Suiza es sinónimo de secreto bancario. O lo era hasta hace muy poco, cuando en una serie de casos de repercusión mediática global, Estados Unidos llevó a la justicia a varios bancos suizos que tuvieron que pagar fuertes multas por haber ayudado a una masiva evasión impositiva.
La segunda entidad financiera suiza, el Credit Suizze, pagó más de US$2.600 millones y unas 100 entidades de ese país se comprometieron a dar una "cooperación total" al Departamento de Justicia estadounidense con información sobre las cuentas de ciudadanos de ese país.
¿Fin del famoso secreto bancario helvético?
Nada de eso. El país acaba de endurecer su legislación contra los que violen la ley del secreto bancario elevando las penas de tres a cinco años.
Mientras tanto, la justicia suiza tiene varios casos abiertos contra los que han denunciado irregularidades del sistema financiero.
Uno de los más célebres de los últimos años es el de Rudolf Elmer, de la banca Julius Baer, despedido en 2002 por informar sobre casos de evasión impositiva y condenado en 2015 bajo las leyes suizas que castigan a los que violan el secreto bancario.
El caso de Elmer sigue hoy bajo apelación. (Ver recuadro)
Según le dice Elmer a BBC Mundo, el secreto bancario está en la actualidad más blindado que nunca.
"La última ley lo demuestra. Pero también el hecho de que no hay protección en Suiza para los que denuncien estos casos. La impresión de que en Suiza se está desmantelando el secreto fiscal es falsa", subraya Elmer.
La polémica ley
La nueva legislación, vigente desde el 1 de julio, eleva la pena para quien "saque provecho económico con la venta de información".
Daniel Saameli, de la oficina de prensa del Departamento Federal de Finanzas suizo, le explicó por correo electrónico a BBC Mundo cuál es el objetivo de la nueva normativa.
"Esta ley no busca endurecer las penas contra los que denuncien irregularidades sino contra los que venden estos secretos", señala Saameli.
"Conviene aclarar que se está castigando no solo el beneficio financiero, sino cualquier tipo de beneficio. El objetivo es reforzar la defensa de los derechos de los clientes y la confianza en el sector financiero suizo".
La ley no se limita a sancionar a los empleados de entidades financieras sino a cualquier otro potencial beneficiario.
"Se puede decir que en general los periodistas están alcanzados por esta ley. Pero hay que tener en cuenta que existen además leyes específicas en relación a periodistas en el Código Criminal suizo", aclara el funcionario suizo.
El tema ha generado fuerte polémica en la misma Suiza.
La Asociación de Empleadores suizos ha señalado que este tipo de denuncias "destruyen el lazo de confianza entre empleadores y empleados sin el cual no se puede tener una relación laboral provechosa".
Pero Zora Ledergerber, experta en el tema de Integrity Line, organización en Zurich que busca crear un canal de comunicación para este tipo de denuncias, señala que Suiza precisa un cambio cultural.
"Mucha gente teme una cultura de la denuncia infundada y maliciosa. Es cierto que algunos harán su denuncia por estar desilusionados con la empresa o con alguien en particular, pero si la denuncia es verdad no importa. Si además las compañías crean mecanismos apropiados esto va a pasar con mucha menor frecuencia. Solo uno de los cien casos que hay son hechos de mala fe", le indica a BBC Mundo.
Los secretos del secreto bancario
El secreto bancario viene de los años 30 y, al menos en su origen, buscaba proteger la privacidad.
Esta presunta razón de ser se vio desvirtuada cuando arreciaron denuncias sobre el uso del secreto por parte de organizaciones criminales y gobiernos considerados autoritarios.
Desde los 80, la liberalización financiera global añadió una creciente oferta de triangulación mediante la proliferación de paraísos fiscales que sirvió para la evasión de impuestos por parte de individuos y corporaciones.
En 1997, la denuncia de Christopher Meili, portero de noche de la Unión de Bancos Suizos, sobre cuentas bancarias judías de la era nazi y en 2002 la de Rudolf Elmer sobre masiva evasión de impuestos usando paraísos fiscales, empezaron a horadar el secreto bancario.
Pero el golpe más contundente lo asestó el estallido financiero de 2008 y la necesidad de poner un coto a la evasión para reponer las alicaídas arcas fiscales de los países desarrollados.
