Triste rebelión de los legisladores de izquierda en Uruguay: no quieren firmar pagarés y ruegan para que les quiten menos dineros de sus sueldos

La polémica en el MPP por el descuento en los sueldos de sus afiliados, se extendió al resto del FA. Varios legisladores se negaron a firmar un documento autorizando la quita del 15% de sus haberes, y reclaman que ese porcentaje sea menor.
Lejos quedaron los tiempos en que el Frente Amplio debía hipotecar la sede de la calle Colonia para financiar las campañas electorales y mantener parte de su estructura. En momentos en que el líder histórico de la coalición, general (r) Líber Seregni, presidía la coalición, muchas veces se hipotecó la sede para financiar las campañas. Empero, apenas culminaban los procesos electorales y el Frente Amplio recibía el pago del Estado por los votos obtenidos, Seregni encomendaba levantar en forma inmediata la hipoteca.
El crecimiento electoral de la izquierda en los últimos cinco años fue directamente proporcional al caudal de recaudación que logró el Frente Amplio por el dinero recibido por los votos obtenidos en las elecciones nacionales y departamentales.
A eso se suma el dinero que la izquierda recauda por el aporte del 15% de cada unos de los legisladores y cargos políticos, tanto a nivel nacional como departamental.
Empero, al iniciarse una nueva legislatura, desde la estructura de la coalición se planteó a los parlamentarios renovar -como se hace en el comienzo de cada período- el compromiso financiero por el cual en forma automática se debita del sueldo del senador o diputado el 15% de su sueldo.
Para sorpresa de muchos, no todos los legisladores estamparon su firma en el documento. Si bien la mayoría sí lo hizo, una minoría planteó que era necesario disminuir el porcentaje que se les descuenta, según afirmaron a El País fuentes de la coalición.
Al mismo tiempo sectores como el Partido Socialista, el MPP y el Nuevo Espacio, señalaron que se debe bajar el porcentaje de aporte, al considerar que la coalición puede mantener su estructura con menos recursos. Entre los planteos se señala que en lugar del 15%, el porcentaje se baje a 10%.
Si bien el 15% es el monto máximo de aporte que exige la coalición a sus dirigentes, existe una escala inferior para los que ocupan cargos de menor jerarquía y perciben sueldos medios en el Estado.
El tema de los aportes al Frente Amplio se desató en los últimos días, en medio de las discusiones que se comenzaron a procesar por los montos que recibirán los grupos y las direcciones departamentales para las elecciones municipales de mayo.
Aunque la situación financiera del Frente Amplio es holgada y estable, las fuentes recordaron que no todos los que ocuparon bancas, cargos políticos o ministerios, cumplieron con sus aportes a la coalición.
"Muchos de los legisladores que se ya no están o ministros en ejercicio, no tienen regularizada su situación", comentó una fuente.
El hecho de que en pleno proceso electoral desde la dirección del Frente Amplio se advirtiera que quienes no tuvieran sus aportes al día no podrían integrar listas, llevó a que figuras de primer nivel, entre ellos algunos ministros, dejaran su condición de "morosos" para integrar las planchas de octubre, aclararon las fuentes.
En medio de las controversias que comenzaron a generarse por el aporte mensual, en las últimas semanas los integrantes del conglomerado no lograron aprobar "el acuerdo financiero", por el cual se determina la forma en que se distribuirán los dineros para la campaña de mayo.
"Ahora el problema es la plata, es todo lo que se discute", advirtió una fuente.
Para las elecciones de octubre y luego de un largo proceso de tire y afloje, los grupos lograron por primera vez recibir el 53% del dinero que se calcula obtendrá el Frente Amplio en la elección. En cambio, la estructura, es decir las comisiones de propaganda, organización y finanzas, se quedarían con el 47% para llevar adelante toda la campaña institucional (avisos televisivos, actos, giras, folletería e incluso el pago de los haberes de los asesores publicitarios del presidente electo, José Mujica).
Tradicionalmente, el dinero se repartía 50% para los grupos y 50% para la estructura.
Pero el choque ahora se plantea porque parte de los sectores entienden que el dinero sólo debe dividirse entre los sectores y las direcciones departamentales, que promoverán en cada departamento las candidaturas de la izquierda.
La lucha por obtener un mayor porcentaje de dinero, llevó, según los informantes, a que una departamental del Interior que destinó US$ 25 mil para las elecciones de octubre, ahora "reclame US$ 200 mil, cuando ni siquiera se tiene seguridad de que el Frente ganará esa Intendencia", advirtieron los informantes.
En filas de la izquierda, algunos dirigentes entienden que la mayor inversión deberá realizarse en los departamentos donde el Frente Amplio tenga más probabilidades de obtener la Intendencia, y destinar partidas menores en los lugares donde los sondeos no le dan una buena performance.
Los términos del acuerdo financiero proseguirá en debate, y se mantendrá la discusión por el porcentaje que los dirigentes deberán realizar al Frente.
Los topes y la firma de pagaré
Si bien todos los grupos del Frente Amplio pagan, además de los aportes a la fuerza política, distintos porcentajes a sus sectores, sólo algunos grupos como el PCU, el MPP, o la CAP-L, tienen topeados los sueldos de sus dirigentes. El Nuevo Espacio es una de las excepciones en la izquierda, al ser el sector que menos condicionamientos pone a sus integrantes. La iniciativa del Comité Ejecutivo del MPP de proponer a sus legisladores a firmar 60 pagaré, como garantía de los aportes que realizarán en los próximos cinco años, generó fricciones en el grupo mayoritario del Frente Amplio y avivó el avispero de la izquierda. El MPP fijó en $ 37 mil el tope que recibirá cada legislador. El PCU es el que realiza la mayor retención, al fijar el sueldo de cualquier cargo político en $ 16.200.
Funcionarios, propaganda, alquileres, y mantenimientos
El dinero que recauda el Frente Amplio por el aporte de sus dirigentes, se vuelca al funcionamiento de la estructura de la coalición de izquierda en todo el país.
La coalición cuenta en su sede central con un número reducido de empleados rentados que realizan distintas funciones en el local de la calle Colonia. Todo el material gráfico que la coalición distribuye como propaganda y documentos programáticos también es financiado desde el Frente Amplio.
Los alquileres de locales que utilizan coordinadoras o departamentales, los gastos de mantenimiento y el pago de servicios, forman parte de la utilidad que el conglomerado le da a sus recursos. También financia algunos viajes de delegaciones de dirigentes al exterior, cuando representan al conjunto del conglomerado. La organización de eventos en el Interior del país, actos en Montevideo, así como la propaganda en los medios masivos de comunicación, también los paga la coalición al igual que del sueldo de funcionarios que cumplen la tarea de seguridad.
El País Digital