte monetario, su “participación directa” de 50 por ciento de T&T Sports Marketing Ltda., es decir, de T&T Sports, empresa que desde 1999 era propietaria de los derechos de televisación de la Copa Libertadores. A esto se sumaba que Liberty tenía acciones en Torneos y Competencias (que integraba T&T Sports) y en Cablevisión SA, uno de los principales operadores de cable de la República Argentina.
En este marco, al presentar el acuerdo comercial ante las autoridades argentinas, las partes afirmaron que “el aporte de PSH de su participación en T&T no produciría un cambio en la naturaleza del control de esa sociedad, debido a que Torneos y Competencias SA seguiría siendo titular del 50 por ciento restante del capital accionario. […] Además, al adquirir el 50 por ciento de las acciones de T&T, Fox Panamerican Sports LLC negoció con esta última convertirse en el nuevo comprador de derechos para la trasmisión de la Copa Libertadores y la nueva Copa Panamericana”. Este acuerdo se extendió hasta 2011, cuando la cadena Fox le compró su parte a PSH y tomó el control de toda la señal.
Con estos documentos, los representantes de Gol TV buscaron demostrar que, en los hechos, Fox Sports participaba a los dos lados del mostrador: por un lado adquiría a Conmebol los derechos de televisión de los principales torneos continentales (mediante T&T Sports) y luego se los revendía a sí misma para su trasmisión en todo el continente. A esto se sumaba que el directorio de T&T Sports era integrado por representantes de Fox Sports, entre ellos, Carlos Martínez, presidente de Fox International Channel, quien hace un año firmó una renovación del contrato con Conmebol mediante el cual la compañía norteamericana se aseguró los derechos del fútbol continental hasta 2018.
Basándose en estos documentos, Gol TV considera que existió un perjuicio comercial para sus intereses, ya que no se les dejó participar en igualdad de condiciones en la pugna por los derechos televisivos.
Caras Y Caretas
