Uruguay respeta "en general" los derechos humanos, pero hay violencia contra las mujeres, discriminación contra algunos grupos sociales y casos de tráfico de personas; según informe anual de EE.UU.

Gobiernos de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay "en general" respetaron los derechos humanos aunque se registraron abusos en el uso de la fuerza pública y la región siguió lidiando con los crímenes cometidos por dictaduras militares del pasado, según Estados Unidos. El informe anual del Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos en el resto del mundo describió problemas comunes en la región, como la deficiencia de los sistemas carcelarios, y problemas específicos de cada país.
ARGENTINA
Si bien el Gobierno de Argentina "en términos generales respetó los derechos humanos de sus ciudadanos", durante 2009 se registraron muertes causadas por el uso excesivo de la fuerza policial, abuso y torturas de sospechosos y reclusos en las prisiones, y "ocasionales arrestos y detenciones arbitrarias".
El año pasado siguió siendo débil la independencia del sistema judicial de Argentina y, según el estudio, continuaron la corrupción del Gobierno, la violencia doméstica contra las mujeres, el abuso infantil, el tráfico de personas para explotación laboral y sexual, y el trabajo de los menores de edad.
El año pasado los tribunales condenaron a 34 responsables de abusos de los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar (1976-1983) y continuaron los juicios que habían sido suspendidos entre 1989 y 1990, cuando el Gobierno perdonó a los autores de los abusos, apuntó el informe.
CHILE
El Gobierno de Chile también "respetó, en términos generales," los derechos humanos de sus ciudadanos durante 2009, pero "hubo informes aislados de uso excesivo de la fuerza y maltrato por parte de las fuerzas policiales, abuso físico en cárceles y prisiones y, en general, condiciones carcelarias deficientes".
De acuerdo con el documento del Gobierno estadounidense, las autoridades chilenas "en general tomaron medidas para investigar y para castigar a los abusadores".
Sin embargo, "la violencia doméstica contra las mujeres y los niños fue generalizada; hubo incidentes de tráficos de personas, algunos indígenas sufrieron discriminación (y) hubo muchos menores de edad empleados en la economía informal".
El Departamento de Estado apuntó, asimismo, que en 2009 los tribunales chilenos procesaron "numerosos casos históricos sobre la base de argumentos de los demandantes según los cuales el secuestro de presos políticos constituye un crimen continuado, no cubierto por la amnistía, a menos que pueda establecerse, mediante la identificación de restos, que el prisionero fue ejecutado".
PARAGUAY
EE.UU. sostuvo que aunque las autoridades paraguayas en general respetaron los derechos humanos de sus ciudadanos durante 2009, "hubo abusos graves en algunas áreas" y señaló como ejemplos informes de muertes causadas por los policías que "el Gobierno ocasionalmente investigó, pero procesó muy pocas veces".
También se registraron informes de torturas y abusos de detenidos por parte de agentes del Gobierno y "las condiciones carcelarias son rutinariamente de hacinamiento" en Paraguay, donde además "la interferencia política, la corrupción y la ineficiencia del sistema judicial son comunes".
El reporte estadounidense afirmó que "la corrupción gubernamental es un problema grave" en Paraguay, donde hay violencia y discriminación contra las mujeres, los indígenas, las personas con discapacidades físicas y los homosexuales.
URUGUAY
De acuerdo con el informe anual del Departamento de Estado, también el Gobierno de Uruguay "respetó en general los derechos de sus ciudadanos", pero las condiciones en las cárceles del país siguieron siendo deficiencias durante 2009.
En ese país se reportó violencia contra las mujeres y de discriminación "contra algunos grupos sociales", y además de algunos casos de tráfico de personas.
El año pasado el Gobierno uruguayo "continuó investigando las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar entre 1973 y 1985", indicó el estudio.
"El ex dictador militar Gregorio Álvarez, y el presidente elegido democráticamente y que estuvo en el cargo durante los primeros años del régimen militar, Juan María Bordaberry, fueron condenados y sentenciados a prisión por 25 a 30 años como coautores de homicidios agravados y desapariciones", recordó.