Las muertes de ocho mujeres en Juárez llegan a Chile

Las muertes de mujeres en la localidad mexicana de Ciudad Juárez han sido denunciadas durante años por grupos dentro y fuera de México. Ahora, por primera vez, el tema está siendo juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tribunal, un órgano judicial autónomo que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), lleva a cabo una audiencia pública sobre el tema durante una sesión extraordinaria que realiza en Chile. Los jueces de la corte escucharán entre el martes y el miércoles a los testigos y peritos de la causa conocida como "Campo Algodonero", por el cual se acusa al Estado mexicano de tener responsabilidad en la muerte de ocho mujeres, halladas en un campo baldío en 2001. El asesinato de estas mujeres -de las cuales sólo tres pudieron ser identificadas- son sólo algunos de los cientos de casos de "feminicidio" que han ocurrido en la ciudad más poblada del estado de Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, en los últimos 15 años 423 niñas y mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez. Sin embargo, ésta es la primera vez que familiares de víctimas comparecen ante un tribunal internacional por una de esas muertes. El vocero de la corte, Arturo Monge, dijo a BBC Mundo que se trata de un proceso "histórico", aunque aclaró que podrían pasar meses antes de que el tribunal dicte su sentencia en el caso.

¿Por qué Chile?

La Corte Interamericana no es permanente, y sus siete jueces -elegidos por la Asamblea General de la OEA- sesionan unas ochos veces al año, juzgando aquellas causas que les son sometidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La sede de la Corte está en Costa Rica, pero según explicó el portavoz a este medio, a partir de 2006 se tomó la resolución de realizar la mitad de las sesiones en otras partes de América Latina y el Caribe.

"Quisimos compartir la experiencia del sistema interamericano con otros países, para que otros tomen conciencia de las actividades de la Corte", señaló Monge, resaltando que la medida ha aumentado el interés de estudiantes, organismos sociales y la prensa por el trabajo del tribunal.

El vocero explicó que la sedes rotativas son decididas por los jueces, que reciben invitaciones de los países interesados.

En 2009 la Corte ya sesionó en República Dominicana, y se espera que más adelante en el año lo haga en Bolivia.

México al banquillo

Los casos que toma la Corte son siempre denuncias de abusos de violaciones de los derechos humanos contra un Estado, en el que él o las víctimas son individuos.

Quienes acusan a las autoridades mexicanas en la causa "Campo Algodonero", que la Corte comenzó a juzgar en 2007, afirman que el caso es emblemático, ya que reúne varias de las características comunes a las desapariciones y homicidios de mujeres en Ciudad Juárez.

Las organizaciones defensoras de los familiares de la víctimas quieren probar que existe un patrón sistemático de negligencia e impunidad por parte las autoridades estatales y federales.

Sin embargo el gobierno mexicano intentará demostrar que no ha violado las garantías individuales de las víctimas y que sus acciones han sido adecuadas.

Jurisprudencia

A pesar de que la Corte no tiene autoridad para encarcelar a los culpables, por no tratarse de un tribunal penal, y que sus dictámenes no apuntan contra los individuos responsables de abuso, sino contra un Estado como un todo, desde el punto de vista legal, tienen un peso importante.

"Todos los países que ratificaron la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (también conocido como Pacto de San José de Costa Rica) deben acatar obligatoriamente las sentencias de la Corte", explicó Monge.

El vocero dijo a BBC Mundo que los dictámenes tienen además un peso simbólico y buscan ser "ejemplificadores".

Si un Estado es hallado culpable, normalmente los jueces proponen formas en las que puede reparar el daño causado, ya sea a través de un resarcimiento monetario u otros métodos, como un cambio de legislación o un reconocimiento a las víctimas.

Las sentencias también obligan a los Estados a investigar los hechos en su propio territorio y a sancionar a las culpables, algo que podría tener mucha trascendencia si se diera un veredicto culpable en el caso contra México.

Esto también tendría mucha relevancia en otra causa que la Corte juzgará el miércoles, en el que se acusa al Estado de Brasil por su responsabilidad en la muerte de un campesino del movimiento Sin Tierra a manos de paramilitares. (BBC)