EEUU se harta: "Es hora de que el Gobierno de facto suelte la pala, deje de cavar y resuelva la crisis"

El Gobierno de EE.UU. dijo hoy que es hora de que el régimen de facto en Honduras deje de "cavar" y ayude a resolver la crisis política en ese país, al considerar que hasta ahora solo ha contribuido a profundizarla. "Creo que es hora de que el régimen de facto suelte la pala. Con cada acción están haciendo más profundo el agujero, y es hora de que busquen un derrotero más constructivo", dijo en rueda de prensa el portavoz de la Casa Blanca, Philip Crowley.
El portavoz calificó de "lamentable" la reciente expulsión de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de Honduras y reiteró la postura de Washington de que "es hora de que ambas partes realicen un diálogo sustancial" para resolver la crisis.
La posición del Gobierno de EE.UU., enfatizó Crowley, es que las partes se acojan al Acuerdo de San José, propuesto por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, para que el depuesto mandatario hondureño, Manuel Zelaya, pueda completar su mandato hasta enero de 2010.
Zelaya se encuentra alojado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa desde su sorpresivo regreso a Honduras el lunes pasado.
"Seguimos apoyando la intervención de la OEA... seguimos apoyando el proceso de San José como el mejor mecanismo para resolver la situación en Honduras, y alentamos a las partes a que firmen el acuerdo y lo cumplan", subrayó el portavoz, quien aseguró que no existe un "Plan B" para resolver la crisis.
Crowley no quiso pronunciarse sobre si el regreso de Zelaya fue un acto "irresponsable", como sugirió el representante de EE.UU. ante la OEA, pero indicó que, en todo caso, Zelaya "está allí" y su regreso es "una oportunidad para el diálogo".
Crowley hizo esas declaraciones en unos momentos en que la OEA realiza una reunión del Consejo extraordinario para estudiar una resolución de condena a la expulsión de una misión del organismo regional.
Mientras, el Gobierno de facto ha suspendido las garantías constitucionales de los derechos civiles, incluyendo la libertad de asociación y la libertad de prensa, por 45 días, en la víspera de las manifestaciones planeadas para marcar los tres meses desde que ocurrió el golpe de Estado en contra de Zelaya.
El Gobierno del presidente interino, Roberto Micheletti, ha dicho que las medidas son para contrarrestar las "llamadas a la insurrección" de Zelaya, pero estas últimas acciones han desatado las críticas de grupos defensores de los derechos humanos y organizaciones periodísticas.