Detectan pago de pensiones ficticias en la Caja Militar de Uruguay

La Caja Militar se volvió un dolor de cabeza para el gobierno de Tabaré Vázquez. Mientras los ministerios de Defensa y Economía están enfrentados sobre cómo abatir su déficit millonario, en las últimas semanas las autoridades del Servicio de Pensiones y Retiros de las Fuerzas Armadas debieron aumentar los controles después de detectar que durante casi dos décadas se pagaron pensiones ficticias.

A mediados de mayo la jueza penal María Noel Odriozola procesó sin prisión por el delito continuado de fraude a la jefa del Departamento de Liquidaciones de la Caja, porque desde 1997 conformó seis pensiones a tres personas que no debían recibirlas. El auto de procesamiento indica que las pensiones ficticias eran por un monto de $ 60.000 y la funcionaria cobraba $ 5.000.

“La maniobra indicada anteriormente la realizaba ingresando el número de cédula de las beneficiarias con sus datos personales y el monto directamente que le daba el sistema informático, luego de ingresarlas, se conformaba una planilla que firmaban varios jerarcas del servicio hasta lograr la conformación y el cobro de la pensión”, describe.

En las declaraciones a la Policía, la denunciada sostuvo que lo hizo para ayudar a las personas que recibían las pensiones, quienes estaban en una “situación económica complicada”. La jueza resolvió procesarla sin prisión porque carecía de antecedentes.

El tema llegó a la Justicia penal después de que el director del servicio, el coronel Mario Stevenazzi, recibiera una denuncia acerca de la irregularidad. El jerarca hizo una investigación administrativa y presentó sus resultados en el juzgado.

Fuentes de la Caja dijeron a Búsqueda que tras constatar las irregularidades y presentarlas a la Justicia, los responsables del servicio resolvieron extremar y mejorar los controles. Además, se revisaron el resto de los procedimientos vinculados a los trámites y pensiones y “no se constataron” más irregularidades.
División.

La denuncia llegó en momentos en que el gobierno comenzaba a estudiar una reforma de la Caja, cuyos números rojos son una carga para las arcas del Estado. El director del Banco Central, Mario Bergara, publicó un libro a fines del 2015 donde señaló que la Caja Militar es una de las reformas “pendientes” para el Frente Amplio. Una deuda que el gobierno intentará solucionar antes de fin de año.

El déficit de ese servicio se arrastra desde hace 30 años. En el Ministerio de Defensa atribuyen el problema a que disminuyeron las personas en actividad. Entre 1988 y 2014 cayó en 10.000 la cantidad de efectivos (Búsqueda Nº 1.818).

Cuando el ministro de Economía, Danilo Astori, presentó el 23 de mayo el proyecto de Rendición de Cuentas que comenzará a discutirse hoy en la Cámara de Diputados, anunció medidas para mitigar el déficit fiscal, algunas de las cuales estaban incluidas en la Rendición y otras requerían proyectos especiales. Entre los últimos estaba la reforma.

El gobierno quiere reformar la Caja porque el año pasado tuvo un déficit de U$S 400 millones. Es una cifra que “excede totalmente las posibilidades del país y en particular en esta etapa”, alegó Astori. Añadió que espera que el proyecto sea aprobado por el Parlamento este año y que permita bajar de manera “significativa” el déficit de ese instituto previsional, aunque no en lo inmediato.

Pero el tema aún divide al gobierno. Una comisión integrada por los ministerios de Defensa, Economía y Trabajo, y los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, está tratando de alcanzar un acuerdo en cuanto a la reforma. Aunque las propuestas no se han hecho públicas, fuentes que integran la comisión dijeron a Búsqueda que existen tensiones entre Economía y Defensa, ya que ambos tienen visiones diferentes de cómo reformar el servicio.

Economía promueve un proyecto que eleva la edad de retiro en todos los grados y reduce las remuneraciones. Además, el Ejecutivo anunció la intención de cobrar un tributo similar al Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) a las pensiones y jubilaciones militares, lo que implicaría una recaudación de U$S 40 millones. Según oficiales consultados, este impuesto significaría quitas de hasta un 50% de los haberes que hoy cobran los retirados.

El anuncio causó alerta y preocupación en filas castrenses. Imposibilitados por norma de hacer públicas sus críticas y preocupaciones, los militares en actividad recurrieron a los centros de retirados para iniciar focos de presión en torno al tema.

La idea del gobierno es “tamaña injusticia” porque las jubilaciones ya cuentan con el IASS y esto sería “una doble imposición” que se aplicaría “solo para los militares”, dijo a Búsqueda el general del aire (retirado) José Bonilla, ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea y ex coordinador de los servicios de Inteligencia del Estado. “Es totalmente discriminatorio. Es algo no menor, me gustaría saber qué pasaría si a un empleado le hacen una quita así de su sueldo” (Búsqueda Nº 1876).