Investigan un millonario fraude en la represa de Salto Grande

Un juez de Buenos Aires investiga millonarios fraudes cometidos en la administración de la represa argentino-uruguaya de Salto Grande, situada sobre el fronterizo río Uruguay. La investigación, en manos del juez federal Ariel Lijo, responde a un denuncia penal sobre irregularidades en la cesión de terrenos y pagos indebido de indemnizaciones, entre otras defraudaciones al Estado argentino, según dijeron las fuentes al diario La Nación. La demanda, que se basa en el resultado de auditorías, fue presentada por Enrique Stola, uno de los tres delegados argentinos en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que administra la represa, en la que Uruguay tiene otros tres representantes. Stola denunció que se fraguaron planos municipales y eso permitió que particulares que ocuparon terrenos que habían sido expropiados para Salto Grande fueran declarados dueños de esas tierras por medio de juicios fraudulentos.
Señaló que tales maniobras dieron lugar a que algunas de esos propietarios reclamaran luego una indemnización por inundaciones, con lo cual el Estado argentino se vio obligado a resarcir por terrenos que ya había comprado en la década de los años 70, cuando se acordó con Uruguay la construcción de la represa. La denuncia de Stola alude a una auditoría que analizó 11 expedientes de reclamaciones contra Salto Grande y detectó anomalías en seis, entre ellas el pago de indemnizaciones de parte de la Secretaría argentina de Energía en las que aparentemente se desembolsaron 4.000.000 pesos (cerca de un millón de dólares) de más, señalaron las fuentes.
Lijo ha pedido informes a la Secretaría de Energía y al municipio de Santa Ana, en la provincia argentina de Entre Ríos, fronteriza a Uruguay, entre otras tramitaciones judiciales. Los gobiernos de Argentina y Uruguay anunciaron en mayo pasado que analizan la posibilidad de incrementar la generación en la represa binacional de Salto Grande, que tiene una potencia instalada de 1.890 megavatios.