"Gravísimo endurecimiento represivo para expulsar de hogares precarios a familias sin recursos en Uruguay"

Se forma un asentamiento en un terreno mitad privado, mitad municipal. Tras la denuncia, el caso tarda más de un año en resolverse. Ocho personas terminan procesadas y 35 familias sin lugar donde vivir, o en soluciones provisorias. ¿Cómo se llega a esta situación?

Es feriado, aniversario de la Declaratoria de Independencia. En la cancha de tierra decenas de niños disputan un partido de fútbol en pleno atardecer. En el campo de al lado se desintegra lo que queda del asentamiento Nueva esperanza, de Parque Guaraní. El sillón sobre el que alguien se sentó, el cassette de música tropical que alguna vez sonó y las cartas con las que niños jugaron son ahora objetos sin dueño, abandonados entre la basura.

En frente al terreno en ruinas, los que la semana pasada lo ocupaban irregularmente se agrupan. Están discutiendo cómo resolver la vivienda para estas 35 familias que, con unos 90 niños a cargo, están "esparcidas por ahí".

Ángela Cardozo es una de ellas. La artiguense cuenta que se instaló allí hace dos años con su marido y sus perros. La semana pasada condujeron a su esposo a un juzgado, donde estuvo declarando todo el día. Después del episodio metieron sus pertenencias en un carro y se fueron para Punta Gorda, a vivir en carpa en una plaza. "Nos quedamos a la intemperie, de vuelta", dice a través del teléfono al tiempo que cuenta que todavía está abrumada por lo que pasó. "Yo no entiendo, no quieren gente en la calle y nos corren de la casa, fue eso todo lo que pudimos construir de a poco".

Los vecinos que se quedaron cerca del asentamiento evitan hablar con la prensa. Creen que las noticias no reflejan la realidad del barrio. Lo único que dicen es que ahora están viviendo en condiciones peores a las de antes. El diputado oficialista por el MPP Washington Silveira los acompañó una tarde entera. Escucha y les responde con indignación. Les dice que alguien va a tener que explicar lo que pasó.
De oficina en oficina.

¿Por qué se llegó a este punto, en que decenas de familias quedaron en la calle? Desorganización es la palabra que surge, una y otra vez. Desde el Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), del Ministerio de Vivienda, sostienen que los vecinos nunca pasaron por esa oficina, aunque tras lo ocurrido ya concretaron con ellos una reunión para el próximo lunes. En el Ministerio de Desarrollo Social dicen que la encargada del tema es la Intendencia de Montevideo (IMM). En la comuna no hay una sola persona que centralice el tema, sino encargados de áreas que abarcan ciertos aspectos. En busca de una respuesta, el camino termina muriendo en las encrucijadas administrativas.

Y entre los que fueron habitantes de Nueva esperanza tampoco hay mucho consenso. Tras las notificaciones de las autoridades algunas familias abandonaron el asentamiento y otros se quedaron. Hay quienes dicen que no sabían que estaban cometiendo un delito y alegan que ellos no son delincuentes. Hubo otros que quemaron ramas y protestaron diciendo que no pensaban moverse del lugar. Al menos desde agosto de 2015 estas personas estuvieron reclamando por una solución, sin poder negociar una salida.

Una vecina de las viviendas de Parque Guaraní que prefiere no dar su nombre dice que intentó ayudarlos a organizarse, pero que desde el asentamiento rechazaron su ayuda. Ahora, intenta mantenerlos cerca de la zona para que los niños, unos 90, no se vayan lejos de la escuela. Recién este jueves pudo juntar a algunos para darles apoyo. Y la respuesta es, otra vez, el desorden.

Todo empezó con una denuncia del municipio. El asentamiento se estaba formando en un terreno que pertenece a la IMM y a privados. Cuando una denuncia llega a la intendencia, esta tiene 24 horas para llevarla ante las autoridades. En ese caso, la policía es la responsable de notificar a quienes ocupan ilegalmente y, por lo general, el tema se soluciona en pocas horas. De una forma u otra, se busca una solución. No es que haya ocupaciones todos los días, pero es un procedimiento habitual, indica el director de Asesoría Jurídica de la IMM, Ernesto Beltrame.

