Subsecretario de Economía de Uruguay : mayoría de offshore se utilizan para eludir al fisco

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados recibió el miércoles al subsecretario del Ministerio de Economía (MEF), Pablo Ferreri. El motivo de su presencia era hablar de dos proyectos de ley a estudio del Parlamento: uno que, entre otros, flexibiliza el secreto bancario ("Transparencia Fiscal Internacional y de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo"); el otro, relativo a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. Se trata de una iniciativa de la OCDE que Uruguay suscribió el pasado 1° de junio, pero que requiere luz verde del Legislativo.

De acuerdo a Ferreri, los dos proyectos se enmarcan "en una lógica de inserción internacional del país, pequeño como es el Uruguay que, necesariamente, tiene que estar abierto al mundo" para colocar sus exportaciones y captar inversiones. "Esa inserción internacional debe tener uno de sus pilares bien asentado en aspectos de cumplimiento de estándares y de transparencia fiscal", dijo.

En relación a la convención multilateral, el subsecretario planteó que una de sus ventajas es que al adherirse se pasa a formar parte de una red "muy amplia de convenios", que permite fiscalizar las rentas generadas en el exterior. En el caso de Uruguay, dijo, eso es "bien importante" porque el país tiene "un criterio que excede la territorialidad con el impuesto a la renta de las personas físicas". Con esta herramienta, agregó, se contaría con la información de las rentas generadas por los uruguayos en el exterior y de sus activos.

Ferreri –quien dedicó parte de su exposición a explicar el camino que Uruguay transitó para dejar atrás su pasado como plaza financiera– dijo que el país pasó de integrar listas negras a estar "en los ámbitos en los cuales se toman decisiones en materia fiscal como miembros plenos".

Asimismo, habló del proyecto de transparencia fiscal que, entre otros, obligará a las instituciones financieras a informar de manera anual a la Dirección General Impositiva (DGI) los saldos en cuentas de residente y no residentes.

Esta información, aseguró, será "secreta", y regirán "las mismas penalidades de los funcionarios de la DGI para los funcionarios que trabajan en el sistema financiero". El secreto bancario sufrirá una "flexibilización", dijo. "Es un cambio importante, pero no es una eliminación", precisó el jerarca.

Uno de los objetivos es "desincentivar" el uso de sociedades offshore. "Este tipo de sociedades puede tener fines legítimos, pero en la mayoría de los casos son utilizadas para la elusión o, directamente, la evasión tributaria", manifestó.