El jardinero entró al country a las 7.43 de un domingo y a las 8.03 ya estaba afuera. Era imposible que en 20 minutos hubiera terminado sus tareas. Su actitud despertó sospechas y finalmente descubrieron que había entrado a robar en una casa del predio.
Esta situación ocurrió en los últimos meses en un barrio cerrado de la provincia de Buenos Aires, donde este año aumentaron los casos de inseguridad. Los hay como en cualquier zona del Conurbano, aunque no terminen trágicamente.
“Lo llamo vivir en Disney: la gente tiene la sensación de que andar en el auto por la autopista, en el Conurbano, es un área de combate, y que traspasás el country y es todo color de rosa. Pero esto es un error”, dice el abogado Raúl Castro, asesor legal de la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL).
Según un revelamiento realizado por Clarín en base a fuentes judiciales y publicaciones periodísticas, en lo que va del año ya hubo 39 robos, a razón de uno cada cinco días, en este tipo de urbanizaciones del territorio bonaerense. La gran mayoría se da en la zona norte, sobre todo en Pilar, que concentra casi la mitad de los hechos (16). Detrás se ubican Luján (8), Tigre (5), Escobar (3), Berazategui (2) y Campana (2). Con 1 figuran Ezeiza, General Rodríguez y La Plata. Pero hay muchos más que no llegan a denunciarse ni a los medios.
“Los robos importantes, cuando ingresan ladrones y toman rehenes, son acotados, pero tienen una caja de resonancia diferente. Y hay muchos delitos que no son denunciados por el damnificado, ya sea por una cuestión fiscal o porque son mínimos”, cuenta Castro a Clarín. El especialista nota que este año se incrementaron los asaltos “en los ingresos y accesos a countries, sobre todo en zona oeste”. La Federación de Clubes de Campo también advierte un aumento.
Además, algunos casos terminaron con secuestros, como los ocurridos dentro del Club Cissab, de Ezeiza, y a la salida de La Martona, en Cañuelas.
Este tipo de emprendimientos son codiciados por los delincuentes, porque quienes viven allí tienen un buen poder adquisitivo y, por lo general, no se cuidan como si vivieran fuera de un country. Dejan las puertas abiertas de las casas y sus autos sin llave, por lo que terminan siendo vulnerables. Este año, por caso, aumentó la colocación de cercos electrificados en los barrios para prevenir los robos.
Las expensas en los countries arrancan a partir de los 5.000 pesos. Entre un 60 y un 80% se destina a la seguridad, que tiene dos facetas: el recurso humano (los vigiladores privados) y el tecnológico (las cámaras, los cercos eléctricos, el sistema de video-vigilancia, el monitoreo y los insumos que se utilizan para prevenir el delito).
El costo de la seguridad es más caro cuando hay menos unidades funcionales en el predio. Por ejemplo, los habitantes de un barrio con 80 propiedades pagan unos 10.000 pesos de expensas en promedio.
La mayoría de los robos son atribuidos a empleados “infieles”. Pero algunos también dudan de la vigilancia privada. Un porcentaje altísimo de los casos es por una “entrega”, es decir alguien que da un dato sobre una potencial víctima. Y la mayoría están vinculados a la propia urbanización.
Según admitieron a Clarín fuentes judiciales, entre el 80 y el 90% de los robos quedan impunes. “Algunos vecinos tienen la sensación de que porque pusieron cuatro cámaras ya tienen seguridad, pero es un error, hay infinidad de cuestiones que se deben tomar en cuenta. A veces uno de los enemigos más importantes de la seguridad termina siendo el usuario, por no colaborar, no querer invertir o porque no le gusta el control en el acceso del country”, manifiesta Castro.
Aquiles Gorini, quien lleva 12 años en la presidencia de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), apunta que el país cuenta con más de 1.000 countries y barrios cerrados. Además, precisa que hay unos 150.000 vigiladores, aunque la informalidad ronda el 40 por ciento. De ese número, contrariamente a lo que sucedía hace 20 años, sólo del 25 al 30 por ciento pertenece a personal de fuerzas de seguridad, ya sea activos o retirados.
Un vigilador gana 156 pesos la hora, más IVA, a partir del 1° de julio, según el último acuerdo salarial. Pero termina cumpliendo turnos de hasta 12 horas, lo cual afecta la efectividad en el monitoreo. Asimismo, apenas el 6 por ciento usa armas de fuego para desempeñar sus tareas, ya que hubo un cambio cultural respecto a la creencia de que las armas ahuyentan el delito.
Castro sostiene que los habitantes de los countries deben tener en cuenta “las contingencias del entorno” en el que viven para implementar medidas de prevención. “Lo que en un lugar sirve poner circuito cerrado de televisión, en otro no. No es un tema de comprar una cámara y ya está, hay que analizar todo”, advierte sobre estos refugios donde nadie tiene la seguridad garantizada.
Fuente Clarín
