Por primera vez condenan a empresario por secuestros durante la dictadura en Argentina

Por primera vez la justicia argentina condenó a un empresario por su responsabilidad en secuestros durante la dictadura. Se trata de Marcos Levin, expropietario de la empresa de transporte La Veloz del Norte.

El ex dueño de la empresa de transporte La Veloz del Norte, Marcos Jacobo Levin, fue condenado a 12 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Levin fue sentenciado por la privación ilegítima de la libertad de Víctor Cobos, ex empleado de su empresa que en esa época fue delegado gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Cobos estuvo secuestrado en la Comisaría 4ta de Salta Capital, donde recibió castigos físicos y psicológicos, y fue amedrentado de tal forma que padece consecuencias hasta la actualidad, según informa Clarín.

Junto con el empresario marcharon a prisión los ex policías Víctor Bocos y Víctor Hugo Almirón, que también fueron condenados a 12 años, mientras al ex agente Enrique Cardozo se le impusieron ocho años por encontrarlo responsable de torturas.

La causa contra Levin y los ex policías se inició en octubre del año pasado y en ella hubo testimonios determinantes como el del presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky.

Según las querellas, Levin, que era presidente de la Federación de Empresarios Salteños del Transporte (Festap) y propietario de la firma más importante del sector en Salta, "se valió de la estructura represiva para disciplinar a sus empleados y obtuvo beneficios de las autoridades dictatoriales, como ampliar rutas comerciales", indicaron.

Los hechos se remontan a principio de la década de 1970, cuando se organizó el sindicato del sector Unión Tranviarios Automotor (UTA) en Salta y en otras provincias del norte argentino, y comenzaron a reclamar mejores condiciones laborales.

 Antes del golpe de Estado de 1976, la Festap pidió a la policía provincial que aplicara a los gremialistas la llamada ley antisubversiva, que habilitaba a las fuerzas armadas y de seguridad a reprimir la violencia política.

En enero de 1977 el dueño de La Veloz denunció en una comisaría de Salta un supuesto fraude a su empresa y entregó una lista de una veintena de trabajadores supuestamente involucrados en la maniobra. Según las denuncias, al menos 16 empleados fueron detenidos y obligados a confesar bajo tortura.

Sin embargo, solo el caso de Cobos llegó a juicio debido a que por ser sindicalista se lo admitió como una persecución política. Las denuncias restantes esperan un pronunciamiento de la Corte, para saber si llegarán a juicio oral.