Ex jerarca policial implicado en el recordado crimen de empresario en Los Cerrillos integraba red de proveedores de precursores químicos

 

Un empresario, un financista, un alto oficial retirado de la Policía, un ex marino, un comerciante de la frontera y un traficante de armas eran el eje de la red de narcos desarticulada. Ya hay cinco procesados, un detenido y un prófugo. La investigación reservada de la Policía Antidrogas arrancó en agosto de 2008. Las sospechas recayeron entonces sobre el hombre detenido ayer, de iniciales J.F., conocido por su afición a las armas y aún al comercio de las mismas. Cuando los investigadores de la Brigada Nacional Antidrogas (BNA) comenzaron a prestarle atención pronto hallaron indicios de una intensa actividad ilegal. Los siete meses de investigación finalmente dieron frutos el miércoles pasado, cuando los efectivos de la BNA lograron requisar media tonelada de xilocaína o clorhidrato de lidocaína -un anestésico local utilizado para el "estire" de la cocaína y que integra la lista de los 21 precursores químicos controlados por su uso en la fabricación de la droga- en un local de Montevideo. Un empresario, L.T.K, dueño de un pequeño laboratorio fue el importador de los 750 kilos de lidocaína con los que la red planeaba surtir a narcotraficantes brasileños. La operación era financiada por F.P., un hombre que además tenía los contactos con los brasileños para cerrar el negocio. En esta fase también se incorporó un prestamista que operaba desde la Ciudad Vieja y que aún se encuentra prófugo. Junto al ahora detenido J.F.A. y a un comerciante de la fronteriza ciudad de Río Branco, A.O.V. comenzó a formarse el complejo entramado que planeaba un negocio millonario: vender una sustancia que era comprada a unos 30 dólares el kilo en el mercado legal y vendida a unos 3.500 dólares el kilo.

El esquema de la organización se completaba con un ex jerarca policial y un ex marino. El inspector mayor (retirado) Alexis González, que en la administración pasada estuviera al frente de la Escuela Nacional de Policía, y el ex marino J.D.B., los que se ocupaban de la seguridad de las operaciones. Los investigadores comenzaron a confirmar sus sospechas cuando J.F.A., residente en Maldonado, comenzó a mantener intensos contactos y de pronto la palabra "tarrina" se integró de lleno a su léxico. Según se pudo establecer más tarde, la luz verde se encendió cuando los "socios" lograron tentar al empresario L.T.K., cuyo laboratorio venía en pérdidas luego de concretar algunos malos negocios con el Estado. Los intermediarios con los narcos brasileños fueron el inspector González y el prestamista apodado "El Gordo", en Rivera, y en Río Branco fue A.O.V. y el fernandino J.F.A., que había residido un tiempo en esta frontera y al igual que su colega tenía abundantes contactos al otro lado de la frontera. Fuentes del caso señalaron que este último es considerado un individuo peligroso, tanto por su afición a las armas como a las drogas. A este grupo de "intermediarios", que se encargarían de transar con los traficantes norteños se unió el ex marino J.D.B., que en el momento de ser capturado cargaba algunas bolsas con la sustancia desde la casa de González para llevarlas hasta Rivera.

En el momento de ser interrogado en la sede judicial el inspector mayor retirado les recordó a los funcionarios que poseía un antecedente penal. Había sido procesado en relación con el caso de asesinato del empresario Luis Ernesto González, un empresario asesinado en 1993, caso en el que varios policías fueron procesados y que reveló una extendida trama de corrupción. Hasta el momento el juez penal de Maldonado, Federico Álvarez Petraglia, ha procesado al empresario L.T.K., al financista F.P., al comerciante riobranquense A.O.V. por un delito previsto en el artículo 31 de la Ley 14.294 de estupefacientes, en la hipótesis de importación, negociación y distribución de productos químicos incluidos en la lista de sustancias controladas. González y su socio el ex marino J.D.B. fueron remitidos por el artículo 57 de la Ley 17.016 de estupefacientes, por asistencia al narcotráfico. Se aguarda el fallo en relación con J.F.A. para hoy. Fuente El País.