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CAUSA ABIERTA

¿Quién miente en España?

¿Quién miente en España? El gobierno español dijo este martes que el acatamiento a la medida de fuerza de los funcionarios públicos en contra del plan oficial de austeridad sólo alcanzó el 12%, pero los sindicatos respondieron que un 75% de trabajadores cumplieron con la huelga. Los gremios habían llamado a los casi 2,5 millones de trabajadores públicos que hay en España a secundar un paro general en contra del recorte salarial del 5% impuesto por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. La medida forma parte del paquete de austeridad con el que España pretende ahorrar un total de US$19.000 millones en los próximos dos años. La secretaria de Estado para la Función Pública, Consuelo Rumí, explicó que "dentro del respeto que al gobierno le merecen las organizaciones sindicales convocantes, se puede decir que la huelga ha tenido un alcance limitado". Por su parte, los sindicatos mayoritarios del país, valoraron como "un éxito" la jornada y acusaron al ejecutivo de falsear los datos de participación. El líder de la organización sindical Comisiones Obreras, Ignacio Fernádez Toxo, dijo que "es problema del gobierno si se contenta con maquillar las cifras" y añadió que hubo "un nivel de respuesta muy importante en los centros de trabajo y en las salidas a la calle". Además, Fernández Toxo advirtió al gobierno que debe terminar con el conflicto social, de lo contrario, "que a nadie le quepa duda de que habrá una huelga general que será masiva porque será entendida por toda la sociedad española". Los diferentes métodos en el conteo de los trabajadores que acataron la huelga son la causa de la gran disparidad entre los datos de sindicatos y gobierno, según la agencia de noticias española EFE. El ejecutivo llevó a cabo controles de presencia y contó las firmas de los trabajadores que llegaron a cada turno, según informó Rumí. Sin embargo, los sindicatos restaron credibilidad a ese sistema porque aseguraron que las asistencias nunca se firman.
Por otro lado, las organizaciones sindicales denunciaron que el gobierno impuso unos servicios mínimos excesivos (el 6% de la plantilla), que el secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Cándido Méndez, calificó de "hachazo al derecho constitucional de la huelga".
Tanto el ejecutivo español como los principales sindicatos reconocieron que la huelga no afectó demasiado a los principales servicios públicos como la Sanidad o la Educación.
Los efectos más significativos fueron el bloqueo en el acceso a algunos puertos como el de Valencia o de Bilbao, cortados por la acción de los piquetes.
También algunas de las principales calles de Madrid y Barcelona quedaron intransitables. En la capital catalana la quema de neumáticos en una de las arterias de la ciudad provocó importantes estancamientos en el tráfico. Las protestas, que se sucedieron por todo el país, se cerraron con una multitudinaria marcha central en Madrid que congregó a 8.000 personas, según la Policía Nacional, y a 75.000, según los sindicatos.
Como explicó la corresponsal de la BBC en la capital española, Gavin Hewitt, "multitudes de trabajadores del sector público se reunieron para mostrar su enojo" golpeando cacerolas y tambores.
Entre ellos estaba Elisa Deoran, quien dijo a la BBC que "estamos muy enfadados porque esto no es sólo un ataque a nuestros derechos y nuestros salarios, es un ataque a la asistencia social. Es un ataque a todos los servicios públicos".
Según apuntó Hewitt, esta huelga "fue una prueba de fuerza entre un gobierno bajo una extrema presión para reducir el déficit, y los sindicatos, que aseguran que el sector público no tiene que pagar los errores de otros".

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