En Washington, durante el mes de junio, una comisión de funcionarios colombianos y estadounidenses, encabezada por expertos del Pentágono y del Departamento de Estado, estuvo revisando el borrador de un nuevo acuerdo de cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia, que permitiría suplir las funciones que venía cumpliendo el Puesto Militar de Operaciones Avanzadas de la base militar de Manta (FOL, por su sigla en inglés), una zona de 27 hectáreas, el 5 por ciento del área total de la base ecuatoriana -22 edificaciones entre comedores, dormitorios, oficinas, bodegas, rampas para aeronaves, hangar y estación de bomberos-, que deberá ser despejada en noviembre cuando vence el convenio de 10 años firmado en 1999 por el gobierno del presidente Jamil Mahuad y según el cual aviones y equipos de inteligencia estadounidenses podían operar desde allí para interceptar vuelos del narcotráfico. A finales de 2008, el presidente Rafael Correa notificó a Estados Unidos la decisión de no renovar el acuerdo. Lo hizo poco después de que su gobierno revelara un informe según el cual el ataque al campamento de 'Raúl Reyes' en territorio ecuatoriano, el 1º de marzo, habría contado con el apoyo de un avión estadounidense que estaba en la base de Manta, acción que fue rechazada por la OEA como una violación de la soberanía y que ocasionó la ruptura de relaciones diplomáticas entre Bogotá y Quito. No obstante, el anuncio de Correa era la confirmación de una decisión tomada el 1º de abril por la Asamblea Nacional Constituyente de no permitir "el establecimiento de bases militares ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares".
Y aunque el convenio vence en noviembre, Washington anunció en mayo pasado que sus efectivos saldrían en septiembre, que en julio harían el último vuelo desde allí y que luego iniciarían el traspaso de las instalaciones y la infraestructura a Colombia. La noticia fue muy bien recibida por el gobierno de Correa que, por medio del canciller Falconí, advirtió que "nunca volverá a repetirse una política de entreguismo, de ceder parte del territorio nacional".
Mientras tanto, en Washington la comisión de expertos trabajaba intensamente y analizaba cómo sería la operación desde cinco bases militares colombianas ya definidas por las partes, cuyo uso deberá servir para potenciar operaciones contra el narcotráfico en las dos costas, e intentaba resolver puntos críticos y dirimir diferencias en aspectos muy sensibles. Entre los puntos críticos figuran la pretensión de Washington de darles inmunidad judicial a los militares y contratistas que vendrían al país y la forma de zanjar los posibles desacuerdos. Las negociaciones comenzaron hace cuatro meses y se han dado en el mayor secreto, pero fueron especialmente intensas, sobre todo en vísperas de la reunión de los presidentes Barack Obama y Álvaro Uribe el lunes pasado.
CAMBIO ha podido establecer con fuentes en Washington, que el acuerdo comprende operaciones militares estadounidenses en tres de las más importantes bases de la Fuerza Aérea Colombiana y en dos instalaciones estratégicas de la Armada Nacional: la base de Palanquero o Germán entre Cundinamarca y Caldas; la Alberto Pouwels en Malambo, Atlántico; la base de Apiay o Capitán Luis Fernando Gómez Niño, en Meta; la ARC Bahía de Málaga en el Pacífico, y la ARC Bolívar en Cartagena. La base de Palanquero, en la margen derecha del río Magdalena, en Puerto Salgar, es considerada la principal unidad operativa de la FAC y resulta estratégica para las operaciones de aviones dotados con equipos de inteligencia, y para los de transporte de tropa y material pesado. La base tiene dos hangares con capacidad para 60 aviones y, según el Pentágono, con algunas adecuaciones especiales su pista de 3.500 metros -la más larga del país- tendrá capacidad suficiente para el despegue y aterrizaje simultáneo de hasta tres aeronaves.
La Alberto Pouwels, sede del Comando Aéreo de Combate No. 3, opera en el área del aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla y presenta ventajas logísticas y operativas. Es base habitual de operaciones de aviones A-37B, llamados "los dragones del Caribe", que se usan en misiones contrainsurgentes, y de un escuadrón táctico compuesto por más de 300 helicópteros. Desde allí operaría parte de la flotilla de aviones P-3 Orión, más conocidos como "aviones espías".
Por su parte, Apiay es la punta de lanza de las operaciones contra los frentes del bloque oriental de las Farc. Allí se concentran las operaciones de una flota de aviones AT-27 Tucanos y Supertucanos, y cuando el acuerdo entre en vigencia, la base será el centro de operaciones de aviones de reconocimiento y de los Awacs que son una especie de radares volantes de gran alcance.
La bahía de Málaga y la base naval ARC Bolívar de Cartagena serán centros de operaciones de barcos de interdicción en coordinación con aviones P-3 Orión, temidos por los narcotraficantes por su precisión para detectar e identificar blancos en altamar.
