Bolivia llevará a juicio a varios magistrados por no investigar a terroristas

El Gobierno de Bolivia iniciará un proceso contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que han decidido cambiar de jurisdicción el caso de la supuesta trama terrorista para atentar contra el Ejecutivo, dijo hoy una fuente oficial. Medios locales informaron hoy que siete vocales del órgano judicial determinaron trasladar de La Paz a la región oriental de Santa Cruz, de mayoría opositora al Gobierno, un conflicto de competencias entre ambos distritos para llevar el caso de la presunta banda de terroristas desbaratada en abril pasado. El vicepresidente Álvaro García Linera manifestó la "sorpresa e indignación" del Ejecutivo por lo que consideró un "atropello a la legalidad", en alusión a la resolución de los magistrados. "Vamos a enjuiciar a los vocales que han tomado esa decisión violentando los procedimientos internos de la Corte y violentando un tema de protección de la sociedad y del Estado", dijo a los medios. La autoridad sostuvo que la decisión de los ministros judiciales es "una señal que apuntala la impunidad en torno a un tema muy delicado: la seguridad del Estado". García Linera consideró que el problema de trasladar el caso a Santa Cruz es que el sistema judicial de esa región "es de los peores en el país porque ahí no se maneja la justicia", sino que se la "manipula en función de favores personales". El pasado 16 de abril la policía boliviana efectuó un operativo antiterrorista en un céntrico hotel de Santa Cruz donde murieron abatidos cinco integrantes de una supuesta banda de mercenarios internacionales que, según denuncia el Gobierno, preparaba un magnicidio contra el presidente Evo Morales. El Gobierno y la fiscalía han vinculado a líderes políticos y empresariales de Santa Cruz con la supuesta trama terrorista. Según los medios, la Corte ha explicado que se resolvió trasladar el caso porque el distrito de Santa Cruz conoció la causa antes que el de La Paz. García Linera dijo hoy que la decisión de los vocales favorece a "estructuras delincuenciales" que el Ejecutivo aún no ha terminado de desmantelar, aludiendo a los dos atentados registrados esta semana en La Paz que dejaron un saldo de cinco heridos, entre ellos la esposa del dirigente campesino Fidel Surco, afín al Gobierno. "No nos vamos a detener en los procesos de investigación, de persecución, de detención y de sanción a aquellas personas que siguen intentando preparar atentados contra la vida de las máximas autoridades y en contra de la unidad del estado", afirmó Linera.