Juez argentino pide a España extradición de piloto de "vuelos de la muerte"

Un juez federal solicitó el miércoles a España la extradición del ex marino Julio Poch, detenido la semana pasada en Valencia, acusado de centenares de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar de 1976 a 1983.
El sitio oficial de Internet de la Corte Suprema informó que "el juez federal Sergio Torres pidió a España la extradición del teniente de fragata Julio Poch por su presunta participación en 950 casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante el último gobierno militar".
El sitio añadió que Poch también es uno de los imputados "en los casos que tuvieron como víctimas a la joven sueca Dagmar Hagelin, a las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y al periodista Rodolfo Walsh. También está acusado de haber participado en los denominados 'vuelos de la muerte', donde aviones habrían arrojado cuerpos humanos al Río de la Plata".
Poch fue arrestado el martes de la semana pasada en el aeropuerto de Valencia durante la escala de un vuelo procedente de Amsterdam que él mismo piloteaba.
El ex marino, que posee ciudadanía holandesa, trabaja como piloto comercial para una compañía aérea europea.
Poch piloteaba de manera frecuente un vuelo entre Amsterdam y Valencia, en la costa mediterránea española, que solía realizar una escala de algo menos de una hora antes de regresar a Holanda. Tras confirmar su identidad a través de Interpol, la policía española aprovechó la escala para detenerlo.
La Secretaría de Derechos Humanos argentina informó entonces que en 2007 había recibido información proveniente de Holanda sobre "un aviador civil de origen argentino y con nacionalidad holandesa (que) se jactaba de haber sido piloto de los aviones que tras el golpe militar de 1976 arrojaban al mar prisioneros con vida".
Poch prestó servicios en la Armada como teniente de fragata hasta enero de 1981.
Los delitos que se le imputan fueron cometidos en la ESMA, un vasto predio ubicado en el barrio de Nuñez de esta capital por cuyos calabozos se estima que pasaron unos 5.000 detenidos, la mayoría de los cuales fueron asesinados después de haber sido sometidos a torturas.
Según cifras oficiales, durante la última dictadura militar argentina desaparecieron unas 13.000 personas, aunque los organismos de derechos humanos aseguran que la cifra asciende a 30.000.