Chile quiere volver a controlar su agua

El Ministerio de Obras Públicas de Chile presentó hoy una nueva regulación constitucional del agua, cuyos derechos están en su mayoría en manos privadas, para declararla como bien nacional de uso público e impulsar su gestión estatal. Este proyecto de reforma constitucional, concordado en el marco del comité hídrico de ministros, será enviado a la presidenta, Michelle Bachelet, para debatirla y ponerla en conocimiento del resto de secretarios de Estado.
Según el Código de Aguas de 1981, las aguas son bienes nacionales de uso público, pero esto no se menciona de forma explícita en la Constitución Política de 1980, elaborada durante la dictadura y vigente hasta hoy, aunque sometida a numerosas reformas.
Gran parte de los derechos de agua en el país pertenecen a Endesa Chile, que junto a Colbún busca desarrollar en la Patagonia el proyecto hidroeléctrico Hidroaysén, que implica la construcción de cinco represas en el sur del país.
La nueva propuesta de regulación del agua incluye cinco ejes que se sustentan en la creciente demanda, producto del aumento de la población y su desarrollo económico, además de las consecuencias del cambio climático.
Uno de esos ejes consiste en poder establecer corporaciones públicas para administrar las cuencas de forma integrada.
Además, la iniciativa busca elevar a rango constitucional el concepto de agua como bien nacional de uso público en cualquiera de sus estados, lo que incluye la nieve y los glaciares, que abundan en el sur del país y constituyen una preciada reserva de agua dulce.
También otorga al Estado la facultad para reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas cuando se considere necesario.
Asimismo, busca regular por ley los procedimientos que afectan a los derechos de los particulares sobre las aguas, así como la exploración, explotación y constitución de derechos de aprovechamiento de aguas de acuerdo a la diversidad geográfica y climática del país.