Miles de latinos dicen no a ley “hitleriana” en Arizona

En una decisión que tendrá amplias repercusiones, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, desafió ayer al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al promulgar la ley SB1070 que abre las puertas a la criminalización y persecución de inmigrantes indocumentados en ese estado.
Nada más firmar la ley, que entrará en vigor dentro de 90 días y que dará inicio a una intensa batalla legal para poner en tela de juicio su constitucionalidad, miles de manifestantes salían a las calles de Phoenix, Tucson, Nueva York, Los Ángeles y Chicago para rechazar una legislación que ha conseguido energizar la base del movimiento a favor de los derechos de los inmigrantes y que tendrá su punto culminante el próximo 1 de mayo, con una serie de marchas de repudio en distintos puntos de Estados Unidos.
Al justificar su decisión, la gobernadora Brewer culpó al gobierno federal y al Congreso por la falta de acciones para reforzar la seguridad fronteriza y aseguró que, “a pesar de que mucha gente no está de acuerdo” con esta legislación, el estado de Arizona “no está dispuesto a seguir sacrificando la seguridad de sus ciudadanos por la codicia homicida de los cárteles. No podemos permanecer indiferentes, mientras los secuestros y la violencia de los carteles comprometen nuestra calidad de vida”, insistió Brewer al convertir así a los cárteles mexicanos y a la inacción de Washington en su principal argumento para defender la que constituye la ley más restrictiva en materia migratoria que se ha visto en EU y que coloca a los hispanos en la mira de los cuerpos de seguridad y en objetivo de pesquisas y detenciones.
Precisamente, el riesgo de que la nueva legislación en Arizona se convierta en una excusa para la práctica del “racial profiling” o de detenciones de ciudadanos a partir sólo de la apariencia racial, ha sido causa de preocupación para la administración Obama, que ayer mismo emitía un mandato para ordenar a su Departamento de Justicia monitorear muy de cerca las implicaciones de esta ley en el terreno de los derechos civiles.
“Ya he instruido a miembros de mi administración para monitorear muy de cerca la situación y examinar las implicaciones de esta legislación”, aseguró ayer Obama quien, horas antes de la promulgación de la ley SB1070, ya la había repudiado por considerar que este tipo de disposiciones legales “están mal encaminadas” y son “irresponsables”, no sólo porque resultan una afrenta a los derechos civiles de los ciudadanos, sino porque suponen una puerta falsa para resolver el problema de la inmigración indocumentada.
Rodeado por líderes de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes en los jardines de la Casa Blanca, el presidente urgió al Congreso a trabajar a favor de una reforma migratoria integral y manifestó su esperanza de que un grupo de senadores republicanos se sumen a los esfuerzos que hoy parecen encontrarse en un punto muerto. “Si permanecemos sin actuar a un nivel federal, seguiremos viendo esfuerzos equivocados en todo el país”, advirtió Obama en referencia al caso de Arizona, que podría servir de ejemplo a otros estados fronterizos.
La legislación promulgada ayer en Arizona convertirá en un delito estatal el encontrarse ilegalmente en el país.
También obligará a los agentes policiales a interrogar a cualquier persona sobre su situación migratoria, ante la simple la sospecha de que ese individuo se encuentra ilegalmente en el país.
La firma y promulgación de esta polémica ley no ha estado exenta de urgencias electorales para Jan Brewer, quien enfrenta una disputada elección primaria republicana el 24 de agosto y uno de sus adversarios, el tesorero estatal Dean Martin, le había desafiado a firmar el proyecto.
La organización proinmigrante Fraternidad Americana calificó como “hitleriana” a la nueva ley. La Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) condenó el “reinado de terror racial” en el estado de Arizona.
El representante federal Raúl Grijalva, demócrata por Arizona, cerró ayer sus oficinas en Tucson y Yuma al informar que ha recibido amenazas de muerte a raíz de su vigorosa oposición a la iniciativa antiinmigrante en esa entidad.