Leyes como la de Arizona en América Latina; recuerda la BBC

La mayoría de los países latinoamericanos han condenado la ley de Arizona, conocida como SB 1070, que en su forma original autorizaba a la policía de ese estado de EE.UU. a solicitar documentación a quienes sospecharan de ser indocumentados. Incluso, en una declaración conjunta el pasado 21 de julio, congresistas de México, Ecuador, Uruguay, Panamá, Bolivia, Guatemala, Cuba y Chile calificaron la norma de "racista" y "xenófoba".
¿Pero qué pasa con las leyes de inmigración en América Latina?
Elba Coria, consultora de temas migratorios de México, le dijo a BBC Mundo que en la mayoría de los países de la región el problema de las leyes sobre la materia es que se prestan a interpretación y eso lleva a muchas arbitrariedades.
No obstante, Coria destacó que hay algunas naciones que tienen legislaciones "tan duras o discriminatorias" como las de Arizona. BBC Mundo presenta tres ejemplos. México es el país que más ha protestado por la aprobación de la ley SB-1070 en Arizona, que -según organizaciones civiles- en su forma original promovía la persecución y el hostigamiento de indocumentados. Pero en materia migratoria, las normas mexicanas se parecen a la que se impugnó en un juzgado federal de Estados Unidos. La Ley General de Población (LGP) y su reglamento, que regulan la estancia de los extranjeros en el país, exigen que cualquier autoridad, notarios públicos y hasta corredores de comercio verifiquen la calidad migratoria de los extranjeros que soliciten algún trámite o servicio.
Y eso no es todo. Como en Arizona, en México conseguir empleo también es un riesgo para los indocumentados. El artículo 74 de la LGP afirma que "nadie deberá dar ocupación a extranjeros que no comprueben previamente su estancia legal en el país". De acuerdo con la ley, los únicos que pueden detener a indocumentados son agentes del Instituto Nacional de Migración y policías federales. Pero en cualquier momento pueden solicitar ayuda a dependencias policiales locales y, de ser necesario, encerrar en prisiones a los extranjeros detenidos, según establece el artículo 94 del reglamento de la citada norma.
Al igual que en Arizona, los policías tienen la posibilidad de interrogar a los inmigrantes en cualquier sitio de México y si encuentran alguna infracción a las leyes "el personal autorizado podrá llevar a cabo su aseguramiento", dice el artículo 152 de la LGP.
Esto ha generado miles de abusos contra indocumentados, según organizaciones civiles.
"Sirve para extorsionar a migrantes porque en la práctica cualquiera puede detenerlos", le dijo a BBC Mundo Diana Martínez, coordinadora de atención de la organización Sin Fronteras.
El presidente Felipe Calderón ha reconocido que se han cometido algunos abusos y resaltó que "el país está obligado a darle un trato humano, justo y respetuoso a los migrantes".
Muchas violaciones de derechos ocurren porque no existen controles en las leyes, afirmó la activista.
Un ejemplo es la revisión de documentos migratorios. Los agentes interrogan a quienes sospechan que son indocumentados porque no existen criterios por escrito para hacer esta selección.
"Buscan a los que parecen centroamericanos, que están sucios o viajan con gorra y mochila en la parte trasera de los autobuses", aseguró Martínez.
Según organizaciones internacionales, México es uno de los países de América Latina donde más se violan los derechos de indocumentados, no solo por autoridades sino por bandas de delincuencia organizada.
Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó más de 10.000 secuestros de migrantes en los primeros meses de 2009, la mayoría cometidos por grupos criminales.

