Europa corta ayuda a Honduras y se teme un baño de sangre
Las presiones internacionales contra el Gobierno hondureño interino aumentaron el lunes con la suspensión de la ayuda financiera de Europa y advertencias de observadores sobre un baño de sangre si no se restituye al mandatario depuesto Manuel Zelaya. En tanto, simpatizantes del presidente derrocado salían el lunes a las calles de Honduras a exigir su restitución alentados por el anuncio de Zelaya de que regresará al país en los próximos días, lo que avivó temores de que se desate la violencia tras el fracaso de las negociaciones en Costa Rica. La Unión Europea -que ya había retirado embajadores en Tegucigalpa- suspendió el lunes el envío de decenas de millones de euros en ayuda financiera al empobrecido país ante el naufragio de las conversaciones para instaurar a Zelaya al frente de un gobierno de unidad nacional, debido a la negativa del presidente interino Roberto Micheletti. Con ello se sumó a Estados Unidos, que había suspendido programas de ayuda militar por 16,5 millones de dólares y amenazado con cancelar otros 180 millones; y al Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que detuvieron créditos con un impacto estimado de 200 millones de dólares este año. La comunidad internacional liderada por Naciones Unidas exige el retorno de Zelaya al poder, pero el Gobierno interino que asumió tras el golpe de Estado de hace tres semanas asegura que eso no es negociable. Micheletti ha advertido que, si el mandatario derrocado pisa suelo hondureño, será arrestado para ser juzgado por varios cargos, entre ellos por supuestamente haber violado la Constitución al intentar celebrar un referéndum que abriera paso a la reelección presidencial. Zelaya dijo que regresaría el fin de semana a Honduras debido al fracaso de las conversaciones del sábado y el domingo auspiciadas por el presidente costarricense, Oscar Arias. Arias pidió 72 horas para hallar otra una solución y evitar lo que consideró un posible un "derramamiento de sangre". El rechazo a la propuesta formulada por Arias, premio Nobel de la Paz, profundizó el aislamiento internacional de las autoridades interinas, repudiadas desde Washington hasta Caracas. En un intento de evitar brotes de violencia, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, decidió el lunes "hacer un llamado a ellos (por los simpatizantes de Zelaya) y a todos a que demos las 72 horas que el presidente Arias ha planteado antes de sacar ninguna conclusión sobre este asunto". Cientos de manifestantes pro Zelaya, muchos de ellos sindicalistas, protestaban el lunes frente al Congreso, rodeados de unos 150 soldados y policías antimotines. "Aquí nadie se rinde, se está comenzando. Ahorita son protestas pacíficas, pero no se puede descartar que la cuestión llegue a males mayores", dijo Wilfredo Moncado, un líder sindicalista de 59 años que trabaja para una embotelladora. Los partidarios del depuesto presidente planeaban paralizar el jueves y el viernes el país con una huelga general. La policía hondureña advirtió que no toleraría que los manifestantes en Tegucigalpa se pasen de la raya y que actúen de "manera terrorista". Las autoridades interinas desplegaron soldados en distintos puntos del país ante el eventual regreso de Zelaya. "Yo no creo que sea un buen camino el de la insurrección y el de la confrontación, pero creo que no lo vamos a evitar si no hay de parte del Gobierno de facto alguna flexibilidad", dijo Insulza a una radio chilena. "Eso va a ser un asunto complicado y yo espero que lo podamos evitar, pero la verdad es casi imposible evitarlo o hacer llamados a la calma cuando la dictadura pretende a vista y paciencia de toda la gente quedarse en el poder", agregó. El agotamiento de la vía diplomática supone un desafío para el Gobierno del presidente estadounidense Barack Obama, que apostaba por las negociaciones para restituir a Zelaya. En cambio, el presidente venezolano, Hugo Chávez un cercano aliado de Zelaya, acusó a Washington de estar tras el golpe de Estado y calificó como "blandas" las medidas tomadas por la comunidad internacional contra el Gobierno interino.
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