En cuando al número de personas destacadas a las diferentes bases, no hay por lo pronto nada claro, pero una de las cláusulas del acuerdo lo condiciona a la capacidad de las bases seleccionadas. ¿Serán más de las 270 personas destacadas en la base Eloy Alfaro de Manta, entre miembros de la Marina, la Fuerza Aérea, la Guardia Costera, la Patrulla Costera y contratistas civiles? Es una pregunta sin resolver.
En principio, el acuerdo contempla que la utilización de las instalaciones militares colombianas será parcial y limitada a las necesidades de operaciones que, en su mayor parte, serán preventivas del delito. Sin embargo, los negociadores de Estados Unidos han hecho saber que si bien no pretenden interferir en el ejercicio del mando de los oficiales colombianos en las bases, harán valer la autonomía de los militares estadounidenses cuando las operaciones trasciendan las fronteras colombianas.
Polémica servida
Según lo que CAMBIO ha conocido con fuentes en Washington, lo que se ha negociado hasta ahora tiene aspectos que levantarán ampolla. A diferencia del convenio que autorizó la presencia militar estadounidense en Manta, el acuerdo en ciernes no limita su aplicación a las operaciones antinarcóticos en el Pacífico sino que la extiende también al Caribe, y además contempla la cooperación en la lucha contra el terrorismo, es decir contra la guerrilla, lo cual tendría un impacto en la seguridad interna.
Fuentes consultadas en Washington y Bogotá, sostienen que estos dos ingredientes establecen profundas diferencias frente al acuerdo de operación en Manta, porque entre sus objetivos está también llenar los vacíos que deje el eventual recorte de la ayuda para el Plan Colombia, que en 2008 fue de 527 millones de dólares.
El comandante de las Fuerzas Militares y ministro de Defensa (e), general Fredy Padilla de León, insiste en que las condiciones bajo las cuales ha funcionado la base de Manta controlada por completo por Estados Unidos- no van a repetirse en el caso colombiano. Lo cierto, sin embargo, es que el acuerdo no será fácil de digerir para la opinión pública. Y es que si bien no será montada una instalación similar a la de Manta por parte de Estados Unidos, el acuerdo permitirá la utilización de cinco bases y extiende aún más la presencia militar de Estados Unidos en el país. "Colombia está en conversaciones con los Estados Unidos -ha reconocido el General-. La nación es responsable ante la comunidad internacional de facilitar una posibilidad de mantener esa lucha, que es de todo el mundo contra este flagelo del narcotráfico, pero Manta como tal no se repetirá en Colombia". Otros funcionarios aseguraron que se trata de un acuerdo de colaboración, pero que "no será una, ni dos bases". No serán ni una ni dos: todo indica que las funciones se repartirán en cinco ya existentes, sobre ambos litorales.
Si el convenio para la utilización de Manta, firmado por el presidente Mahuad en 1999, causó malestar y repudio en varios sectores de la sociedad ecuatoriana, porque lo consideraron una entrega de soberanía y porque temían el posible uso de la base para operaciones del Plan Colombia, en el país se puede prever un debate. El tema es sensible, como se hizo evidente en 1994, a finales del gobierno de César Gaviria, cuando se conocieron los detalles de un plan para construir, por parte de Estados Unidos, una escuela en Juanchaco.
Escollos mayores
No obstante que el convenio está concebido en un marco de beneficios y responsabilidades compartidos, y que se apoya en por lo menos 10 instrumentos de Derecho Internacional -desde la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1962 hasta la Carta Interamericana de 2001, pasando por las convenciones sobre la lucha contra las actividades terroristas de la ONU y la OEA- hay asuntos muy sensibles.
En primer lugar, según especialistas consultados por CAMBIO, no faltarán quienes exijan que el acuerdo pase previamente por los controles que contempla la Constitución para el tránsito de tropas extranjeras, como un concepto del Consejo de Estado y la autorización del Congreso. Así lo advierte el ex magistrado de la Corte Constitucional Jaime Córdoba Triviño, quien se pregunta si sería suficiente con que se dé por sentado que no se trata de tropas en situación de hostilidad sino de unidades de un país amigo que trabajarán conjuntamente con Colombia en la lucha contra la delincuencia organizada. "Por ahora nuestras cortes no han hecho pronunciamientos exactos sobre acuerdos de esta naturaleza y los antecedentes jurisprudenciales son escasos", dice Córdoba. El antecedente más próximo sobre un asunto relativamente similar -recuerda el ex magistrado- es la sentencia 863 mediante la cual la Corte Constitucional declaró parcialmente exequible el artículo 5o de la Ley 877 de 2004, que aprobó la convención de Nueva York sobre seguridad del personal de Naciones Unidas. Según la sentencia, el Estado permitirá el tránsito de funcionarios y asociados de Naciones Unidas, pero cuando se trate de tropas, así sean cuerpos de paz, el artículo 173 de la Constitución contempla un permiso del Congreso.