Elenen Jan ha vivido en República Dominicana desde 1978 cuando llegó desde su tierra natal, Haití, junto a su esposo, para trabajar en el corte de la caña.
En 31 años no ha podido regularizar su situación de inmigrante. El único documento que ha podido obtener aquí es un carnet, llamado ficha, que otorgaban los ingenios a sus trabajadores y a sus familias.
"No importa cuanto tiempo estés aquí. La ley no te otorga un derecho de obtener la residencia. Ése es el problema", le cuenta a BBC Mundo su hija, Altagracia.
Uno de los aspectos más criticados de la ley de inmigración aprobada en 2005 es que a los indocumentados se los considera, desde el punto de vista legal, como si estuvieran en tránsito.
El problema es que la norma se refiere a todas las personas que son irregulares como no residentes "y una persona puede ser considerada como tal aunque haya vivido y trabajado aquí por muchos años, según esta nueva interpretación", le dijo a BBC Mundo Bridget Wooding, del Observatorio de Migrantes en el Caribe.
Para personas como Elenen Jan, una agravante es que no se otorgó una amnistía para indocumentados que ya llevaban décadas en República Dominicana.
"Hubo la posibilidad de regularizar el estatus de muchos haitianos que están en el país irregularmente pero eso no se hizo, que es lo que se debería haber hecho", afirmó Wooding. Se calcula que hay 500.000 haitianos indocumentados en República Dominicana.
Muchos de ellos habían recibido un carnet o ficha que les permitía acceso a algunos servicios por su condición de trabajadores azucareros e incluso la posibilidad de obtener actas de nacimientos para sus hijos. Con la nueva ley esto ha cambiado.
"La ficha que tenía mi mamá ya no sirve para nada", le contó a BBC Mundo Altagracia, la hija de Elenen.
Wooding explicó que en muchos casos se están desconociendo estos carnets porque se está aplicando la ley de forma retroactiva.
En la práctica, con la nueva norma no pueden hacer eso.
Francisco Quintana, del Centro para la Justicia Internacional (CEJIL), con sede en Estados Unidos, afirmó que el concepto de "tránsito" también se quiere aplicar ahora retroactivamente a los hijos de los haitianos.
Esto incluye a personas que ya son adultas y cuyos papeles de identidad no se reconocen hoy en día, porque la ley considera que heredan el estatus de sus padres, a los cuáles se considera en tránsito.
Altagracia, la hija de Elenen, nació y creció en República Dominicana, pero sus documentos no son reconocidos por las autoridades.
"Mi mamá ha estado en tránsito desde hace 31 años, yo estoy en tránsito. Es un tránsito eterno", dijo.

El 1º de marzo de este año entró en vigencia en Costa Rica una ley de inmigración que ha generado miedo y confusión entre los cientos de miles de nicaragüenses que viven en ese país como indocumentados.
La nueva norma define medidas destinadas a un mayor control, con la creación de una policía migratoria que tiene el derecho de ingresar a cualquier sitio y efectuar inspecciones en hoteles y lugares de trabajo, e incluso centros de diversión, sin necesidad de una orden judicial.
El tema ha sido ampliamente debatido en los diarios de Nicaragua, muchos de los cuales comentaron que esta legislación no dista mucho de la de Arizona.
Por su parte, las autoridades han destacado que la ley incluye criterios para que los funcionarios actúen con pleno respeto a los derechos humanos, algo que no existía en la normativa anterior.
El problema, según dijo a BBC Mundo Gigi Bonnici, consultora de temas migratorios basada en México, "es que es casi imposible entrar en casas privadas sin orden judicial y decir que estás cumpliendo con el respeto a los derechos humanos. Representa una violación al derecho a la privacidad. Faltaría ver cómo se irá aplicando esto".
Bonnici añadió que Costa Rica "es un país donde los migrantes sufren alto grado de discriminación y este tipo de acciones lo empeora, porque hace que la sociedad los vea como delincuentes".
La ley también requiere que los hoteles mantengan un registro de todos los extranjeros. Los individuos que sean sorprendidos transportando inmigrantes ilegales desde o hacia Costa Rica podrían ser castigados con penas de entre dos y seis años de cárcel. Contempla, además, penalidades para las empresas que contraten a trabajadores indocumentados.
Las autoridades han destacado que la legislación permitirá el combate efectivo al tráfico de personas.
Otro punto que inquieta a los nicaragüenses sin residencia legal en Costa Rica es que cada indocumentado que sea detectado tendrá que pagar una multa de US$100 por cada mes de estadía en el país.
El diputado Agustín Jarquín, presidente de la Comisión de Población de la Asamblea Nacional de Nicaragua, le dijo a BBC Mundo que la norma establece el pago de altas sumas que dificultan la regularización de los inmigrantes ilegales.
"Esta ley plantea una serie de cobros por servicios, validaciones, etcétera, que impide que en la práctica la población migrante regularice su situación".
Jarquín afirmó que algunos aspectos se pueden subsanar por medio de medidas administrativas, pero otros requieren de una reforma a la legislación.
En busca de recursos
Según Larry Burns, director del Consejo para Asuntos Hemisféricos (COHA) -una organización de Estados Unidos-, se trata de una ley destinada a generar recursos para el Estado costarricense y eso explica las altas multas.
"En Costa Rica hay una gran resentimiento con la cantidad de inmigrantes ilegales que llegan al país y tienen acceso a educación y salud de forma gratuita, en un momento en que los servicios sociales carecen de los recursos necesarios", afirmó.
Varios organismos de derechos humanos, incluyendo el Servicio Jesuita de Migrantes, denunciaron que se han cometido una serie de "arbitrariedades" en los primeros tres meses de aplicación de la norma.
"Denunciamos enérgicamente también el abuso de las autoridades cuando les decomisan los pasaportes y los rayan de manera arbitraria, siendo el pasaporte un documento de identidad personal. El decomiso y la afectación de los pasaportes es una de las violaciones de derechos más preocupantes", dijeron en un comunicado conjunto.