Uruguay dijo no al control conjunto con Argentina dentro de Botnia

El canciller uruguayo, Luis Almagro, descartó hoy la posibilidad de que funcionarios argentinos puedan controlar la planta papelera de UPM en Fray Bentos desde el interior, tal y como solicita el Gobierno de Buenos Aires. Según dijo el canciller en declaraciones recogidas por la emisora El Espectador, el asunto del control interno de la planta "es un tema de soberanía" y su país se va a "mantener firme al respecto".
"Nuestra posición, de alguna manera, tiene una firmeza mayor en cuanto a no permitir el ingreso a la planta para monitorearla", dijo el diplomático.
Estas declaraciones se producen un día después de la cumbre mantenida entre los presidentes de Uruguay, José Mujica, y Argentina, Cristina Fernández, en la que entre otras cosas se dieron un plazo de 60 días para definir los criterios para el estudio conjunto de la situación medioambiental del Río Uruguay.
Este río, fronterizo entre ambos países, es escenario de un largo conflicto bilateral sin resolver por la instalación de una fábrica de celulosa a la que ambientalistas argentinos acusan de contaminar las aguas.
Almagro dijo en este sentido que no será la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) la encargada de cerrar el acuerdo por la vigilancia del río, sino que serán los propios cancilleres los que los determinen con criterios "políticos y jurídicos, y no técnicos".
"En los próximos 60 días vamos a tener que sentarnos los dos cancilleres, con el fin de ver si tenemos la posibilidad de un trabajo común que nos permita el monitoreo de acuerdo a como lo entendemos uno y otro", afirmó.
La construcción en la localidad de Fray Bentos de la fábrica de celulosa de la empresa finlandesa Botnia (hoy UPM), que comenzó a funcionar en 2007, dio origen a un bloqueo de protesta sobre el puente internacional que une a ambos países por parte de activistas de la vecina población argentina de Gualeguaychú.
Esta protesta continúa pese a que un fallo emitido el pasado 20 de abril por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya descartó que la fábrica haya provocado daños medioambientales, como denuncian los manifestantes argentinos.