"Cuando una presidenta electa es juzgada bajo la acusación de un crimen que no cometió, el nombre que se le da a eso en el mundo democrático no es 'impeachment', es golpe".
Eso dijo Dilma Rousseff el jueves, recién suspendida por el Senado de su cargo de presidenta de Brasil.
Esta denuncia de que se trata de un golpe de Estado recuerda inevitablemente a las declaraciones que hicieron Manuel Zelaya en 2009 y Fernado Lugo en 2012, cuando fueron destituidos de sus respectivos cargos al frente de los gobiernos de Honduras y de Paraguay.
Y, al igual que ocurrió en los casos de Zelaya y Lugo, junto a la denuncias de golpe en esta ocasión también hay voces que insisten en que el proceso ha sido totalmente constitucional.
Entonces, ¿hasta qué punto se puede hablar de golpe de Estado?
BBC Mundo preguntó a varios expertos.
"Es un proceso avalado por dos de los poderes de la República (Congreso y Senado) no puede nunca ser llamado un golpe", asegura Clovis Rossi, columnista del diario brasileño Folha de Sao Paulo, a BBC Mundo.
Aunque reconoce: "Lo que sí hubo, a mi juicio, es una desproporción entre el crimen y el castigo".
La acusación central contra Rousseff en el Congreso es que violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal.
De la misma manera, apegándose a la definición clásica de golpe de Estado, la experta en Brasil Amy Erica Smith, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Iowa, Estados Unidos, niega que el proceso contra Rousseff pueda ser catalogado como tal.
El proceso "no fue dirigido por un grupo de militares" —a favor del juicio político votaron 367 congresistas de 531 y 55 senadores de 77— y "no se utilizaron medios inconstitucionales o extralegales", escribe en su artículo de opinión del medio estadounidense The Washington Post.
No fue dirigido por un grupo de militares y no se utilizaron medios inconstitucionales o extralegales"
Aunque como Rossi, considera que las acusaciones que penden sobre Rousseff son "relativamente menores y en la mayoría de los casos no desembocarían en un impeachment".
Y por ello dice la forma en la que se ha llegado a la aprobación al inicio del juicio político "tampoco es exactamente democrático".
"Es un abuso del proceso democrático", concluye.
No satisfecho con esa definición, Boaventura de Sousa Santos, uno de los académicos e investigadores más importantes en el área de la Sociología Jurídica a nivel mundial, prefiere hablar de "neogolpe".
Y lo hace de la misma manera en la que otros hablan de "golpe de Estado constitucional" o "golpe institucional".
"Es sin duda un neogolpe, un escenario en el que un gobernante electo queda impedido por una acción parlamentaria y sin ninguna causa en términos constitucionales", explica a BBC Mundo.
De acuerdo a la Constitución de Brasil, el "impeachment" a un presidente "debería estar fundado en crímenes graves cometidos durante su mandato", prosigue el experto.
"Pero en el caso de Dilma (Rousseff) no hay indicios de ello. Al contrario, hay consenso en que es una de las políticas más honestas de América Latina, y va a ser enjuiciada (en un juicio político) por políticos implicados en casos de corrupción", destaca.
Según el sociólogo en los "neogolpes" existen componentes del golpe de Estado tradicional.
Se crean estados de excepción, aunque sin suspensión de la constitucionalidad, (...) y hay una presencia no muy obvia de militares"
"Se crean estados de excepción, aunque sin suspensión de la constitucionalidad, existe en ellos una omisión de la Corte Suprema de Justicia para frenar el proceso y hay una presencia no muy obvia, discreta pero evidente, de militares", añade.
Y asegura que, como ahora en Brasil, así ocurrió también en Honduras en 2009 y en Paraguay en 2012.
El 28 de junio de 2009, Manuel Zelaya, ya despojado de su cargo de mandatario de Honduras, fue detenido por militares que allanaron la casa presidencial, trasladado a la base de la fuerza aérea en el sur de Tegucigalpa, y expulsado a Costa Rica.
Había asumido el cargo el 27 de enero de 2006, después de haber ganado las elecciones de 2005 de la mano del Partido Liberal.
El primer día de su presidencia aprobó la Ley de Participación Ciudadana, que permitiría consultar a los ciudadanos sobre las principales cuestiones nacionales.
A partir de esa ley, en 2009 propuso hacer una consulta popular en junio sobre la posible elección de una Asamblea Constituyente que modificara la Constitución de 1981.
