Veintidós civiles murieron la semana pasada en un hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF) en la ciudad afgana de Kunduz por un bombardeo estadounidense, un episodio que esa organización considera un "crimen de guerra" pero que podría quedarse en papel mojado.
Estados Unidos anunció que llevará a cabo una "investigación completa" sobre el asunto, pero MSF, que perdió a doce miembros de su personal en el ataque, ha pedido una investigación independiente "bajo la clara presunción de que un crimen de guerra se ha cometido".
Lograrlo, no obstante, no será sencillo.
Aunque Estados Unidos no es miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), sí lo es Afganistán, donde ocurrió el bombardeo, por lo que la ley de crímenes de guerra, recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal, sería aplicable en caso de que se reconociese ese crimen.
Sin embargo, según explica a Efe el experto en Derecho Internacional y profesor de la Universidad de Georgetown David Luban, el primer aspecto a considerar es "la intencionalidad" del suceso.
Si atendemos al texto del Estatuto de Roma, resulta un crimen de guerra "dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, el arte, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y los lugares en que se agrupe a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares".
"Así que, si el ataque no fue intencionado, no es un crimen de guerra. Y tengo entendido, según las informaciones al respecto, que esto está todavía un poco confuso", explicó Luban.
El general John Campbell, comandante de las fuerzas estadounidenses en Afganistán, dijo el pasado lunes ante el Congreso de Estados Unidos que las muertes producto del bombardeo fueron "un error" y que "varios civiles inocentes fueron alcanzados accidentalmente" en una operación contra talibanes.
Médicos Sin Fronteras alega que el hospital fue bombardeado durante más de media hora después de que se notificase a funcionarios de la OTAN y de Estados Unidos que la instalación estaba sufriendo un ataque.
Según explicó a la cadena CNN el abogado Steve Kay, quien defendió al presidente de Kenia Uhuru Kenyatta por crímenes de guerra ante la CPI, en ese caso solo se justificaría el bombardeo si el hospital fuera a sufrir un ataque externo inminente o lo estuviera sufriendo en esos momentos.
Kay señala que ha habido casos de instalaciones médicas que han sido utilizadas como tapadera para atacar al enemigo.
Tras el suceso se han publicado informaciones contradictorias sobre los hechos, desde afirmaciones sobre que en el interior del hospital se encontraban presuntos talibanes -algo que MSF niega- hasta que hubo disparos procedentes del centro médico, según otras fuentes militares.
"Salvo en caso de imprudencia, los errores de focalización no son crímenes de guerra", apunta la Convención de Ginebra -tampoco ratificada por Estados Unidos-, que añade que es "crucial para todos aquellos que lancen ataques tomar todas las medidas posibles para minimizar el daño a los civiles".
No obstante, MSF insiste en que no ha podido tratarse de un error en las coordenadas del ataque, ya que su posición era bien conocida por las fuerzas estadounidenses, con quienes incluso una semana antes estuvieron en coordinación.
Comparando el caso de Kunduz con otros recientes episodios en los que se ha visto envuelto Estados Unidos, Luban considera que no es comparable con masacres como la de Kandahar o Haditha, en la que soldados, pero no miembros de la cúpula militar, masacraron a civiles.
Aquellos sucesos, perpetrados por individuos de las fuerzas militares estadounidenses de manera intencionada, eran "evidentemente" crímenes de guerra, pero fueron llevados a cabo de manera individual y no siguiendo instrucciones de los altos mandos.
En cuanto a cómo arrojar pruebas al caso que reclama la organización sanitaria, ambos expertos explican que tienen que ir "más allá de una duda razonable", pero primero ha de haber una investigación interna que determine al individuo responsable.
"En la práctica, el fiscal de la CPI tendría una tarea imposible para conseguir pruebas que demuestren que el ataque fue intencionado, ya que toda evidencia está en manos de los militares de Estados Unidos, que desde luego no van a cooperar con la CPI dando acceso al fiscal", apunta Luban.
"Siendo realistas -concluye Luban-, las únicas acciones judiciales posibles por crímenes de guerra tendrán lugar si EE.UU. decide llevar el caso ante la Justicia, porque sólo EE.UU. tiene las pruebas de ello".
EFE
