Se viene La Haya y Argentina abre el paraguas

La embajadora y experta en asuntos del Atlantico sur de la cancillería argentina Susana Ruiz Cerruti que encabezó el reclamo de su país contra Uruguay en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, brindó un reportaje a la publicción diaria El Argentino.
“Confiamos en que la Corte diga que Uruguay violó el estatuto”
"La embajadora  palpita el fallo de La Haya por el Caso Botnia. A días de conocerse el veredicto, la jefa de la delegación nacional confía en que el tribunal beneficiará a la Argentina. Tras el encuentro entre CFK y Mujica, afirma: “El buen diálogo entre presidentes facilita la administración de la sentencia”.
Siete años. Una demanda que fue presentada ante la Corte de La Haya, en 2005, y ya suma miles de fojas. Un equipo técnico de la Cancillería argentina y otra delegación presente ante el tribunal internacional que trabajaron en las memorias, contramemorias, réplicas y dúplicas presentadas. El estudio de noventa científicos de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata que fue adosado como prueba. Cientos de horas invertidas en negociaciones, análisis y argumentaciones. Todo un proceso que creció con el tiempo y que, como en las novelas, ya palpita el final. El próximo 20 de abril se conocerá el veredicto que resolverá el diferendo de la Argentina con el Uruguay por la instalación de las papeleras –Ence, que ya fue relocalizada, y Botnia, que funciona a toda máquina– a la orilla del río compartido entre ambos países. Y, se espera en Cancillería, resulte favorable para la Argentina. Al menos así lo confiesa Susana Ruiz Cerruti, que encabezó la delegación local. Experiencia, le sobra: embajadora de carrera, Ruiz Cerruti fue la única mujer en ocupar el cargo de canciller –nombrada durante el gobierno de Raúl Alfonsín–, es experta en asuntos del Atlántico Sur y participó en negociaciones clave como la del diferendo argentino-chileno por la disputa en Laguna del Desierto –por lo que fue condecorada con la Cruz Pro Eclesia et Pontifice y con la Orden de San Gregorio Magno otorgadas por el papa Juan Pablo II– y en la redacción del acuerdo con Londres para la reanudación de las comunicaciones con las Islas Malvinas, en la década del 90.
–El conflicto entró en la cuenta regresiva. ¿Cómo esperan el fallo?
–Con confianza. Hemos sido lo suficientemente elocuentes como para que la Corte de La Haya reconozca que acá hay un estatuto que debe ser cumplido y que Uruguay no lo cumplió. Nosotros argumentamos bien. La historia de este diferendo tuvo como causa la negativa del país vecino a cumplir con el Estatuto del Río Uruguay, de modo que confiamos en que la Corte diga que Uruguay violó el estatuto.
–¿Qué ganaría la Argentina de contar con un fallo favorable?
–Quisiéramos que nos sirva para fortalecer el estatuto y la necesidad de cumplirlo. Y porque además ratificaría nuestra posición desde el principio, al denunciar que no se estaba respetando ese acuerdo. Además, no hay que perder de vista que había dos plantas de celulosa instaladas en el margen izquierdo del río –Ence y Botnia– pero muchos otros proyectos revoloteando. Es decir, la preocupación argentina era que se colocaran muchas más papeleras allí. La española Ence proyectaba producir 500 mil toneladas de pasta de celulosa por año y la segunda de las empresas, un millón. Para que dimensionen esas cifras basta con saber que todas las papeleras juntas de la Argentina producen apenas tres cuartas partes de lo que produce Botnia anualmente. En ese sentido, si Uruguay seguía manteniendo la posición de no cumplir con el estatuto –al no consultar la opinión argentina–, veíamos un futuro muy comprometido para el Río Uruguay y también para los intereses de nuestro país. Y conservar el ecosistema del río es algo que nos debería interesar no sólo a nosotros sino a las dos partes.
–¿Podría haber un “empate” si, por ejemplo, la Corte asegura que se violó el estatuto pero que no hay contaminación?
–Si la aplicación del estatuto a este emprendimiento se ratifica, significa que la vida de la empresa, su funcionamiento y la influencia que pueda tener sobre el río deberá estar vigilada por la Comisión del Río Uruguay, la Argentina y el Programa de Vigilancia Ambiental que aplica. La Corte puede llegar a decir que no se viola la obligación de no contaminar, pero bastaría con que diga que el emprendimiento debe regirse por el estatuto, violado por el Uruguay, para que tenga que someterse al mismo. Esa situación no sería un cheque en blanco para que la empresa pueda hacer lo
que quiera.
–¿Pero el fallo a favor en ambos aspectos contribuiría a la relocalización de la fábrica?
–Si la Corte se pronunciara en el sentido de que ya se está produciendo un perjuicio sensible para el ecosistema, sin duda eso debería tener una consecuencia: múdese o cambien el destino de la planta, o la tecnología. Pueden tener variantes, no quiero especular con esto. Vamos a ver qué dice
la Corte.
–¿Qué va a pasar el día después? ¿Contribuye que haya habido acercamiento entre los presidentes José Mujica y Cristina Fernández?
–La Argentina ha hecho muchos esfuerzos por mejorar este diferendo por vía de negociación. En 2003, 2004, 2005, en marzo de 2006 y aun después de que el canciller Jorge Taiana informara y consiguiera el aval en el Congreso para llevar el caso a la Corte. El presidente Néstor Kirchner había intentado resolver la cuestión con Tabaré Vázquez pero Botnia se negó a paralizar su construcción hasta tanto se llegara a un acuerdo. Y también fracasó la mediación española, a través del rey Juan Carlos. Indudablemente el acercamiento entre jefes de Estado de los países facilitaría cualquier solución a un problema. Esto no fue posible hasta ahora. Por eso, el buen diálogo entre los actuales presidentes facilita la administración de la sentencia y constituye un buen marco para que reorganicemos los aspectos de la relación bilateral.
–¿La decisión de La Haya también afectará el futuro de los cortes de los ambientalistas?
–El tema del corte de los ambientalistas aparece de manera recurrente y, si bien está vinculado con este diferendo, no está contemplado en él. En diciembre de 2006, Uruguay intentó llevar el tema del corte en la ruta 136 a La Haya, que rechazó el pedido por entender que no se relacionaba con el Estatuto del Río Uruguay y, por lo tanto, no era de su competencia la resolución de la cuestión. No conozco la sentencia final pero le aseguro que la Corte Internacional no se pronunciará sobre ese tema."
Este reportaje se suma a filtraciones de la cancillería argentina a la prensa local sobre el posible fallo de corte de La Haya que sobre el fondo de la relocalización o el cierre de la planta de UPM (ex BOTNIA) en Fray Bentos, no se encontrarían pruebas de contaminación y desecharía jurídica y técnicamente esta eventualidad. (FIN)
*Reportaje de la publicción diaria El Argentino; Susana Ruiz Cerruti