Y para refrendar la decisión ciudadana, colocaría una cuarta urna en los colegios electorales durante las elecciones de noviembre.
La oposición alegó que la intención última de Zelaya era modificar la Constitución para poder presentarse para un segundo mandato, algo prohibido.
Así con base en una ley que se había promulgado cinco días después de la consulta, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior Electoral calificaron de ilegal el acto de Zelaya.
Concluyeron que era responsable de los delitos de "traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio del Estado de Honduras".
Y el 26 de junio la Corte Suprema emitió una orden de captura contra él, lo que ocurriría dos días después.
"Fue un golpe de Estado orquestado por Estados Unidos", denunciaría el propio Zelaya al año, desde Costa Rica.
"El golpe de Estado se planificó en Miami con el apoyo de Washington y del Comando Sur mediante gente como Otto Reich —subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental durante el gobierno de George W. Bush—, en colusión con la oligarquía hondureña y algunos parlamentarios del país".
Una afirmación similar saldría de boca de Fernando Lugo, el ya depuesto presidente de Paraguay, en 2012.
"Fue un golpe de Estado que permitió el reposicionamiento de la clase oligárquica privilegiada históricamente".
Así definió Lugo el juicio político que en junio de 2012 lo quitaría de la presidencia, que fue preparado en menos de 24 horas y que paralizó al país.
"Elementos de la derecha"
"En todos estos casos hubo elementos de la derecha; fueron impulsados por personalidades muy conocidas" de ese arco político, señala el sociólogo Boaventura de Sousa Santos.
En el caso de Honduras, se refiere a políticos del entorno del conservador Partido Nacional, cuyo candidato, Porfirio Lobo, resultaría victorioso en las elecciones del 29 de noviembre de 2009.
En Paraguay, habla del Partido Colorado, que detentaba la presidencia ya desde los tiempos del gobierno de facto de Alfredo Stroessner.
Que el congresista Jair Bolsonaro dedicara su voto a favor del "impeachment" al coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, quien torturó a Rousseff durante el gobierno militar de 1964-1985, llevó a muchos a concluir que el proceso de Brasil también contaba con la existencia de esos elementos.
"En democracia la única manera de apartar a un mandatario del poder es por medio de unas elecciones", señala De Sousa Santos. "Pero en Brasil la derecha tendría que haber esperado un año para las elecciones".
Concuerda con esto el escritor y teólogo de la liberación brasileño Carlos Alberto Libânio Christo, más conocido como "Frei Betto".
"Ellos saben que si hay elecciones hoy, Lula (el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva) va a ganar. Es un golpe parlamentario", sentencia.
Ellos saben que si hay elecciones hoy, Lula va a ganar. Es un golpe parlamentario"
"Se ve en toda la región, cómo miembros de congresos, en connivencia con el poder judicial y los grandes grupos mediáticos actúan de forma que desestabilizan gobiernos populares que fueron electos por mayoría", dice a BBC Mundo Ingrid Bleynat, experta en América Latina del Instituto Internacional de Desarrollo del King's College de Londres.
Aunque Bleynat piensa que un patrón que se repite es que los dan las derechas, otros, como la de Daniel Duquenal, editor del blog "Venezuela News and Views", se quejan de que los llamados "nuevos golpes de Estado" no son exclusividad de un lado del expectro político.
A estas alturas podemos hablar de la existencia de un patrón"
"Lo que sí puedo notar es la doble moralidad que América Latina presenta en estos asuntos", escribía en 2012, tras la destitución de Lugo en Paraguay.
"Cuando Hugo Chávez hizo un golpe contra la asamblea electa en septiembre de 2010 al hacer que la vieja asamblea votase una ley habilitante a pocos días de cesar sus funciones en diciembre, nadie dijo nada, ni en Unasur, ni en Mercosur, ni en la OEA".
En el estudio Los golpes de Estado constitucionales en Latinoamérica: una amenaza emergente para el principio democrático, de los juristas Omar Huertas y Víctor Manuel Cáceres hablan de una "innovadora y cada vez más usada tipología de derrocamiento del poder político".
Sea como sea, "las revocatorias recientes de poder (...) hay que analizarlas desde un nuevo contexto donde ya no prevalecen los disparos y los contingentes militares que caracterizaron los escenarios golpistas del siglo XX", concluyen Huertas y Cáceres.
