Dilma: No renunciare y no habrá golpe
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, amenazada por un juicio de destitución, aseguró ayer que nunca renunciará y denunció un intento de “golpe”, ante la multiplicación de iniciativas políticas y judiciales que también bloquean el nombramiento del expresidente Lula como ministro.
“Acá se está produciendo un golpe contra la democracia. Yo nunca renunciaré”, proclamó Rousseff en un acto en el Palacio de Planalto, aplaudida por un centenar de abogados y juristas contrarios al juicio político que el Congreso estudia abrirle por presunta manipulación de la cuentas públicas.
“No cometí ningún delito previsto en la Constitución y las leyes para justificar la interrupción de mi mandato”, aseveró la gobernante, de 68 años, en medio de gritos de: “¡No habrá golpe! ¡No habrá golpe!”. “Condenar a alguien por un crimen que no cometió es la mayor violencia que se pueda cometer contra una persona. Es una violencia brutal. (…). Ya fui víctima de esa injusticia una vez durante la dictadura y lucharé para no volver a serlo en plena democracia”, proclamó Rousseff, quien sufrió persecución y torturas bajo el régimen militar (1964-1985).
La mandataria, del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), advirtió asimismo de los riesgos de una ruptura democrática y de las perdidas de las conquistas sociales alcanzadas durante los dos mandatos de Lula (2003-2010). El senador socialdemócrata Aecio Neves (PSDB), derrotado por Rousseff en las últimas elecciones, pidió recientemente la renuncia de la mandataria como un “gesto magnánimo” de quien “perdió las condiciones mínimas para gobernar”.
Rousseff enfrenta dos procesos paralelos: un juicio de destitución en el Congreso (impeachment) por presunta manipulación de las cuentas públicas, y una investigación en la justicia electoral, por supuesta utilización del dinero del sonado esquema de corrupción en la estatal petrolera Petrobras en la campaña electoral de 2014.
El juez en la mira
Rousseff apuntó igualmente al juez Sergio Moro, a cargo de la operación “Lava Jato” (“lavadero a presión”) sobre el megaescándalo Petrobras, quien recientemente divulgó una conversación telefónica pinchada entre la mandataria y Lula.
Esa conversación llevó a un juez a ordenar el bloqueo de la toma de funciones de Lula como jefe de gabinete de Rousseff, por considerar que existían sospechas de una posible estrategia para salvar al ícono de la izquierda latinoamericana de una posible orden de detención de Moro. “La justicia brasileña se debilita cuando se graban y divulgan diálogos de la presidenta, sin autorización del Tribunal Supremo (Corte, ndlr)”, y se pone en riesgo la seguridad nacional, afirmó Rousseff.
No obstante, una carta de 750 jueces respaldó la posición de Moro, quien es visto por muchos brasileños como un cruzado de la lucha contra la corrupción.
Lula es investigado por posible ocultación de bienes en vinculación con el escándalo Petrobras. Una magistrada del Supremo Tribunal Federal (STF) mantuvo este martes suspendido su nombramiento. La decisión de la juez Rosa Weber mantiene igualmente vigente, hasta que un plenario del STF falle definitivamente sobre el tema, la decisión de devolver a Moro las acusaciones contra Lula.
El viernes pasado, el magistrado Gilmar Mendes del STF suspendió el nombramiento de Lula, por sospechar que se trataba de una maniobra para despojar del caso al juez Moro e impedir un posible arresto del expresidente.
La comisión parlamentaria que estudia el ‘impeachment’ de Rousseff realizó el miércoles la tercera de las 15 reuniones que debe mantener antes de pronunciarse al respecto. El abogado general del gobierno, José Eduardo Cardozo, consideró que las acusaciones sobre manipulación de cuentas públicas son un mero “pretexto para el impeachment”.
