Empieza juicio contra Videla y otros 31 represores argentinos

El tribunal oral federal uno de la ciudad de Córdoba empezó hoy un importante proceso judicial contra el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, el ex jefe del tercer cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez y otros 30 acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura militar. Videla fue trasladado de Campo de Mayo a Córdoba el sábado anterior y alojado en un pabellón especial de dicha cárcel de la capital cordobesa.
Al establecer la dimensión de este nuevo juicio contra Videla, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, presente en el proceso, consideró que se trata "nada menos que del juicio a los máximos responsables del genocidio argentino y todos estamos convencidos de que no se puede profundizar la democracia sobre la ciénaga del olvido y la impunidad".
Calificó de paso "muy grande en el avance del proceso de verdad, memoria y justicia el encausamiento de los responsables del periodo más cruel de la historia argentina", tanto por los crímenes que se juzgan como por los altos jefes militares que están en el banquillo de los acusados.
Expresó que deben ser juzgados "todos los responsables, sean militares, civiles o policías, los que hayan sido miembros o los que hayan consentido los crímenes de la dictadura".
El juicio se inició poco antes del mediodía y será extenso por la cantidad de testigos que comparecerán ante el tribunal. En este caso se unificaron dos causas: la que investiga crímenes cometidos en la unidad penitenciaria número uno (UP1) de Córdoba por el fusilamiento de 32 presos políticos que estaban detenidos desde antes del golpe de Estado del 24 de 1976, por tanto a cargo del Poder Juidicial, y otra por secuestros y torturas cometidos por el Departamento de Informaciones Policiales (D2).
La causa UP1 tienen como principal imputado a Videla, al constar que 32 víctimas fueron obligadas a simular un intento de fuga. El mayor inculpado en el primer caso es Videla, quien es procesado en otras causas, y el segundo Menéndez. Es el tercer juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Córdoba y el primero a Videla después del histórico litigio contra los miembros de la Junta Militar. En Mendoza, capital de la provincia del mismo nombre, comenzó hoy el primer proceso que se realiza en el lugar por cuatro casos de más de 200 desapariciones forzadas. Otros responsables son el general Menéndez, quien está siendo juzgado en Córdoba, y el coronel Aníbal Guevara, miembros de la policía de Mendoza, así como el médico Cristóbal Ruiz Pozo y el abogado Raúl Egea, también integrantes de ésta.
Por otra parte, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió hoy con el mandatario de la República Árabe Siria, Bashar Assad. Dijo al visitante que "Argentina quiere ser actor protagónico en la construcción de la paz en Medio Oriente".
Añadió que su gobierno está convencido de que resolver la problemática de Medio Oriente es central para la paz y la seguridad mundial”, recordó que este es un país de integración "abierto y de paz", y agradeció el apoyo sirio en los foros internacionales "por su permanente defensa y apoyo a nuestra soberanía sobre las islas Malvinas e igual que nosotros apoyamos la entrega de los Altos del Golán a Siria".
Por otra parte, la agencia oficial Télam firmó un acuerdo de cooperación e intercambio con la Agencia de Noticias Árabe Siria (Sana), por lo cual sorprendió en la tarde el duro comunicado del poderoso lobby de la Delegación de Asociaciones Israelitas-Argentinas (DAIA), cuyos dirigentes repudiaron "categóricamente" la presencia del presidente sirio en el marco de su visita oficial por Latinoamérica, que incluye Cuba, Venezuela y Brasil.
Según la DAIA, Assad preside "una dictadura en Medio Oriente en la que no respetan los derechos humanos, las minorías política son perseguidas y los opositores políticos encarcelados y asesinados". Se le acusa de antisemita, como hace con cualquier político o grupo que critique aquí la política del gobierno de Israel. Llamó también a otros organismos y partidos políticos a expresar su condena. Organizaciones sociales y humanitarias tildaron el comunicado de "injerencista".