Chile niega abusos contra mapuches

El gobierno de Chile negó que haya utilizado abusivamente la ley antiterrorista contra los mapuches y otras etnias indígenas, respondiendo así en Ginebra a uno de los reparos que le había hecho el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En su primer Examen Periódico Universal (EPU) ante el organismo, para dar cuenta de los avances y desafíos en el cumplimiento de los estándares internacionales de protección de derechos humanos, la administración de Michelle Bachelet evitó referirse a cuatro puntos cuestionados en mayo pasado, y la respuesta llegó este jueves.
El embajador de Chile en Ginebra, Carlos Portales, afirmó que "los gobiernos democráticos no han aplicado la ley antiterrorista a demandas o reivindicaciones sociales de la población indígena".
"Entre el año 1999 y 2009 esta ley especial se ha invocado sólo en 16 casos y en sólo dos ocasiones a personas de origen indígena", recalcó la autoridad para responder al EPU, mecanismo de control donde se revisa la situación general de cada uno de los 192 estados miembros de la ONU y al que cada país está obligado a someterse cada cuatro años.
La ley antiterrorista fue instaurada en 1984 por el régimen de Augusto Pinochet para perseguir a opositores políticos y en la actualidad tanto la ONU como la Unión Europea le habían recomendado a Chile revisar su aplicación, por considerar que perseguía "a miembros de las comunidades indígenas, en particular la mapuche".
Uno de estos casos fue el del mapuche Miguel Tapia Huenulef, procesado por la ley antiterrorista en febrero pasado por su presunta vinculación con un atentado incendiario en la región de la Araucanía, ubicada a unos 600 kilómetros al sur de la capital, Santiago, y epicentro de las comunidades que luchan por recuperar tierras ancestrales.
Y aunque el gobierno aseguró que desde 1999 sólo ha invocado esta ley en 16 oportunidades, la ONG Observatorio Ciudadano -que defiende el derecho de los pueblos indígenas- dio a conocer cifras distintas según reportó a BBC Mundo su codirector, José Aylwin.
"La ley antiterrorista en los últimos cuatro años ha sido aplicada en contra de 15 personas mapuches o simpatizantes de su causa, que están actualmente siendo procesadas. A pesar que de acuerdo al Comité de Derechos Humanos, al Comité Contra la Tortura y al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial no es compatible con las garantías del debido proceso", señaló.
La respuesta de Chile ante la ONU llegó a días de que entrara en vigencia el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, entre otras, cosas estableció el derecho a la consulta y a la participación de los pueblos indígenas en las decisiones administrativas y legislativas que los afecten.
Sin embargo, mientras se avanza en este aspecto, la ley antiterrorista es un retroceso, según expresó a BBC Mundo el vocero mapuche José Naín.
"Ha ido quedando claro que aquí no hay voluntad política para resolver el tema de fondo. Y creo que la relación no va a cambiar, se va a mantener por la insensibilidad del gobierno respecto del sufrimiento al que se está llevando hoy día a las familias de las comunidades mapuches", señaló.
"La aplicación de esta ley creo que constituye un acto de racismo, un acto de discriminación y, obviamente, que es una persecución en definitiva política a las legítimas demandas del pueblo mapuche", agregó.
Y aunque el comunero criticó especialmente al ministro José Antonio Viera-Gallo en su rol de coordinador de Asuntos Indígenas, el secretario de Estado confía en lograr avances en los tres meses de gobierno que le quedan a la presidenta Michelle Bachelet y viajó nuevamente a la Araucanía para buscar acercar posiciones.