El alcalde de Buenos Aires acusa al Gobierno argentino de "complot"

El alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, denunció hoy ante la Justicia ser víctima de un complot del Gobierno argentino para impedir la puesta en funcionamiento de una nueva fuerza policial para combatir la inseguridad. La denuncia fue presentada por el procurador general de la ciudad, Pablo Tonelli, ante el juez federal Daniel Rafecas, informaron fuentes judiciales.
A ese marco de supuesta conspiración fue que el Gobierno de la capital del país atribuyó la infiltración en su estructura de Ciro James, un ex agente de la Policía Federal a quien se acusa de espionaje.
El escándalo se desató hace semanas, durante la investigación de una denuncia realizada por Sergio Burstein, familiar de uno de los 85 muertos que dejó en 1994 el atentado contra una mutualista judía de Buenos Aires, quien dijo que su teléfono estaba intervenido, según le habían advertido en una llamada anónima.
Burstein aseguró que quien le dio la información responsabilizó a Jorge Palacios, un ex comisario que debió renunciar en agosto a la jefatura de la nueva Policía Metropolitana después de que la comunidad judía le acusara de "encubrir" el ataque contra la mutualista, el mismo delito que ahora también le ha imputado la Justicia.
El juez Norberto Oyarbide, que lleva la causa, estableció que los servicios secretos habían intervenido el teléfono de Burstein por orden de un juez de la provincia de Misiones (noreste) que investigaba un homicidio.
Dos policías de Misiones, que están detenidos, declararon haber recibido la recomendación de efectuar las escuchas de Ciro James, quien aspiraba a ingresar en la Policía Metropolitana y que se desempeña como funcionario del Gobierno de Macri.
Los investigadores sospechan que James, que también está detenido y procesado, intervenía teléfonos "a pedido" y había blanqueado las escuchas de las conversaciones de Burstein al incorporarlo intencionalmente en la causa que se seguía en Misiones.
Después de que la Justicia detectara llamados entre James y autoridades de la Policía Metropolitana, el juez Oyarbide allanó la semana pasada varias oficinas del Ministerio de Justicia de la ciudad y se incautó de un ordenador de Osvaldo Chamorro, quien sustituyó a Palacios al frente de la nueva fuerza de seguridad.
Macri se desmarcó del asunto, ordenó una investigación interna y atribuyó el escándalo a "intereses políticos y económicos que no quieren que la nueva policía salga a la calle".
El alcalde argumentó, además, que James ocultó haber pertenecido a la Policía Federal cuando hace más de un año fue contratado como asesor por el Ministerio de Educación de la ciudad.
El Gobierno argentino, por su parte, acusó a Macri de "hacerse el tonto y mirar para otro lado".
"El alcalde, que debería hacerse cargo de esta situación, se esconde detrás de los malvones porque para él es habitual que lo malo, lo sucio y lo feo que sucede en su administración no es su responsabilidad", dijo el jefe del Gabinete, Aníbal Fernández.
A finales de 2008, la Legislatura de Buenos Aires aprobó la creación de la Policía Metropolitana, que depende del Ejecutivo de la ciudad y no del Gobierno central, como la Policía Federal.
Se trató de una iniciativa de Macri después de que fracasaran sus gestiones con el Gobierno de Cristina Fernández para que éste traspasara la Policía Federal a la órbita de la capital del país con sus fondos correspondientes, que rondan los 250 millones de dólares anuales.