Argentina: Investigan una red de tráfico de bebés en Santiago del Estero

Sobre el patio de tierra apisonada a Miriam Silva se la ve más sola. Tiene un hijo de 13 que estudia, otro de 6 que anda por ahí jugando con una gomera, y otro de 18 meses que no sabe dónde está. A unos metros, un rancho celeste es la Escuela N° 613-René Favoloro". Se lo ve reluciente, pero está manchado. Ahí trabajaba la maestra acusada de vender el bebé de Miriam. La causa está en un juzgado de Añatuya. Otra vez el tráfico de bebés mancha a Santiago del Estero. Otra vez una madre sin saber dónde está su hijo. Otra vez hay un chico que crece en la Argentina sin saber quién es, con su identidad borrada. El expediente de Miriam no es el único que se investiga en ese juzgado: ahí hay cuatro más. El reciente caso de Liz Benítez, la mujer acusada de vender a su hijo en una clínica de Rosario también lleva hacia los tribunales de esa ciudad del sur santiagueño. Benítez vive en Pinto, a 90 km de Añatuya y pertenece a su jurisdicción judicial. En ese pueblo hay un caso que ignora a la Convención de los Derechos del Niño cuando dice que ellos deben criarse con su familia biológica (Ver "Copie."). Pero hay más. Clarín hace tres años realizó una investigación sobre el tráfico de bebés y el mismo equipo volvió para encontrar algo peor. Con Añatuya en la mira, la Justicia detectó que a las embarazadas se las llevan hacia otros pueblos o provincias para parir. Como hace tres años, el tráfico de recién nacidos se monta sobre la figura legal de la adopción directa, que permite a la madre decidir a quién le dará su hijo, legal y permitido en algunas provincias argentinas. Pero las irregularidades son tantas que el gobierno provincial acaba de dictar una ley para que los juzgados de Familia den intervención a la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) en cada adopción. Muchos abogados se quejan de "esta injerencia". Pero una alta fuente del gobierno explicó ese malestar así: "Se les está acabando el kiosko". El resultado de la nueva legislación abruma. En apenas un mes y medio se detectaron más de 21 casos de adopciones o entregas irregulares de bebés. En 17 participó la DINAF y los otros cuatro son investigados por el juez del Crimen, Darío Alarcón. Además, el juez Alvaro Mansilla de Añatuya investiga otros 4 casos. Y hay más. Luis De la Rúa -fiscal del Superior Tribunal- denunció hace un mes a una jueza por irregularidades en tres adopciones. En uno de ellos, la magistrada ordenó por teléfono a un gendarme del aeropuerto que dejara embarcar hacia Buenos Aires a una pareja con un bebé que no era de ellos. Y sí: hay más. La fiscal del Crimen de Segunda Nominación investiga la entrega de un recién nacido por escritura pública, algo prohibido. El fiscal De la Rúa conoce del tema: en 2006 recomendó que devolvieran un bebé a su madre biológica, a quien se lo habían robado en un hospital para dárselo en adopción a una pareja de Escobar (Ver "Francisco.."). El funcionario denunció ante Clarín que está apareciendo gente que tiene en su poder niños durante 2 ó 3 años y que alegan que se les hace daño si se los quitan. "Esto no puede suceder", e insiste en que el sistema de adopción directa "facilita las irregularidades" y que "la única manera de terminar con ellas es a través del Registro Unico de Aspirantes a la Adopción". El registro existe, pero no funciona porque no todas las provincias se adhirieron. El problema, además, es que un proceso de adopción puede llevar hasta casi diez años. Entonces, muchos buscan acelerar con dinero el tiempo. En estos casos un intermediario -que trabaja con un abogado- promete conseguir a la madre a cambio de una ayuda económica para ella y honorarios de más de $20.000. Ante el juez será una adopción directa. El viento trae polvo y copos de algodón en Los Juries, a unos 75 km de Añatuya. Llegar hasta el patio de tierra de Miriam no es fácil. Pero hace 2 años apareció una mujer. Miriam cuenta que la llevó la maestra. "Me prometió cuidar al bebé y ayudarme para criar a mis otros hijos. Al bebé lo iba a traer cada 6 meses. Nunca apareció. Yo quiero saber cómo está, y que vea a sus hermanos". A ella la llevaron a Quimilín para una cesárea antes de fecha y después a Añatuya, ahí le sacaron a su hijo. La Justicia imputó y detuvo a la maestra. Cuando la liberó, ella quiso volver a la escuela, pero los padres se quejaron a la ministra de Educación y no volvió. Pero ahora viste el guardapolvo blanco en Añatuya. Las estadísticas del Juzgado Civil de esa ciudad preocupan. En los últimos 15 meses se iniciaron 16 trámites de adopción directa cuando en el 2007 fueron 213. Los funcionarios sospechan que hay otras rutas de tráfico de bebés. Gustavo es un extranjero en Nueva Esperanza. Llegó con su mujer hasta esta zona cercana a Tucumán desde Mar del Plata para una adopción directa. Pero a la mujer que le presentó a Patricia -la madre que les dará a su hijo- la acaban de detener por entrega de bebés. Y tuvieron que declarar. Este pueblo -ahora también bajo sospecha- tiene una plaza que prometen arreglarán por $600 mil y un hospital donde nacerá el bebé de Patricia con un cartel que dice: "NO hay anticonceptivos". (Informe de Clarín)