Empresa belga hará juicio al Estado uruguayo por 500 millones de dólares

La empresa belga Katöen Natie iniciará el arbitraje internacional contra el Estado uruguayo en la segunda quincena de julio, si se aprueba la ley para la segunda terminal de contenedores el 9 de julio, tal como lo contemplan los plazos parlamentarios. Una fuente gerencial de la empresa dijo a Ultimas Noticias que el monto de la demanda podría ascender a U$S 500 millones y que sólo por concepto de honorarios y viáticos de los profesionales que trabajarán en el caso se deberá desembolsar unos U$S 3 millones. Mientras tanto, Ultimas Noticias supo de una fuente del Poder Ejecutivo que por primera vez el gobierno belga manifestó a la administración Vázquez su preocupación por la situación de esa empresa y sus inversiones en nuestro país. Según supo Ultimas Noticias, la semana pasada llegó una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores de la representación diplomática del gobierno belga en Buenos Aires. En la misiva se expresa que han tomado conocimiento de las diferencias entre el privado y el Estado uruguayo respecto al proyecto de la segunda terminal de contenedores para el puerto de Montevideo y alerta sobre las consecuencias que ello podría tener sobre los intereses económicos de Katöen Natie. Por tal motivo, y al amparo de lo dispuesto en el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que vincula a ambos países, la misión diplomática solicitó a Cancillería que aporte toda la información y los estudios respecto al proyecto de segunda terminal que tenga el gobierno para que el inversor belga pueda tomar conocimiento al respecto. El inicio del proceso de arbitraje supone una instancia inicial de conciliación por un lapso de seis meses que será obligatoria. "Las partes se van a tener que juntar a negociar, pero es muy probable que no sea en Uruguay", dij el vocero de Katöen Natie consultado.
La fuente sostuvo que los argumentos esgrimidos por el oficialismo en el Parlamento para sostener la necesidad de la segunda terminal de contenedores han sido "pobres y escasos". Señaló que el Estado "no le puede decir a TCP que cumpla con los movimientos mínimos de la operativa, que hoy representan el 75%, porque si no puede ser retirada la concesión, pero además va a poner otra terminal enfrente para que compita con TCP. No se pueden cambiar las condiciones. Además, a la otra terminal no se le exigirán movimientos mínimos". Lo que dice el inversor belga es que si no cumple durante tres años con los movimientos mínimos requeridos y si pierde a su principal cliente (Maersk), puede perder la concesión, con todas las inversiones que tiene ya realizadas. "Puede ser una de las derivaciones que origine tomar una decisión en la cual no se han estudiado las consecuencias de las decisiones que se toman".
"Nos sorprende mucho que el Estado envíe un proyecto de ley tan importante, donde hay un inversor que está realizando importantes desembolsos de dinero, y cuando aún no ha terminado su inversión ya le están cambiando las reglas de juego. Nos llama mucho la atención y nos pone muy nerviosos que no se aporte la información, ni siquiera a los propios legisladores". Dijo que para un operador común, el costo del canon es muy elevado y que sólo puede justificarse la inversión si el propio concesionario es el dueño de la carga.
Este es el caso de Maersk, el actual principal cliente de Katöen Natie en TCP. Los belgas han reiterado en otras oportunidades que este proyecto de ley calza como anillo al dedo para esta empresa multinacional. Ayer, el ministro Rossi asistió a la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, donde se está tratando el proyecto de ley que habilita una segunda terminal y que ya tiene el aval de la Cámara Alta. A la salida de ese ámbito, el ministro dijo que el gobierno uruguayo también está preparado para las instancias que sea necesario afrontar porque respeta el Derecho y las obligaciones internacionales.