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El tortuoso caso Elmer
Elmer era el jefe de operaciones de la filial del Banco Julius Bar en las islas Caimán. El banco lo despidió en 2002 acusándolo de una filtración de información secreta de clientes suizos. En 2005, fue arrestado por violación del secreto bancario suizo al revelar datos de estas cuentas a las autoridades impositivas y a los medios suizos.
A este primer caso judicial se le suma un segundo sobre la misma base. En 2011, luego de que se le prohibiera a WikiLeaks la difusión del material sobre cuentas de Julius Bar, Elmer le entregó en una conferencia de prensa a Julian Assange dos discos duros con los datos de unas 2.000 cuentas secretas del banco. La policía volvió a arrestarlo y se inició un segundo caso judicial en su contra.
En enero de 2011, la justicia lo sentenció por el primer caso a un período de dos años de libertad condicional y una multa de 7.200 francos suizos (US$6.600) por coerción, amenaza y violación del secreto bancario.
En enero de este año, lo condenó en el segundo caso y le aplicó una multa en suspenso de 45.000 francos suizos (unos US$48.000). Elmer apeló ambos casos.
"Lo más seguro es que terminemos en la Corte Suprema de Justicia suiza y luego en la Corte Europea de Derechos Humanos", indica Elmer.
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¿La casa en orden?
En 2009, el banco más grande de Suiza, el UBS, llegó a un acuerdo con Estados Unidos en el que reconoció ayudar a estadounidenses a evadir impuestos y pagó US$780 millones de multa.
La "cooperación total" que ofrecieron 100 bancos suizos cuatro años más tarde y la multa de US$2.600 millones al Credit Suisse en mayo de 2014 generaron titulares sobre la supuesta "capitulación del secreto bancario".
Hoy, Suiza es una de las 65 jurisdicciones signatarias del intercambio automático de información de la Organización de la Cooperación para el Desarrollo (OCDE) por el que un país debe informar al resto sobre cuentas de sus ciudadanos en sus bancos.
Suiza se comprometió a hacerlo a partir de septiembre de 2018.
"Pero la evasión impositiva no se resuelve con esto porque el tema es quién es el beneficiario real de una cuenta. En las cuentas hay testaferros, una técnica favorita de los paraísos fiscales. Para desactivar esto se necesita información interna de los bancos, de sus memos y correos electrónicos", señala Elmer.
En otras palabras, se precisa el factor humano, que en inglés tiene el nombre de "whistleblower", sustantivo que sugiere la función de un referí que sopla el silbato cuando alguien comete una falta penada por la ley.
En busca de la transparencia
El gobierno suizo ha sido criticado por no ofrecer ninguna protección legal a los "whistleblowers".
En respuesta a estas críticas, el parlamento suizo debatió en mayo un proyecto de ley que aún no ha sido aprobado.
Según Zora Ledergerber el proyecto no cumple con los requisitos internacionales estipulados por Naciones Unidas, la OCDE o Transparency International.
"El proyecto estipula por ejemplo que los que denuncien de buena fe pueden ser despedidos. Tampoco se los protege de represalias y se establece una prohibición de hecho de informar a periodistas u organizaciones especializadas en el tema, incluso en casos graves", indica.
Alguien como Rudolf Elmer, no estaría protegido por este proyecto.
Elmer no cobró por la información que reveló, pero señala que mientras no haya una protección real de los que se atrevan a hacer denuncias, incluso la cuestión del pago es complicada.
"Hacer una denuncia así significa entrar en una lista negra en la que se pierde toda posibilidad de trabajo en el sector financiero suizo y en muchas otras jurisdicciones. Para una persona significa perder su fuente de ingresos", afirma.
Suiza y muchos más
Desde ya que Suiza no está sola en este mundo de la opacidad financiera.
La estimaciones del total de paraísos fiscales varían entre los más de 40 que se encuentran en las listas del Fondo Monetario Internacioal (FMI) y los más de 80 que calcula Tax Justice Network (TJN).
Son clasificaciones más que polémicas. Estados Unidos y Reino Unido, que se encuentran entre los más prominentes de TJN, directamente no figuran en la lista del FMI.
Las contradicciones internas son también asombrosas.
Estados Unidos, país con leyes de protección de los informantes y delatores, no se encuentra entre los signatarios del internacambio automático de información bancaria.
"El dólar da ciertos privilegios. A fin de cuentas en Estados Unidos se encuentran algunos de los grandes paraísos fiscales globales como Nevada o Delaware", señala Elmer.
Informe BBC