Al director de Tierras y Hábitat, Daniel Espósito, el conflicto le llegó a través del diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, quien hizo de nexo. "Los recibimos, les explicamos a los distintos representantes cuáles eran los programas y les manifestamos la necesidad de que se organizaran y pidieran ingreso a la cartera de tierras. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, les dijimos", recrea Espósito.

Según dice, los representantes del asentamiento no tuvieron en cuenta las alternativas que les brindaron, entre las que estaban además apoyos para la autoconstrucción, planes de asesoramiento y otras opciones. Espósito considera que este caso va a servir "de advertencia" y que va a llevar a que otras personas en situación similar consideren los caminos legales para acceder a la vivienda.

Beltrame entiende a este como "un caso sui géneris". Generalmente, tras la intimación la gente se va. Lo raro fue que el primer juez que tomó el caso decidiera hacer pericias y audiencias con los vecinos, acota. "Eso dilató todo".

El director del área jurídica no pensó que el caso pudiera terminar en el procesamiento sin prisión de siete personas y con prisión para una que tenía antecedentes. Ante la pregunta sobre si hay un cambio de postura frente a la ocupación —hubo un caso reciente en Los Bulevares, con personas procesadas— Beltrame responde que siempre fue la misma. "Por lo menos desde que estoy aquí siempre se procedió de la misma forma, rápidamente", dice. La ocupación no es la forma de "saltearse todos los trámites". "Si no sería sencillo, bastaría con ocupar un terreno municipal para obtener una solución".

Cuando el caso llegó a sus manos —tras un cambio de titular—, la jueza Ana de Salterain ordenó que se detuviera y trasladara a un representante de cada familia al juzgado. La jueza explica que muchos de los que habían sido llamados en calidad de indagados no se presentaban. "Yo no podía sacarlos por la fuerza sin escucharlos con un abogado de por medio. La usurpación es un delito como cualquier otro y tienen que tener las garantías del debido proceso", argumenta.

De Salterain dice que les explicó que la ley le permitía procesarlos a todos, pero que si decidían retirarse no lo iba a hacer. Eso fue lo más flexible que pudo ser, cuenta.

Los vecinos alegaban que se les había prometido que iban a poder estar ahí. La jueza recuerda que el hombre que fue preso por tener antecedentes planteó lo suyo como un "acto heroico". Al resto se le dieron 72 horas para dejar el lugar y para este martes, Nueva esperanza ya estaba vacía. Pacíficamente vacía.

La ONG Techo hizo llegar a El País un comunicado en que expresa su desaprobación ante "cualquier tipo de desalojo que no contemple una solución transitoria y/o definitiva" para las familias. En el documento agregan que sin una propuesta alternativa este tipo de episodios pueden desintegrar núcleos familiares y dificultar el acceso a las redes, como el trabajo y la educación.

El diputado Rubio, quien recibió a los vecinos en su despacho para asesorarlos, fue tajante: "Me parece gravísimo este endurecimiento represivo hacia gente que pelea por una solución vital que es la vivienda". Unidad Popular presentó un proyecto de ley de vivienda social, que propone la construcción de soluciones habitacionales a cambio de una cuota de un 10% del sueldo de la persona durante 25 años. En el gobierno, "deberían recordar lo que planteaban hace unos años con respecto al tema de la vivienda", agregó.

Cardozo y su marido pidieron lugar en un asentamiento, pero no se lo dieron porque estaba lleno. Ella es hurgadora, al igual que su marido, y ambos esperan a juntar algo de plata para empezar de nuevo. Conseguir un lugar en un asentamiento le puede costar entre 27 y 28 mil pesos, así que por ahora se va a quedar en la plaza, cruzando los dedos para que no la echen.
Solucionar la vivienda por el lado de la ley.

Según datos del censo de 2011 procesados por el Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), en ese año existían 589 asentamientos en todo el país y más de la mitad estaban en Montevideo. Desde la oficina se prepara un informe que actualice los datos que según dijo su directora, Cecilia Cairo, se publicará en 2017. Según la información disponible, la cantidad de asentamientos en Montevideo no ha crecido, sino que los ya existentes se han extendido. Mediante los programas de regularización de barrios del PMB se terminaron 16 obras que abarcaron a 6.318 personas y entre 2005 y 2016 un total de 83 obras que llegaron a 38.472 personas. De momento, hay 54 obras en carpeta para un total de 27.869 habitantes.