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CAUSA ABIERTA

Ola de ejecuciones de activistas de derechos humanos en Arabia Saudita

Ola de ejecuciones de activistas de derechos humanos en Arabia Saudita

Un artista sentenciado a muerte por apostasía. Tres jóvenes musulmanes –arrestados cuando eran menores de edad– a la espera de ser decapitados. Se habla de la inminente ejecución de otras 50 personas.

La imagen de Arabia Saudita parece estar transformándose radicalmente por el incremento del uso de la pena de muerte, que recientemente ha disparado las alarmas en la comunidad internacional.

El respeto a los derechos humanos ha estado sobre el tapete desde enero de este año, cuando el bloguero liberal Raif Badawi fue azotado públicamente luego de ser encontrado culpable de insultar al islam.

El mismo mes apareció un perturbador video de una mujer de nacionalidad birmana acusada de asesinato, que gritaba repetidas veces que no era una asesina hasta que se observa cuando su cabeza es cortada con una espada, en una calle de Arabia Saudita.

Hasta ahora más de 150 personas han sido ejecutadas, la cifra más alta registrada por organizaciones no gubernamentales en los últimos 20 años.

Docenas de estos casos se trataban de individuos convictos por crímenes no violentos, como por ejemplo consumo de drogas.

De hecho, defensores de los derechos humanos advierten que muchos de estos expedientes fueron procesados en juicios parcializados.
Falta de transparencia

Amnistía Internacional describió la situación como "una ola de ejecuciones sin precedentes que han generado un nefasto hito en el uso que las autoridades sauditas han dado a la pena de muerte".

La pregunta inmediata ante semejante accionar es: ¿qué hay detrás de este aumento en el número de ajusticiamientos?

La respuesta es difícil de obtener debido a la falta de transparencia en el sistema legal de este país.

Adam Coogle, representante de Human Rights Watch y encargado de monitorear el uso de la pena de muerte en Arabia Saudita, comenta que hay muchas especulaciones sobre las causas.

"Sin embargo, nadie sabe por qué. Los sauditas no han dado ninguna explicación y no lo harán".

Algunos han buscado una justificación vinculada al contexto del país, que desde inicios de año ha registrado diversos hechos de gran impacto.

En enero se produjo la sucesión del rey Salmán por su hermano Abdullah, de enfoque más liberal y quien dio comienzo a una nueva política exterior más vigorosa.

En marzo arrancó la campaña de bombardeos a los campamentos de los rebeldes hutíes en Yemen, donde murieron miles de civiles.

Luego ocurrió la estampida en el hach puso al país nuevamente bajo los ojos de la comunidad mundial.

Posteriormente se ha hecho más tangible la amenaza a la seguridad nacional representada por los extremistas sunitas, con el autodenominado Estado Islámico o sus afiliados asesinando al menos 50 personas en el este y sur del país.

A pesar de ello, las estadísticas demuestran que el incremento en el número de ejecuciones comenzó antes de 2015. Específicamente en agosto de 2014, según advierten activistas de los derechos humanos.

"Casi todos los ejecutados fueron sentenciados por asesinato o por drogas, y es posible que las cifras aumenten porque el crimen está elevándose, trayendo consigo más homicidios y más personas contrabandeando drogas al país", comenta Coogle.
Mostrar dureza

Otra teoría para explicar lo que ocurre se basa en que Arabia Saudita se encuentra en un proceso de reestructuración de su sistema legal desde hace unos años.

"Eso puede ser una explicación, ya que con más tribunales y jueces trabajando el sistema tiene capacidad para procesar un mayor número de casos que se encontraban atrasados", indica Coogle.

La tercera teoría esboza un enfoque más regional, donde se percibe a gobiernos con una mayor inclinación a aplicar penas de muerte, un escenario en el que destacan Paquistán y Jordania.

"Se cree que en momentos cuando hay inestabilidad en la región los líderes deben mostrarse duros", argumenta Coogle.

Entre los que enfrentan penas de ejecución figuran militantes de Al Qaeda, así como disidentes shiítas involucrados en las revueltas que sacudieron el este del país a comienzos del 2011.

"Las sentencias de muerte son un castigo contra los manifestantes chiítas, sin importar si estuvieron involucrados o no en hechos de violencia".

"El mensaje que se ha enviado es muy claro: si sales a la calle a retar al gobierno saudita, corres el riesgo de pagarlo con la vida", concluye Coogle.

Pena Capital en Arabia Saudita

    La forma más común de ejecución es decapitación con espada.
    Las ejecuciones a menudo son realizadas en público.
    Los crímenes castigados con pena de muerte incluyen asesinato, adulterio, traición, sexo gay, delitos de drogas, hechicería y brujería, y apostasía.
    Activistas de derechos humanos afirman que los acusados a menudo no son sometidos a juicios justos.
    Las familias de prisioneros que enfrentan pena de muerte no siempre reciben información avanzada sobre las ejecuciones.

El caso de un joven manifestante chiita, Ali al Nimr, quien se ha convertido en la imagen de quienes enfrentan una ejecución, ha atraído pedidos de líderes mundiales al rey Salmán para que muestre clemencia y se rehúse a firmar la orden de ejecución.

Fue condenado por una serie de delitos, incluidos atacar a la policía con bombas molotov en protestas antigubernamentales en el este del país cuando tenía solo 17 años y estaba en el colegio.

Su familia dice que la confesión que hizo fue forzada y que la firmó después de que se le dijo que sería liberado.
"Mano dura"

"Las ejecuciones no son la única preocupación seria sobre derechos humanos", dice Sevag Kechichian, investigador saudita de Amnistía Internacional.

"Ha habido una despiadada y sistemática mano dura contra activistas de derechos humanos y contra la disensión pacífica en general, incluidos blogueros y acitivistas en internet".

"Si estás en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estás obligado a mantener los más altos estándares en la promoción y protección de los derechos humanos", agrega.

Arabia Saudita, polémicamente, se convirtió en miembro de este consejo en 2013, por un período de tres años.

Documentos filtrados publicados este año sugieren que diplomáticos británicos y sauditas acordaron apoyarse entre sí para la selección del consejo de 47 miembros.

Las autoridades sauditas rechazan las críticas internacionales a su historial de derechos humanos, afirman que su sistema legal, basado en los principios de la sharia, debe ser respetado.
Informe BBC

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