El poeta Gelman vuelve a atropellar a Uruguay

En una extensa nota en el diario oficialista "La República", se señala que la Ley de Caducidad tiene los días contados en Uruguay. Por lo menos parece un poco excesiva tal afirmación. El informe se titula: "Gelman: Uruguay "se allanará" a la denuncia y deberá dejar "sin efecto" Ley de Caducidad. Al poeta, como muchas veces, se le va un poco la mano y olvida que hace muy pocos días en una consulta popular, junto a las elecciones nacionales, la ciudadanía resolvió mantener vigente la controvertida ley, y ello fue posible merced a gran cantidad de votos de la propia izquierda, sino que vaya y le pregunte a su amiga, la ex ministra de Defensa, Azucena Berruti. Una debilitada OEA, que en muy poco tiempo será un organismo integrado por EEUU y
Canadá, una vez que los países de América Latina y el Caribe pongan el marcha el sueño ya hecho realidad, es la encargada de amenazar a Uruguay con una condena internacional. Gelman tiene mucho peso y razón en llegar a la verdad, pero de ahí a que vuelva a "meter la pesada" a nuestro país -que va a seguir buscando a los desaparecidos sin vulnerar una ley vigente- hay mucha distancia. En el reportaje se hace alusión a la liberación de los hermanos Peirano, luego de que la OEA le tirara de las orejas a Uruguay. Otros tiempos, casos diferentes y compararlos es notoriamente ofensivo. Además, en el informe se dice que la Ley de Caducidad será anulada por la intervención del Ejecutivo y el Parlamento o por la Suprema Corte de Justicia. Parece que el periodista es demasiado optimista y olvida que para levantar un pronunciamiento popular se necesita otro. Los restantes caminos no conducen a nada. Es de recibo transcribir el reportaje para tener una ida acabada de lo que pretende Gelman...o el periodista. Dice así:
"Los días de vigencia de la Ley de Caducidad estarán contados a partir de que el gobierno del presidente José Mujica admita la responsabilidad del Estado uruguayo en el caso Gelman y se vea obligado a dejar "sin efecto" la ley que otorgó impunidad a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. El Estado uruguayo designará este mes a sus defensores en el juicio que le realizará la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por el caso Gelman y ya estudia un mecanismo para "allanarse" (declararse culpable) a la denuncia y evitar una condena internacional al eliminar la Ley de Caducidad de su ordenamiento jurídico.
El juicio contra Uruguay fue iniciado formalmente el 21 de enero pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ya en 1992 había declarado que la Ley 15.848 era contraria a la normativa internacional y recomendó al gobierno del presidente Luis Alberto Lacalle que la quitara de la legislación uruguaya.
El poeta argentino Juan Gelman y su nieta Macarena denunciaron a Uruguay ante la CIDH el 8 de mayo de 2006 por su responsabilidad en la desaparición de María Claudia García de Gelman en 1976, por la supresión de la identidad de su hija nacida en cautiverio y por la falta de investigación y justicia debido a la aplicación de esa ley.
Uruguay será juzgado por contravenir derechos humanos internacionales que garantizan la protección judicial, la vida, la libertad y la integridad de las personas, como la identidad de los niños, y que obligan a sancionar en forma seria y efectiva a los responsables de esas violaciones a las normas de convivencia entre los seres humanos.
Para la CIDH la desaparición forzada de María Claudia "es una violación continuada de múltiples de sus derechos esenciales de carácter inderogable que se prolonga hasta la fecha. Por otra parte, la falta de conocimiento de la verdad y de juzgamiento de los perpetradores de los hechos del presente caso contribuye a prolongar el sufrimiento causado (...) en perjuicio de las víctimas y sus familiares a pesar del deber del Estado de proporcionar una respuesta judicial y una reparación adecuada".
"Que quede sin efecto"
Fuentes con amplio conocimiento del derecho internacional que han sido designadas en la nueva administración Mujica, confiaron a LA REPUBLICA que el Estado uruguayo no tiene "ninguna salida" en el juicio internacional por el caso Gelman y ya analiza cómo eliminar la ley, por que es el único camino para evitar una condena internacional.
"En los tres últimos años del gobierno de Tabaré (Vázquez), mientras se procesó el caso en la Comisión Interamericana, lo que se hizo fue ganar tiempo. Uruguay contestaba que la actual administración era sensible al tema derechos humanos y enumeraban sus logros, pero ni con prórrogas pudo responder al asunto Gelman", dijo el informante.
