“La herencia maldita, pura y dura de los gobiernos colorados”

El diputado de Asamblea Uruguay, José Carlos Mahía, aseguró que el Estado deberá afrontar un pago millonario por el fallido Plan Fénix y se preguntó si se le dará tanta importancia como la que tuvo el caso Pluna, si la justicia actuará o si los responsables no deberán responder con su patrimonio.

El legislador aseguró en su columna de Facebook que este plan “que anunciaba inversiones multimillonarias para una zona de Montevideo hasta hoy bastante deprimida, para la zona de la Aguada” pero el emprendimiento no se concretó y ahora se generó “uno de los peores juicios contra el Estado que se conozca”.

Relató, citando un artículo del matutino El País, que en 2001 una de las empresas de Barboni ( Glenby S.A.) realizó un acuerdo por el que mediante un pago previo de 250 mil dólares le habilitaba a obtener en concesión por 30 años la ex Estación de trenes y playa de maniobras de AFE con el objeto de desarrollar un emprendimiento que incluía cinco torres de apartamentos, otra de oficinas y un hotel.

Agregó que “extrañamente” el Estado, a través de SADUF (S.A.), empresa creada por el Banco Hipotecario de la época para hacerse cargo del asunto, no entregó en tiempo y forma el bien reclamado por el empresario y este no pagó la segunda cuota que debía entregarse al año siguiente.

“Fue sencillo, más o menos así, el último día del plazo para entregar el bien el empresario fue con un escribano, sacó el boleto para uno de los últimos trenes que viajaban entonces y dejó constancia que la Estación de trenes aún estaba en funcionamiento y por lo tanto no podía hacerse del bien”.

En consecuencia, señala el legislador, el empresario “le reclamó al Estado con los dos pies juntos: US$ 1000 MILLONES que naturalmente salen del erario público, o sea de su bolsillo”.

A comienzos de 2006 en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados se analizaron todas estas irregularidades y otras de menor calibre. Pero este caso entonces estaba en manos de la Justicia por lo que lo que se investigara a nivel parlamentario y saliera a luz entonces podía constituirse en eventuales elementos a ser utilizados en contra del Estado, relató el legislador.

Agregó que hay varias preguntas que quedan pendientes. ¿Cuál fue la razón que llevó a los representantes del Estado a entregar después del plazo un bien al cual se había comprometido entregar en fecha? ¿Le competen responsabilidades civiles o penales a quienes así actuaron?

¿Los medios de comunicación, que tanta atención ocuparon en el tema de Pluna, se ocuparan en igual proporción en un juicio que puede costarle 5 veces más al Estado?

¿Seguirán con cámaras y micrófonos a los caballeros de la derecha que fueron responsables de este despropósito?
¿Actuara de oficio la justicia para saber cómo y por que el Estado puede llegar a perder esta cifra histórica?
Concluyó que este tema costará dinero al Estado, “recursos que seguro pueden faltar para políticas sociales, para empleo y se preguntó si serán las medidas anticíclicas de las que habla la oposición.
“Herencia maldita, pura y dura” concluyó.
Resumen de UNoticias