Acuerdo para control ambiental culmina el largo conflicto por Botnia

Uruguay y Argentina pusieron punto final hoy al largo conflicto bilateral causado por la instalación de una fábrica de celulosa, el más grave en varias décadas, con la firma de un acuerdo que establece el control ambiental conjunto del río que separa ambos países. El canciller uruguayo, Luis Almagro, y su par argentino, Héctor Timerman, sellaron el acuerdo, que establece la puesta en marcha del un comité científico ambiental esta misma semana tras una reunión en Montevideo. En declaraciones a los medios, Timerman manifestó su "alegría" por la culminación de un "proceso largo" que con el tiempo será considerado "un hito" en el cuidado del medio ambiente. "El acuerdo priorizó el control medioambiental por encima de todo, y que se llevara adelante el fallo de La Haya, estamos satisfechos, estamos convencidos que hemos hecho lo mejor para la gente que vive en el río Uruguay", afirmó el ministro.
Según el acuerdo, este comité, formado por dos científicos uruguayos y dos argentinos, tendrá como misión primaria controlar la calidad ambiental tanto dentro como en las inmediaciones de la planta papelera de UPM (ex Botnia), germen del conflicto, así como en general de las aguas del río Gualeguaychú, del río Uruguay y de todos los centros urbanos, agrícolas e industriales de la zona.
El cronograma presentado por los ministros establece que el comité científico, que formará parte de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el organismo bilateral encargado de controlar el uso de las aguas, iniciará sus trabajos el jueves próximo y tendrá 60 días para elaborar una agenda.
El documento firmado señala explícitamente que el comité podrá entrar hasta 12 veces al año dentro de la fábrica acompañando a las autoridades uruguayas para tomar muestras de los vertidos que analizarán de forma independiente.
Por parte uruguaya los miembros del comité serán el ingeniero y ex presidente de la delegación uruguaya en el CARU Eugenio Lorenzo, y el ex decano de la facultad de Química de la Universidad de la República Alberto Nieto.
Argentina dispuso que sus expertos sean Juan Carlos Colombo y Guillermo Esteban Lyons, una designación que generó controversia entre los ambientalistas, ya que si bien unos reconocieron que eran expertos en el asunto, otros criticaron que el Gobierno no hubiera designado a ningún investigador propuesto por ellos.
Timerman consideró además que tras esta firma, Argentina da por "resuelto" el conflicto con Uruguay y cierra "cualquier tipo de necesidad de protestas" por ese motivo.
Así, esta decisión pone fin al conflicto bilateral surgido en 2006, cuando se puso en marcha en la ribera uruguaya del río fronterizo la planta de Botnia, que con 1.800 millones de dólares se convirtió en la mayor inversión individual en la historia de Uruguay.
Ciudadanos argentinos de la vecina Gualeguaychú, quienes acusan a la planta de contaminar las aguas del río, decidieron cortar de forma ininterrumpida el paso fronterizo entre ambos países para reclamar el cierre de la fábrica.
Los reclamos por uno y otro lado tensaron las relaciones entre ambos países hasta un punto desconocido desde hace décadas.
Tanto Uruguay como Argentina llevaron el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, cuyo fallo emitido el pasado abril reconoció que Montevideo vulneró convenios vigentes entre ambos países por no informar sobre el proyecto, pero descartó que la planta contamine y que deba ser desmantelada.
La corte recomendó también a ambos Gobiernos la instalación de un grupo conjunto de control sobre el río.
El pasado 28 de julio, el presidente uruguayo, José Mujica, y su par argentina, Cristina Fernández, acordaron la creación de ese comité científico, mientras que los ambientalistas de Gualeguaychú decidieron retirarse de la ruta para facilitar el diálogo.
Posteriormente, varias reuniones entre Mujica y Fernández y sus respectivos cancilleres fueron perfilando el acuerdo que hoy fue ratificado.