PIT-CNT denuncia el "escandaloso" volumen de comida que tiran los comercios

El PIT-CNT se pronunció en el Parlamento a favor de un proyecto de ley que prohibe a los comercios tirar alimentos que estén aptos para consumo, pero expresó su preocupación sobre cómo se harán los controles para asegurar el cumplimiento de la disposición, que es impulsada por el diputado colorado Adrián Peña y que tiene el respaldado de legisladores de todos los partidos.

El proyecto de Peña apunta a que los locales con más de 200 metros cuadrados de espacio para atender al público (supermercados, restoranes, locales de venta de comida rápida) no desechen la comida que no podrán vender más allá de que esté en condiciones de ser consumida para que sea donada a las personas que tienen dificultades para acceder a los alimentos.

La iniciativa está estudio de la Comisión de Población de la Cámara de Diputados, que la semana pasada recibió al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, y al secretario ejecutivo, Gabriel Melgarejo, quienes transmitieron a los legisladores algunas posibles correcciones la redacción del proyecto a sugerencia de la sala de abogados de la central sindical y también plantearon que el control del cumplimiento de la norma no sea del Ministerio de Desarrollo Social como lo prevé el texto original sino de las intendencias.

"Tuvimos conversaciones con los compañeros de los sindicatos de las grandes superficies y se constata realmente el tema de los excedentes de alimentos. Desde el punto de vista moral, lo que se tira por día es escandaloso", dijo Melgarejo ante los legisladores, según consta en la versión taquigráfica de la reunión de la Comisión de Población de la Cámara de Diputados del pasado 30 de junio.

Aunque el PIT-CNT no tiene previsto realizar una propuesta específica, los dirigentes comentaron un mecanismo concreto que no está previsto en el proyecto de ley a estudio: "Por ejemplo, en las rotiserías de las grandes superficies, podemos ver esas bandejas en las que está el producto elaborado, con una etiqueta en la que aparece la fecha de vencimiento. De esas bandejas, se tiran muchas por día, porque llega la fecha de vencimiento", dijo Melgarejo.

"En países de Europa o en otros países, la propia cadena de supermercados tiene expendedores a los que la gente va y retira ese alimento que tiene un día de caducidad. Se puede exigir a través de convenios que esas grandes empresas tengan ese tipo de infraestructura para que la comida no termine en el contenedor", agregó.

El proyecto de ley a estudio propone entregar la comida a organizaciones no gubernamentales (ONG), bancos de alimentos y entidades de beneficencia para que la distribuyan, sin costo, entre personas pobres o indigentes.

La iniciativa redactada por Peña establece que los supermercados y establecimientos comerciales "no podrán destruir o tirar comida o productos de alimentación que se han quedado sin vender y que todavía se encuentran en condiciones de ser consumidos". Los productos caducados tampoco podrán desecharse y deberán destinarse para alimentar animales o la producción de compost para la agricultura.

El proyecto también prevé que el gobierno haga campañas de difusión para concientizar sobre el desperdicio de los alimentos.

Según datos oficiales, en Uruguay son 10 mil las personas que no pueden satisfacer mínimamente sus necesidades alimentarias. Además, en el país hay 335 mil pobres (9,7% de la población total) que no cuentan con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, de acuerdo a datos del año pasado del Instituto Nacional del Estadística. Unas 200 mil personas reciben asistencia del Instituto Nacional de Alimentación (INDA).