Ecuador demandó este jueves a Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por la muerte de Franklin Aisalla Molina durante la operación en que se abatió al guerrillero Raúl Reyes, el primero de marzo de 2008. La demanda, un texto de 90 folios conocido en su integridad por BBC Mundo, asegura que la muerte de Aisalla, un ecuatoriano de 38 años, fue una ejecución extrajudicial y no producto del bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana contra el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ubicado en la provincia de Sucumbíos, Ecuador. En ese campamento, a 1,8 kilómetros de la frontera con Colombia, se encontraba Reyes, el número 3 de las FARC, con cerca de medio centenar de personas, cuando se produjo el bombardeo. Las fuerzas militares de Colombia sostienen que Reyes huyó de territorio colombiano hacia Ecuador una vez que se inició una operación militar en la que participaron 3.000 hombres del Ejército, la Armada y la Policía, así como aviones de la Fuerza Aérea. El balance del número de muertos depende de la fuente. Colombia informa sobre 18 y Ecuador contabiliza 25. Además del ecuatoriano Aisalla, en la Operación Fénix fallecieron cuatro ciudadanos mexicanos, que eran estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Otra estudiante de la UNAM, Lucía Moretti, y dos colombianas resultaron heridas y auxiliadas por las fuerzas militares de Ecuador. Inicialmente el cadáver de Aisalla fue llevado, junto con el de Raúl Reyes, a Bogotá. Las autoridades colombianas presumían que Aisalla era un guerrillero conocido como Julián Conrado, pero después establecieron su verdadera identidad y lo entregaron a sus familiares.
¿Muerte a golpes?
Basado en un análisis hecho en Ecuador, y elaborado por los forenses franceses Bertrand Ludes y Tania Delabarde, la demanda ante la CIDH sostiene que Aisalla murió por "los golpes infligidos y reiterativos con fuerza en el cráneo". Ecuador culpa de esos golpes a los hombres del ejército, la policía y la armada colombiana que entraron a su territorio después del bombardeo. "El Estado de Colombia tuvo control sobre áreas del territorio de Ecuador, durante el desarrollo del Operativo militar, que se extendió desde las 00:00 horas del primero de marzo hasta aproximadamente las 08:00 horas del 2 marzo de 2008, teniendo así jurisdicción, ergo responsabilidad", señala la demanda. En mayo de 2008, cuando se conocieron las conclusiones de los forenses franceses, el gobierno colombiano calificó como "falaces" las afirmaciones del gobierno ecuatoriano e insistió en que Aisalla murió durante el bombardeo. La Operación Fénix produjo el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países y la más grave crisis diplomática entre Ecuador y Colombia, que sigue sin superarse. La CIDH está encargada de velar por el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos y de acusar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los estados que no acaten sus informes. Esta es la segunda demanda de Ecuador contra Colombia, después de que en 2008 el gobierno de Quito inició una acción legal contra Bogotá en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por los supuestos efectos negativos de las fumigaciones con glifosato en la frontera entre los dos países.
El papel de la CIDH
La demanda ante la CIDH alega que en el caso de Franklin Aisalla el estado colombiano violó los derechos a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos. La demanda, dirigida al secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, fue firmada y presentada por el procurador general de Ecuador, Diego García Carrión. Además, el canciller de ese país, Fander Falconí, viajó a Washington para la ocasión. En Colombia, el vocero de la Cancillería, Giovanni Celis, le dijo al colaborador de BBC Mundo, Hernando Salazar, que el gobierno de Álvaro Uribe no ha sido notificado de la demanda. Para acudir ante la CIDH los demandantes deben demostrar que se han agotado los recursos internos en un país para investigar y sancionar los hechos. Ecuador alega que, pese a que el certificado de defunción de Aisalla fue expedido en Colombia, el estado colombiano no ha investigado, ni penal ni disciplinariamente, la muerte de Aisalla. "A pesar de los múltiples requerimientos de asistencia penal internacional, hechos por el Ministerio Fiscal General de la República de Ecuador, a través de exhortos a las autoridades colombianas, estas han omitido dar respuesta a los requerimientos formulados, con lo que han bloqueado y obstruido la acción de la justicia en Ecuador, en tanto no han permitido, ni posibilitado, la individualización e identificación del personal que actuó como autor material o intelectual de la ejecución extrajudicial de Franklin Guillermo Aisalla Molina", dice el alegato. La CIDH deberá evaluar si admite o no la demanda. Esto podría tomar hasta tres años, si se tiene en cuenta que la comisión recibe numerosos casos y cuenta con poco personal. Sin embargo, teniendo en cuenta que se tata de la demanda de un estado contra otro, no se descarta que el trámite se acelere.
Un trámite largo
En caso de admitir la demanda, la CIDH se toma al menos dos años más para producir un informe, luego de escuchar a las partes. Ese informe equivale a un fallo, que las partes deben acatar. Si la Comisión Interamerciana considera que su informe no es acatado por las partes, puede llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el proceso podría tomar al menos un año y medio más. En su demanda, Ecuador formula nueve peticiones ante la CIDH. Quiere que se le ordene a Colombia que investigue y juzgue "a todos los responsables materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial de Franklin Aisalla Molina". Ecuador también busca que se repare "adecuada e integralmente" a los familiares de Aisalla, que se realice un acto público para presentar disculpas a las víctimas y sus familiares y al Estado de Ecuador, que se emita un documental por televisión, que el Estado colombiano garantice la no repetición de hechos como los del primero de marzo de 2008 y que se instaure en los colegios de Colombia "una cátedra relacionada con los derechos a la autodeterminación y soberanía de los Estados, así como las prohibiciones existentes para los Estados, de promover actos de agresión y crímenes internacionales". El caso apenas empieza y aún no se conoce una respuesta del estado colombiano. Los expertos consultados por BBC Mundo anticipan que, independientemente de las conclusiones a que llegue la CIDH, la discusión será larga y dispendiosa. (Foto Raúl Reyes)
