Gobierno de Uruguay pretende anular ley de amnistía a militares: "si no lo hacemos el mundo nos va a condenar"

La Cancillería enviará al Parlamento un proyecto de ley para anular la ley de Caducidad. El canciller Luis Almagro advirtió ayer a un grupo de legisladores y dirigentes del Frente Amplio que Uruguay corre el riesgo de recibir una condena internacional. “Nuestro país debe adaptar su legislación a la normativa internacional. Si no lo hacemos, nos van a condenar”, advirtió ayer el canciller Luis Almagro durante una reunión sostenida en la Torre de los Profesionales con legisladores del FA. El ministro, junto al subsecretario Roberto Conde, se reunió con los integrantes de la izquierda en las Comisiones de Relaciones Internacionales de ambas Cámaras y del FA para abordar temas de integración y advirtió sobre las consecuencias que tendría para el país mantener la vigencia de la norma. Almagro recordó que Uruguay fue demandado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) de la Organización de Estados Americanos (OEA) “por las demoras en diligenciar la investigación” del caso de María Claudia García de Gelman. En ese sentido, instó a los legisladores a avanzar en la búsqueda de caminos de entendimiento para conseguir la eliminación de la ley de Caducidad.
Por otra parte, fuentes del gobierno aseguraron a Ultimas Noticias que desde el Ministerio se trabaja en la elaboración de un proyecto de anulación para enviar al Parlamento. Si bien la figura de la anulación no existe desde el punto de vista jurídico, tanto la Cancillería como el FA pretenden avanzar sobre un proyecto que anule la norma y la declare inexistente.
La izquierda aspira a generar una figura diferente a la derogación, que no tiene carácter retroactivo. Si se deroga la norma, los militares que no fueron procesados porque se ampararon en la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado quedarían impunes.
Pese a tener diferencias internas respecto a la lectura que debe hacerse del fracaso en los plebiscitos de derogación, el FA está encaminado en generar un proyecto que aborde el tema a nivel parlamentario. El mes pasado la Mesa Política conformó una comisión integrada por legisladores de todos los sectores con representación parlamentaria y las bases, que comenzaron a trabajar sobre tres propuestas básicas elaboradas en forma respectiva por los diputados Felipe Michelini (NE) y Carlos Cotiño (PVP) y por el abogado Oscar López Goldaracena (1001). La intención de los representantes de la izquierda es avanzar sobre un texto para enviar al Parlamento y la Cancillería comparte la idea.
Almagro destacó ayer en el encuentro que la ley de Caducidad es uno de los pocos temas en materia de Derechos Humanos que generan críticas desde el exterior y dijo estar “preocupado” por el tema de la “impunidad en general y del caso Gelman en particular”. El tema está en la agenda política del gobierno desde comienzos de este mes, cuando el canciller informó al Consejo de Ministros sobre la necesidad de derogar la ley de Caducidad para responder a las demandas internacionales.
La Cidh sostuvo en su reclamo que mientras la Ley de Caducidad siga vigente, Uruguay estará en falta con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, por lo que reclamó que se la deje sin efecto con el argumento de su incompatibilidad con la normativa ratificada por el país, que impide aplicar amnistías a delitos de lesa humanidad.
El 5 de este mes, Almagro adelantó al presidente José Mujica la necesidad de respaldar las acciones parlamentarias para eliminar la norma y hubo coincidencia en la búsqueda de medidas complementarias, como la conformación de una reparación integral para los familiares de los desaparecidos y la instalación de un “Museo de la Memoria” en el edificio donde actualmente funciona el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) del Ejército.