En segundo lugar, según concepto de Córdoba, también deberían considerarse los alcances del artículo 9o de la Carta, que dice que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del Derecho Internacional.
Otro de los puntos críticos tiene que ver con la inmunidad. Los negociadores de los dos países tienen discrepancias sobre su alcance. Estados Unidos quiere inmunidad frente a las autoridades judiciales colombianas para todos los miembros de la misión: militares y civiles. Su pretensión en este sentido responde a una vieja y arraigada posición de Washington que se niega a que sus nacionales sean juzgados por otros países o por organismos internacionales, que fue la razón por la cual no firmó el tratado que dio vida a la Corte Penal Internacional en 1998. Los dos países ya tienen pactos vigentes, que se aplican al personal estadounidense que participa en el Plan Colombia, que contemplan esa figura.
Los representantes estadounidenses se acogen a los artículos 5º y 11º de un tratado de cooperación militar entre los dos países, según los cuales su personal destacado en Colombia gozaría de los mismos privilegios e inmunidades que los funcionarios de los niveles administrativo y técnico de la Embajada en Bogotá. Pero los negociadores colombianos consideran que el alcance de la inmunidad no puede ser general e ilimitado, y que ese privilegio no debe cobijar ni a contratistas, empleados civiles y pilotos que adelanten operaciones esporádicas. Colombia exige que en caso de que miembros de la misión cometan delitos en Colombia, Estados Unidos quede obligado a informar periódicamente sobre el trámite de procesos y juicios y las decisiones tomadas por sus jueces.
Esta discusión no es menor, y fue uno de los puntos que justificaron la decisión de Ecuador de cerrar la base de Manta. La Asamblea Constituyente en ese país consideró que cerca de 300 hechos irregulares y delictivos -retenciones ilegales de bienes de ecuatorianos, robos, homicidios, lesiones y casos de paternidad responsable- atribuidos a militares estadounidenses, quedaron sin respuesta por parte de las autoridades judiciales de Estados Unidos.
Un cuarto punto de discrepancia se refiere a una cláusula sobre posibles daños y perjuicios causados en desarrollo del acuerdo. Los negociadores estadounidenses intentan que las dos partes renuncien a cualquier reclamación de indemnización por daños, pérdidas, destrucciones o muertes causadas en desarrollo de las operaciones. Pero Colombia sostiene que no renunciará a derechos que pueda tener a la luz del Derecho Internacional para presentar reclamaciones mediante canales diplomáticos.
El acuerdo, pese a las dificultades mencionadas, está en la puerta del horno y cuando el presidente Uribe llegó a Estados Unidos había consenso sobre su duración: 10 años, lo mismo que el de Manta, pero no sobre las condiciones de una eventual prórroga. Estados Unidos quería que fuera automática y por el mismo período de tiempo. Colombia exige negociarla un año antes de que expire y que, además, pueda ser denunciado por cualquiera de las partes. El canciller Jaime Bermúdez ha insistido en que no habrá una base militar de Estados Unidos en territorio colombiano y afirmó que el tema no fue abordado en el encuentro entre los presidentes Uribe y Obama, pero reconoció que "los dos países están buscando cómo profundizan la lucha contra las drogas". No obstante, el acuerdo está cocinado y si bien en estricto sentido no supone trasladar la base de Manta con todos sus fierros, sí contempla una operación mucho más amplia desde cinco bases colombianas ya existentes. Una diferencia más que semántica que, lejos de marcar una nueva era en las relaciones con Estados Unidos en este campo, lo que hace es consolidar el status quo.
"Nada está acordado hasta que todo esté acordado"
General Fredy Padilla, ministro de defensa (e)
"Las condiciones bajo las cuales ha funcionado la base militar de Manta no se van a repetir en Colombia", responde el general Fredy Padilla de León, ministro de Defensa (e), cuando le preguntan si la base que ha funcionado en Ecuador desde hace 10 años va a instalarse en Colombia. Mientras examina una serie de documentos, explica que lo que está en ciernes es un acuerdo de cooperación entre Washington y Bogotá, basado en la confianza mutua y en resultados como la reducción del 18 por ciento de los cultivos de coca y del 28 por ciento de la producción de cocaína en el último año.
Reconoce que las delegaciones de Estados Unidos y Colombia se han reunido cuatro veces para analizar el tema, pero dice que "nada está acordado hasta que todo esté acordado" y anuncia que los próximos encuentros están programados para la última semana de julio o la primera de agosto. "Colombia tiene la necesidad y el compromiso regional de participar en la lucha contra el narcotráfico, dado que todos los males de delincuencia y terrorismo que hoy agreden al pueblo colombiano tienen su sustento en el narcotráfico -dice el oficial-. Se trata de refinar la colaboración entre Colombia y Estados Unidos en todos los frentes, incluyendo, por supuesto, a sus Fuerzas Armadas. Es decir, de consolidar la cooperación militar entre ambos países". (Fuente Cambio)
