El sindicato del INAU para 24 horas y denuncia a Fulco

Después del tsunami que sacudió el Sistema de Responsabilidad Penal Empresarial (Sirpa), que terminó con el procesamiento de 26 funcionarios, 17 de ellos con prisión por autoría de un delito de tortura, y los otros nueve, entre ellos el presidente del sindicato, José Lorenzo López, sin prisión por coautoría del mismo delito, la dirección intenta "poner la casa orden".

Y para ello el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) cederá temporalmente personal de su cartera, que pasará a desempeñarse en locales del Sirpa, pero particularmente en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili), Ciedd y ex hogar SER

La presidenta del Sirpa, Gabriela Fulco, dijo a El País que será personal de calle que está acostumbrado a trabajar con personas en situaciones "diversas y complejas".

Se realizará, además, un llamado para contratar al menos 40 nuevos funcionarios. Según Fulco, se buscarán personas de diversos perfiles, desde educadores a técnicos de distintas áreas. "Estamos analizando qué es lo que necesitamos. Lo importante es que lentamente vamos repuntando", aseguró.

La situación en los locales del Sirpa era ayer de "estabilidad", según la jerarca. "Se está cumpliendo con los distintos puntos de la esencialidad", indicó.
Del otro lado.

El sindicato del INAU, que también recibió el fuerte sacudón de los procesamientos y el decreto de esencialidad, ataca ahora varios frentes.

Hoy realiza un paro de 24 horas, harán un plenario nacional y marcharán a la sede del Sirpa. La medida, que es bajo la consigna "si tocan a uno, nos tocan a todos" y es contra el "atropello judicial", reducirá la locomoción, las oficinas estarán cerradas y habrá guardias gremiales en servicios de tiempo completo.

Ayer, en tanto, el gremio le pagó con la misma moneda a la administración y presentó una denuncia en su contra, dirigida particularmente contra Fulco, quien está desde el pasado fin de semana con guardia policial por temor a un eventual atentado, según habían informado a El País fuentes del Ministerio del Interior.

Los trabajadores aseguran que en la madrugada del domingo 23 los menores que fueron trasladados al exhogar Puertas estuvieron 16 horas esposados, sin alimentación ni asistencia médica.

"La administración dice que fue porque no había candados para cerrar las celdas, pero después terminaron cerraron las celdas con las esposas, cosas que se podía haber hecho desde el principio", comentó a El País el secretario general del sindicato, Carlos Salaberry.

La denuncia se suma a la que presentó el lunes la directora del Sirpa contra efectivos de la Guardia Republicana que se encargaron de trasladar a un grupo de menores desde el Centro de Privación de Libertad (Ceprili) al ex hogar Puerta. El traslado se produjo durante la madrugada del domingo y tras el cual varios menores presentaron heridas.

Fulco dijo que presentó los certificados médicos y las actas con la declaración de los menores. El lunes el presidente Tabaré Vázquez dijo en Florida que si se comprueba que agentes policiales golpearon a los menores se les dará de baja de inmediato.
En la sede.

A nivel judicial, los abogados del gremio, Raúl Williman y Juan Fagúndez, preparan la apelación del auto de procesamiento. "Vamos a intentar que la apelación vaya con un testimonio del expediente al Tribunal y no con el expediente principal para tramitar las libertades provisionales porque no hay que olvidarse que hay 17 personas privadas de libertad", explicó el doctor Williman.

El juez Iribarren, que hizo lugar al pedido de la fiscal Adriana Umpiérrez, aseguró que se probó un "trato que negaba la dignidad de las personas privadas de libertad" en los incidentes del 24 de julio en el Ceprili, imágenes que fueron difundidas por los medios y analizadas en la sede penal.

Los abogados entienden que el Ministerio Público "le erró" en la tipificación del delito imputado y pretende atribuirle "la misma responsabilidad" a quien propició los puntapiés a un interno, como a quien colocó esposas y grilletes o, "peor aún", a quien se quedó quieto observando.

"No discrimina las conductas individuales de cada funcionario sino que lo estableció como si el cúmulo tuviera una especie de conducta única. Es para analizar porque hay grados de participación. La autoría y coautoría no marca quién es quién. La única diferencia que hay es en aquellos que designa como cómplices", explicó Williman.
Funcionarios presos ya fueron derivados.

Los 17 funcionarios del Sirpa que fueron procesados con prisión por el juez penal Gustavo Iribarren, que hizo lugar el pedido de la fiscal Adriana Umpierrez, ya no están en Cárcel Central a dónde fueron trasladados el viernes, tras la audiencia. Según informó el secretario general del sindicato, Carlos Salaberry, fueron distribuidos en centros de reclusión donde no están en contacto con personas que pudieron haber estado privadas de libertad con ellos desempeñando funciones en el Sirpa. "Se pidió eso y por el dato que tenemos se está cumpliendo".