Juez de Ciudad de la Costa también se inhibirá de investigar crímenes de paraguayos en Solymar
El juez de Ciudad de la Costa, Pablo Benítez, decide este lunes si se inhibirá o no de asumir la investigación del homicidio del matrimonio paraguayo de Solymar del cual su colega, Marcela Vargas, se apartó días atrás.
El motivo por el cual Benítez aún no se decide es que la joven de 16 años que murió embestida por la camioneta cuyos ocupantes fueron baleados es hija de una de las actuarias del juzgado. "Mi situación, por razones obvias, es igual a la de Vargas y si tomo el caso mi imparcialidad puede verse afectada", explicó Benítez a El Observador.
El juez estima que tomará la decisión final el lunes aunque es "muy probable" que tramite la misma inhibición de oficio -mecanismo previsto en el artículo 326 del Código General del Proceso- que su colega. Luego de elevar el planteo al tribunal de apelaciones penal Benítez deberá esperar a si aceptan su solicitud o no.
En el caso de Vargas la ministra del Tribunal de Apelaciones Penal de 3° Turno, Bernadette Minvielle, explicó que la inhibición de oficio planteada por la jueza fue adecuada porque "la chica fallecida era hija de la actuaria y la conmoción del episodio causó en el sentir colectivo del personas de la sede".
El vocero del Poder Judicial, Raúl Oxandabarat, explicó que cuando Vargas presentó su inhibición días atrás que cuando se aprueban este tipo de recursos las causas son derivadas al otro juez de turno del penal de Ciudad de la Costa que, eventualmente, también podría excusarse por la misma razón.
Por su parte la justicia continúa investigando hasta que punto las dos personas procesadas en la noche del pasado viernes por el crimen en Casabó mantienen algún vínculo con el caso del matrimonio paraguayo asesinado en Solymar.
Benítez, por su parte, explicó que no hay urgencia en la investigación del vínculo entre ambos crímenes porque tanto Walter Horacio Alfonso Linares, alias "Manolo", como Cristian Nicolás Taborda Fleitas ya se encuentran privados de libertad.
Fuentes del Ministerio del Interior dijeron que los detenidos son "pesados" y que varios tienen antecedentes penales. Las fuentes aseguraron que para la Policía hay pruebas que los vinculan con los crímenes de Solymar y Casabó, pero en cualquier caso también deberían ser imputados por tenencia de drogas y armas.
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