Podría ser un caso de identidades particulares, una cuestión privada, casi un secreto. Sin embargo, la causa judicial que intenta esclarecer si los hijos adoptivos de la dueña del grupo Clarín -la principal empresa multimedios de Argentina- son hijos de desaparecidos se ha convertido en un tema de alto voltaje en la agenda política nacional. La identidad biológica de Marcela y Felipe Noble Herrera está en duda desde 1999, y ese largo trajín de tribunales, extracciones de sangre y requisas en busca de ADN ha alimentado una batalla abierta entre el conglomerado mediático y el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Marcela y Felipe, los herederos de Ernestina Herrera de Noble, no sospechan. Confían en la buena fe de su madre, la principal accionista del Grupo Clarín, quien los adoptó en 1976. Sin embargo, una querella encabezada por dos familias busca establecer si los jóvenes nacieron de madres hoy desaparecidas, con el fin de restituirles su presunta identidad biológica real. En el último capítulo de la saga, el blanco de ataque ha sido el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), una institución científica modelo en América Latina que se encarga de almacenar los perfiles de ADN de familiares de desaparecidos y realizar análisis para determinar filiación. En el BNDG, creado por ley en 1987 tras el retorno de la democracia, se contrasta la información genética de quienes sospechan ser hijos de las 30.000 víctimas de la represión ilegal que, según organizaciones de derechos humanos, dejó el último régimen militar en Argentina (1976-1983). En el BNDG, ubicado en el hospital público Carlos Durand de la ciudad de Buenos Aires, todos se llaman a silencio. Prefieren concentrarse en su tarea, dicen, y no hacer declaraciones ni permitir asedios periodísticos. Todavía pesa sobre la institución la sombra de los últimos exámenes del caso Noble Herrera, en los que no fue posible extraer el perfil genético de las ropas de los dos jóvenes, requisadas por orden judicial después de una negativa a entregar sangre. La ropa interior de Marcela y el pantalón de Felipe, entre otras prendas, tenían muestras de ADN de dos o más individuos, lo que invalidó el análisis. La titular del organismo, María Belén Rodríguez Cardozo, debió dar explicaciones ante la jueza Sandra Arroyo Salgado, que lleva la causa, y sugirió que los Noble podrían haberse cambiado de ropa sin permiso para burlar la inspección. "Ellos deberían permitir el análisis con sólo poner una gota de sangre", reclamó el jefe del Gabinete nacional, Aníbal Fernández. En tanto, desde Clarín se catalogó la tarea del Banco como un "fracaso" y se habló de "impericia o manipulación" y de una "maniobra política" dentro del organismo.
Lo cierto es que esta última requisa no es la única… sino la tercera. A los Noble ya se les había extraído sangre y confiscado objetos personales en 2009, que permanecen sin examinar.
¿Por qué? En parte por cuestiones legales, aunque en mayor medida por razones políticas.
En el entorno de la dueña de Clarín se oponen a que los análisis se realicen en el BNDG, tal como estipula la ley, porque este organismo creado con el auspicio de la organización Abuelas de Plaza de Mayo está ahora bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Clarín y el matrimonio Kirchner sostienen una pelea abierta desde hace más de un año. Razón de sobra, dicen los abogados, para que existan sospechas sobre la imparcialidad en el caso Noble. Aunque probar que los herederos son hijos de desaparecidos no confirmaría el delito de apropiación por parte de la madre, sin duda haría mella en su moral y su economía.
"(El BNDG) no tiene la seguridad ni la garantía que tienen otros organismos que no están atravesados por la cuestión política. La realidad lo ha demostrado. Entonces, hagamos este examen en el cuerpo médico forense, que depende de la Corte Suprema. Más garantías que eso, no hay", reclama el representante de Ernestina, Gabriel Cavallo, en diálogo con BBC Mundo.
Además, los abogados plantean disputas sobre la cantidad y calidad de los perfiles de ADN contra los cuales se contrastarían los de sus clientes.
Felipe y Marcela habían aceptado dar su sangre bajo condición de que el cotejo se hiciera sólo con dos casos particulares: las familias que iniciaron la querella, bajo la presunción de que podrían ser parientes. Los Gualdero-García reclaman por Felipe y los Miranda-Lanuscou, por Marcela.
Pero la Justicia desestimó el pedido y, desde Abuelas de Plaza de Mayo, reclaman que el cruce se realice con un total de 24 casos teóricamente nacidos en cautiverio o apropiados entre 1975 y 1977.
Aunque los Noble fueron adoptados en 1976, presumen que las fechas podrían haber sido adulteradas. Y se basan en irregularidades ya comprobadas por la Justicia. Por ejemplo, Ernestina declaró que había recibido a Marcela en una caja de cartón en la puerta de su casa de San Isidro, pero en esa época tenía domicilio registrado en otra parte. También citó como testigo a un jardinero del barrio, que luego resultó ser su propio chofer.
Valor social y científico
Varios científicos consultados por BBC Mundo salieron, sin embargo, en defensa de la entidad.
"Todos los resultados de laboratorio se han transferido a bases digitales seguras. Habría que alterar la muestra biológica y además el banco informático, es muy difícil hacer trampa", apuntó el director del Centro de Biotecnología del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Alberto Díaz.
Para las Abuelas, los argumentos en defensa del BNDG están mucho más cerca del corazón. Éste es un ente indispensable para la lucha que llevan adelante: recuperaron 101 nietos, faltan otros 400. Sin la prueba genética, la validación del parentesco se haría casi imposible.
Por eso, desde allí se coordinan campañas de concientización para que aquellos treintañeros que tienen dudas sobre su identidad se realicen chequeos.
Así ocurrió con Francisco Madariaga-Quintela, "nieto 101", el último en recobrar su verdadero nombre en febrero pasado. Encontró vivo a su padre y supo que su madre biológica había sido una militante que lo había dado a luz en un centro clandestino de detención.
"Saberlo fue el momento más lindo de mi vida. Lo mío fue súper rápido, confidencial y me llevó a la verdad. No puedo entender cómo critican al Banco, me indigna que hable gente que no entiende por lo que pasamos", se enoja Madariaga.
"A ese Banco lo creamos Abuelas y las abuelas no queremos cualquier nieto, queremos nuestro nieto, 'el' nieto. De manera que si fuera imperfecto, estaríamos muy preocupadas", afirma ante BBC Mundo Estela de Carlotto, presidenta de la organización.
La compulsa de fondo es una tensión difícil de resolver entre dos clases de derechos: los de tipo individual de los Noble, de respeto a su privacidad, versus los de la sociedad a esclarecer si efectivamente se cometieron delitos de lesa humanidad, como se considera a la apropiación de menores.
Detrás, está el poder. El del gobierno, que ha hecho de la lucha por los derechos humanos una de sus banderas. El de la empresa mediática con mayor llegada de Argentina, convertido en opositor furioso. Libran, se sabe, una batalla de mucho más que dos.