"Ahora, el caso llegó a la Corte y el Estado uruguayo no tienen otra salida que eliminar la Ley 15.848. Tiene que hacerlo más temprano que tarde y no puede arriesgarse a recibir una condena. Al iniciarse el juicio, cuando las partes presenten sus argumentos deberá allanar la denuncia, lo que implica aceptar su responsabilidad", agregó.
Según la fuente, una vez aceptada la responsabilidad del Estado uruguayo en el tema, se deberá encontrar una "fórmula" para eliminar la ley del ordenamiento jurídico nacional, ya que la CIDH entiende que a pesar de los plebiscitos que en 1989 y 2009 no lograron anular la ley, el Estado tiene mecanismos para dejar sin efecto la norma.
En su denuncia ante la Corte, la CIDH señala que, además de investigar la desaparición de María Claudia, el secuestro de Macarena y determinar las responsabilidades penales, Uruguay debe "adoptar medidas legislativas y de otra índole necesarias para que, de acuerdo con sus procesos constitucionales y las disposiciones de la Convención Americana, quede sin efecto la Ley Nº 15.848 o Ley de Caducidad".
El tema en la agenda
La decisión del Estado uruguayo de "allanarse" a la denuncia y evitar una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (que podría implicar hasta su expulsión de la OEA), coloca el tema en la agenda del gobierno del flamante presidente José Mujica, quien no hizo referencia al tema derechos humanos en su discurso de asunción.
Mujica recibió críticas al respecto sólo horas después de los actos de toma del poder, ya que varios referentes en la lucha por la verdad y la justicia le recriminaron su indiferencia a la presencia de los familiares de los desaparecidos cuando desfilaba en su "Pepemóvil" eléctrico desde el Palacio Legislativo hacia el edificio de la Presidencia.
En el ambiente de las organizaciones de derechos humanos, también se cuestionó al nuevo presidente por una supuesta falta de "voluntad política" en el apoyo del voto rosado en la campaña de las elecciones del pasado 25 de octubre, cuando no se alcanzaron los votos necesarios en el referéndum para anular la Ley de Caducidad.
El propio Mujica debió salir el pasado 5 de marzo a explicar que durante su gestión continuará la búsqueda de los desaparecidos ("si hay un pedido expreso o surgen nuevos hechos", acotó) y que seguirá interpretando la Ley de Caducidad como lo hizo su antecesor Tabaré Vázquez, cuyo gobierno habilitó todas las investigaciones judiciales.
Mujica también decidió dar continuidad a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz y se designó al Dr. Javier Miranda, hijo de un desaparecido, en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, que son los únicos ámbitos para el tema hasta que no se otorgue presupuesto y se constituya el Instituto Nacional de los DDHH, creado hace un año por el Parlamento.
Tres para una fórmula
Las posibilidades de que la Ley de Caducidad "quede sin efecto", como recomendó la CIDH y como exigirá la Corte Interamericana, tiene variadas y múltiples consecuencias, según cuál de los tres poderes del Estado tenga el protagonismo de crear una "fórmula" que respete, a la vez, la Constitución y las normas internacionales.
El Poder Ejecutivo puede tomar la iniciativa de enviar al Parlamento una norma que elimine la Ley 15.848 o puede ser el propio Poder Legislativo quien a través de la bancada del gobierno propicie la iniciativa legal que saque del ordenamiento jurídico uruguayo a la polémica ley, luego que dos iniciativas populares fracasaron en el intento.
La parlamentarización del tema promovería los interminables debates sobre si "derogar" la ley implica que existen cosas juzgadas que no se pueden revisar (y no se cumpliría el fallo de la Corte) y si "anular" la ley es posible ya que existen "bibliotecas jurídicas" contrarias a esa posibilidad (así lo declaró la ex ministra de Defensa, Azucena Berrutti).
También existe el camino de que intervenga directamente la Suprema Corte de Justicia, como lo hizo en el caso de los hermanos Peirano, cuya liberación ordenó como consecuencia de un fallo de la CIDH.
Una vía posible cuando la mayoría de los actuales magistrados ya declararon la inconstitucional de la Ley de Caducidad en un caso.
Sea cual sea la fórmula que se adopte, lo que parece claro es que los días de vigencia de la Ley de Caducidad están contados y que, más allá de las ambiguas señales del nuevo gobierno, el tema de los derechos humanos estará presente en los próximos cinco años con la reapertura de decenas de casos que fueron amparados en la impunidad".