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CAUSA ABIERTA

Asamblea Uruguay se deslinda de incumplimientos con BPS

Asamblea Uruguay se deslinda de incumplimientos con BPS

Asamblea Uruguay (AU), sector del ministro de Economía Danilo Astori, salió ayer al cruce de las declaraciones del exdiputado Jorge Orrico, que acusó al grupo de no hacer los aportes jubilatorios de su secretaria. AU argumentó que "qué, cómo y a quién se debe pagar" es una decisión exclusiva de cada legislador.

La polémica se produjo luego de que Orrico, expresidente del Sodre y exdiputado de Asamblea Uruguay en cuatro legislaturas, culpara al grupo de Astori de no abonar —durante 20 años— los aportes jubilatorios de su secretaria Graciela Valdivieso. La mujer se presentó al Banco de Previsión Social (BPS) en mayo y se encontró con la noticia de que no le habían realizado los aportes por la función que cumplía desde 1996, según declaró ella y el propio Orrico a El País.

A diferencia de lo que sostuvo el exdiputado, el Consejo Político de Asamblea Uruguay expresó que "los secretarios de los legisladores son dependientes de las personas y no de la organización política".

A lo que se agregó: "El legislador es el que indica a la organización cómo y a quién debe pagar, o sea que dicho pago se realiza por cuenta y orden del propio legislador". ..."Este no es un tema para discutir a través de los medios de comunicación; es un reclamo netamente administrativo que se resolverá en el ámbito que corresponde, o sea el BPS", señaló el comunicado. Sin embargo, el hecho tuvo su primera repercusión política cuando la ministra de Educación, María Julia Muñoz, le pidió a Orrico que renunciara al Sodre por solicitud de Astori, quien había comunicado el retiro de la confianza política al exlegislador.

A su vez, el diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) tachó de "poco creíbles" las acusaciones de Orrico, quien dijo renunciar de forma íntegra a la partida de secretaría en favor de Asamblea Uruguay, que era la encargada de realizar los pagos a su secretaria.

En declaraciones al Informativo Sarandí, Asti señaló que "cada legislador determina qué funcionarios van a ocupar su secretaría y qué salario corresponde dentro de cada partida. Cada legislador decide cuánto ganan sus funcionarios y los aportes que se realizan".

"Es casi teatral decir que no se sabía si se realizaban aportes o no porque hay recibos con el detalle de lo que corresponde a cada funcionario", sentenció Asti en la mañana de ayer.

En Facebook, Asti comentó que "la funcionaria de Orrico que es jubilada (de maestra), tenía asignados por el legislador los beneficios sociales, Hogar constituido y Seguro de Salud".

Por la tarde ningún legislador de Asamblea quería hacer comentario alguno sobre la controversia. El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, también prefirió no realizar declaraciones a la prensa sobre el tema. "Les voy a pedir disculpas", dijo tras participar ayer al mediodía de un encuentro con la directiva de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI).

En tanto, el inspector de Trabajo Gerardo Rey, integrante de Asamblea Uruguay, remarcó que "en principio hay una falta de aportes a una trabajadora, que sea un partido político o no, tiene que responder ante los organismos que correspondan". En la misma línea, aseguró que "todos los partidos políticos si contratan a una persona tienen que aportar a la seguridad social. De dónde salen los dineros, si es por gastos de secretaría (...) eso es otro tema. Lo que sí tiene que quedar claro es que los partidos no están eximidos".

En mayo se presentó la secretaria de Orrico ante el BPS a tramitar su jubilación. En junio se le tomó declaración primero a Asamblea Uruguay y luego a Orrico; ahora se le dio vista a las partes y todavía no hay una resolución firme del organismo. En esta instancia se determinó que se le debe abonar a Valdivieso lo que se le debe por sus aportes jubilatorios, ya que existía una "relación de dependencia", dijeron a El País fuentes políticas.

Los involucrados pueden realizar sus descargos o precisiones y tienen un plazo de diez días para presentar la información que entiendan pertinente. Después de que se evacúa la vista, el BPS resuelve y los notifica de la resolución de la Asesoría Tributaria y Recaudación (ATYR). Quien resulte responsable de la omisión puede apelar la decisión. Luego el directorio del BPS debe tomar una resolución al respecto y en algunos casos puede modificar la decisión de la ATYR, aunque eso es muy poco frecuente. Como último paso, cualquiera de las partes puede recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y una vez concluida esa etapa, queda firme la resolución.

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