Pedro Bordaberry involucrado en los “Panama papers”

El escándalo desatado por el denominado “Panama papers” alcanzó a la política uruguaya en la persona del senador colorado Pedro Bordaberry, el que aparece involucrado por haber usado una empresa fantasma del estudio panameño Mossack Fonseca para esconder el arrendamiento de un terreno. Así lo reveló el diario argentino Clarín, que recuerda que en Montevideo, una de las representantes de Mossack es Odile Frederik.

La situación de Bordaberry se remonta 1999 cuando el excandidato presidencial colorado simuló el arrendamiento de las tierras de Rausa, “pagando” 85 centavos de dólar la hectárea, durante 15 años, al mismo tiempo que compraba un crédito del BROU contra Rausa, de U$S 3.400.000 en U$S 2.250.300.

Según publicó en esa ocasión Caras y Caretas Bordaberry, le elevó una carta al intendente fernandino, Camilo Tortorella. En ella le aclaró que la sociedad anónima que representa “se encuentra integrada por diversos inversores que se reunieron con el fin de adquirir los inmuebles que se dirán”. Se trataba de las tierras de la ex Rausa, cuyos padrones tenían una deuda de valor significativo de contribución inmobiliaria y que Bordaberry se ofreció a pagar.

Cuatro años y medio más tarde, el 29 de marzo de 2004, recuerda el artículo, el BROU cedió el crédito de Rausa a la empresa Levsey S.A., representada por Bordaberry. El crédito estaba valuado en 3.500.000 dólares, pero la sociedad lo obtuvo por 2.250.300 dólares.

Agrega Caras y Caretas que el 29 de junio, la empresa Portmar Investment Group SA, con sede en Panamá, le otorgó un poder general a Bordaberry, para hacerse cargo de unos campos en Maldonado, en la localidad de Gregorio Aznárez, donde se ubicaba Rausa. Estos le habían sido cedidos por la empresa Levsey SA, la misma en la que Bordaberry era asesor legal y representante.

Levsey SA vendió la cesión de derechos por 2.250.300 dólares.

Enterado del fraude, el Instituto Nacional de Colonización (INC) los llevó a juicio civil por daños y perjuicios y acción simulatoria. Luego de seis años, en diciembre de 2012, se llegó a un acuerdo extraoficial: el INC se quedaría con los campos de Gregorio Aznárez más la suma de 250.000 dólares por concepto de indemnización.
Caras y Caretas