Gobierno y organizaciones civiles preparan homenaje a Vladimir Roslik

Luego de la reparación moral y homenaje a Luis Batalla, el primer muerto por torturas en Uruguay, el Ministerio de Defensa y organizaciones civiles preparan un reconocimiento similar a Vladimir Roslik, el último fallecido por la misma causa, en este caso a manos de la dictadura.

Se colocará una placa en el cuartel de Fray Bentos, el centro de detenciones y de violaciones a los derechos humanos donde se perpetró el asesinato.

El homenaje a Roslik se realizará a fines de año, indicó el director de Asuntos Jurídicos, Notariales y Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional, Roberto Caballero. Este médico de profesión nacido en San Javier, Río Negro, fue torturado hasta morir el 16 de abril de 1984, en las postrimerías de la dictadura (1973-1985) en el Batallón Nº 9 de la capital departamental.

Durante el anuncio del próximo acto, Caballero recordó la figura de Luis "Nucho" Batalla para explicar que el objetivo de la instalación de la placa fue "homenajear a un hombre del Frente Amplio, detenido y masacrado en pocos días" en el cuartel de Infantería Mecanizada N°10 de Treinta y Tres, donde murió el 25 de mayo de 1972 cuando aún regía el sistema democrático en el país gobernado por Juan María Bordaberry, quien poco después encabezaría el golpe de Estado.

Batalla era un obrero de la construcción militante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y como tal fundador del Frente Amplio en 1971.

El interrogatorio en el cuartel y su fallecimiento se produjeron antes del comienzo de la dictadura el 27 de julio de 1973. El caso derivó en una crisis política que desembocó el 19 de junio en la renuncia del ministro de Defensa Nacional de entonces, Enrique Magnani. El denunciante en el Parlamento fue el diputado por el PDC, Daniel Sosa Díaz.

Los homenajes a Roslik y a Batalla se suman al realizado el 4 de marzo en el Batallón de Infantería N°4 de Colonia del Sacramento a Aldo Perrini, el trabajador secuestrado en Carmelo que murió a raíz de las torturas sufridas en ese centro militar el 3 de marzo de 1974.

Caballero destacó la participación proactiva de las jerarquías militares de hoy en la preparación de los homenajes y en los actos de reparación.

"No hemos tenido ningún problema en ninguno de los actos, al contrario, encontramos la mejor buena voluntad para ubicar las placas en los lugares de mayor visibilidad por parte de la ciudadanía", expuso.

"Tanto el comandante en jefe del cuartel de Colonia como el de Treinta y Tres son hombres que se recibieron de alférez luego de recuperar la democracia y cuando ocurrieron los asesinatos ambos iban aún a la escuela", apuntó.

"Las nuevas generaciones de oficiales y subalternos no tienen por qué portar con una mochila que no les corresponde. Es una carga dolorosa, con desapariciones, secuestros, injusticias y torturas. Ellos en el período dictatorial ni se habían recibido", explicó Caballero.

La iniciativa está enmarcada en la Ley N°18.596 que incluye la reparación moral "con el fin de restablecer la dignidad de las víctimas y establecer la responsabilidad de los mismos", según el texto legal. Esta normativa promueve la concreción de acciones materiales o simbólicas de reparación en sitios públicos donde se hayan efectuado violaciones a los Derechos Humanos de forma notoria.

Para gestionar la iniciativa, la ley instaló una comisión especial integrada por los ministerios de Educación y Cultura, que la preside, de Economía y Finanzas y de Defensa Nacional, a los cuales se incorporan dos delegados propuestos por organizaciones sociales y designados por el Poder Ejecutivo.

Caballero señaló que cualquier organización social puede solicitar la colocación de una placa de homenaje a través de esta comisión.